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El gobierno regional acelera el ritmo de gestión y de gasto
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El gobierno regional acelera el ritmo de gestión y de gasto

lunes 25 de febrero de 2019, 21:25h
Enero es un mes que de arranque del ejercicio de las administraciones públicas lo que conlleva menores obligaciones de gasto mientras se ponen en marcha los expedientes administrativos anuales de ayudas o inversiones. Este año, de elecciones autonómicas y con el presupuesto prorrogado de 2018, los datos de ejecución presupuestaria del gobierno regional señalan una mayor agilidad en la autorización y compromiso de gastos, lo que revela un acelerón en la gestión. También se ha producido un incremento de las obligaciones de pago, en la administración autonómica, en concreto, según los datos oficiales, en el primer mes del año el gasto no financiero del Ejecutivo regional creció un 12,44% en relación al mismo mes del año pasado. Se pusieron en marcha más órdenes de subvenciones que en los años previos y se reconocieron más obligaciones en la compra de bienes y servicios. En paralelo, los ingresos crecieron a un ritmo del 5,07%.
En total, el gobierno ingresó en el primer mes del año 431,4 millones de euros y reconoció obligaciones de pago en operaciones no financieras por importe de 386,2 millones, lo que deja un superávit presupuestario de 45,2 millones de euros, un tercio más bajo que en 2018, cuando el saldo fue de 67,2 millones.

Durante el primer mes del año, los gastos de personal crecieron un 9,24% respecto a 2018, y los costes salariales de ese mes supusieron un desembolso a las arcas autonómicas de 240 millones de euros. Las subvenciones para gasto corriente también se incrementaron por encima del nueve por ciento, un 9,91% y supusieron unas obligaciones de pago por importe de 89 millones de euros.

La mayor parte de las subvenciones fueron destinadas al pago de conciertos educativos, a la financiación de la Universidad y para el funcionamiento de algunos entes instrumentales de la Junta, como la Fundación Impulsa, el Grupo de Radio y Televisión o la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, las ayudas económicas a la dependencia o a la renta social básica y al sector vitivinícola.

Con todo el capítulo de gastos que más crece porcentualmente es el de compra de bienes y servicios, lo hace un 653,6%. Aunque en términos relativos el gobierno gastó 11,2 millones de euros, el 1% de todo el año.

En el estado de ingresos, entre los capítulos más importantes los que han experimentado mayor crecimiento han sido los de los impuestos directos (12,69%) y los de transferencias corrientes (8,74%), fundamentalmente por las aportaciones del Estado. En el apartado de los impuestos directos, la Junta recibió 101 millones de euros por el tramo autonómico del IRPF, 10 millones más que un año antes y recaudó 4,4 millones por el impuesto de sucesiones que gestiona directamente, el doble que en 2018. El gobierno recibió como transferencias del Estado 105,8 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos y del Fondo de Suficiencia Global, dos de los mecanismos del sistema de financiación autonómica.

Contabilizados también las operaciones financieras, derivadas fundamentalmente por los vencimientos de deuda, se ha registrado un fuerte desfase entre los derechos (ingresos) y las obligaciones (gastos), al igual que sucedió en 2018, tal y como anticipó clm21.es. En concreto en enero tenía contabilizadas obligaciones por 511 millones de euros, de las que tan sólo pagó 110 millones. Un año antes, con la mitad de obligaciones no pudo atender pagos por 166 millones. En concreto los 110 millones que abonó fueron por el vencimiento de valores representativos de deuda emitidos por el propio ejecutivo. Sin embargo quedaron sin pagar 401 millones de vencimientos de créditos.

En total, entre operaciones no financieras (las derivadas de los servicios públicos y los intereses de los créditos) y las financieras (amortizaciones de endeudamiento), la Hacienda autonómica reconoció derechos de ingresos por valor de 431,4 millones de euros, de los que ingresó en caja 421,5 millones. Con esos fondos tuvo que atender a obligaciones por valor de 897,4 millones, de las que sólo libró mandamientos de pago por valor de 459,9 millones.

Precisamente por la deuda viva en enero generó unos intereses de 37 millones de euros, 24 millones los créditos y 13 los valores emitidos por el Ejecutivo.
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