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Se disparan las ejecuciones hipotecarias que llegan a rozar las 3.000, el peor dato desde 2015
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Se disparan las ejecuciones hipotecarias que llegan a rozar las 3.000, el peor dato desde 2015

jueves 07 de marzo de 2019, 10:32h
Castilla-La Mancha cerró el año con un total de 2.919 ejecuciones hipotecarias efectuadas en la región. El aumento del ritmo de ejecuciones hipotecarias es un hecho, en todo 2017 se produjeron un total de 2.287 y el de 2018 (un incremento del 27,63% anual) es el dato más elevado de ejecuciones desde 2015. El dato recogido por el Instituto Nacional de Estadística refleja el deterioro de las economías familiares de la región sumado a varios meses de tendencia inflacionista y un Plan de Garantías que no acaba de cuajar, disparando el número de ejecuciones hipotecarias.
Los últimos datos de la región ya apuntaban a un cierre complicado, tras un tercer trimestre especialmente sangrante y una tendencia de desaceleración económica que se ha mantenido en los últimos meses del año. De hecho, en el último trimestre de 2018 el dato de ejecuciones hipotecarias en la región es el más alto desde de los últimos tres años. Entre los meses de octubre y diciembre del año pasado se registraron un total de 849 ejecuciones hipotecarias, cosechando uno de los peores datos de la legislatura, para encontrar un dato peor hay que remontarse al cuarto trimestre 2015.

Del total de ejecuciones hipotecarias realizadas en el cuarto trimestre en Castilla-La Mancha, 517 se corresponden con procedimientos iniciados sobre viviendas. Es también el dato más alto de ejecuciones sobre viviendas desde finales de 2015.

En total, a lo largo del último año, se han ejecutado hipotecariamente 1.531 viviendas, un 51,3% más que en 2017.

Además, atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, La Rioja (0,16%), Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (ambas 0,13%) registran los valores más altos de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas del total de fincas en el tercer trimestre de 2018 sobre el total de hipotecas constituidas de 2003 a 2017.

La ineficacia de la Garantía Habitacional

El aumento de las ejecuciones hipotecarias en la región evidencia el fracaso del llamado Plan de Garantías de Podemos, un ambicioso plan estructurado en tres pilares: garantizar la vivienda, los suministros básicos del hogar y una renta mínima a los más desfavorecidos.

En materia de vivienda, el Plan de Garantías contempla el Programa de Garantía Habitacional, dotado con 19,45 millones de euros. A 3 de diciembre (fecha de los últimos datos oficiales hechos públicos) la Consejería de Fomento, de quien dependía directamente la gestión de las actuaciones, había pagado 1,18 millones de euros, que equivalen al 6,20% del total. Además tenía reconocidas obligaciones por otro 27,3%. En total estaban sin gestionar dos terceras partes del programa. De las cinco partidas económicas que daban respaldo al Plan, y a falta de cuatro semanas para terminar el año, tres no se habían empezado a gestionar

La Garantía Habitacional se divide en 3 actuaciones: La primera, ayudas al arrendamiento; la segunda, asesoramiento, asistencia e intermediación hipotecaria de las oficinas del Servicio de Orientación y Atención en materia de vivienda; y la tercera es un cajón desastre del resto de medidas de garantía de vivienda.

La partida más importante es la destinada a las ayudas al alquiler y acapara más de la mitad de todo el Programa de Garantía Habitacional, en total 9,82 millones de euros en subvenciones, de los que a falta de cuatro semanas para terminar 2018, el gobierno regional había concedido 661.000 euros.

La segunda línea, la de asesoramiento, asistencia e intermediación hipotecaria de las oficinas del Servicio de Orientación y Atención en materia de vivienda, contemplaba un gasto de 179.360 euros, que permanecían sin gestionar.

El cajón desastre de garantía de vivienda tenía tres partidas diferenciadas. La más cuantiosa era la destinada a financiar las actuaciones de vivienda pública a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras. La compañía debía recibir para ese trabajo 6,25 millones de euros. A primeros de diciembre la Consejería había librado sólo medio millón de euros y había reconocido obligaciones con la compañía por otros 5,2 millones.

Las otras dos partidas se destinaban una a la rehabilitación del parque público de las viviendas de la Junta (dotada con 2 millones de euros, el 3 de diciembre no se había empezado a gestionar) y la otra contemplaba la transferencia a algunos municipios de ayudas por valor de 800.000 euros para la construcción de viviendas de promoción pública (también permanecía sin gestionar).

Desalojos voluntarios y desalojos forzosos

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

El objetivo principal de la estadística sobre ejecuciones hipotecarias que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios.

Pese a que comúnmente se confunden los términos desahucio y lanzamiento, el primero se refiere a la acción de resolución por la cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes de un inmueble lo desalojan voluntariamente o mediante orden judicial; mientras que el lanzamiento supone el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble y la entrega de su posesión. Los lanzamientos pueden ser consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos o pueden deberse a otras causas, como la ocupación ilegal de un inmueble.
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