garantía habitacional

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, presentó ante los medios el Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”. Casi siete meses después de la entrada de Podemos en el gobierno regional (julio de 2017) y de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que cuenta con una consejera encargada únicamente de su gestión, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que en el último año se produjeron en Castilla-La Mancha 2.420 lanzamientos, desalojos forzosos de los ocupantes de un inmueble. De ellos, 1.005 desalojos (el 41,53%) se produjeron en el segundo semestre, entre julio y diciembre de 2017.

El gobierno regional mantiene sin gestionar (en ejecución cero) seis de las trece actuaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas (PIGC), contempladas como acciones de emergencia. El Plan, creado a iniciativa de Podemos e incorporado a los presupuestos de 2016 y 2017 es supervisado por Inmaculada Herranz, consejera “Encargada de la coordinación del Plan”, que junto a José García Molina son los dos miembros de la formación morada en el ejecutivo de coalición de las formaciones de izquierda que preside Emiliano García-Page.