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Las diez principales consecuencias económicas de la victoria de Pedro Sánchez y su repercusión en los ciudadanos
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(Foto: PSOE // Eva Ercolanese)

Las diez principales consecuencias económicas de la victoria de Pedro Sánchez y su repercusión en los ciudadanos

lunes 29 de abril de 2019, 10:23h
Desaceleración económica, pensiones, empleo, el elevado nivel de deuda, la dependencia del gobierno de la financiación exterior, déficit de la Seguridad Social, modelo de financiación autonómica para sufragar los servicios públicos, reformas del mercado de la energía, el anunciado incremento fiscal… Son tareas que esperan al nuevo gobierno, cuyas decisiones impactarán en los bolsillos de los ciudadanos.
Primera consecuencia: Una de las principales consecuencias del resultado electoral es que permite la estabilidad. Esa estabilidad estará más afianzada mediante un gobierno de coalición que mediante acuerdos de investidura o puntuales en el Congreso. La estabilidad es siempre necesaria para el desarrollo económico, pero especialmente en tiempos de desaceleración, como en los que nos encontramos, en los que la economía y la creación de empleo ya dan síntomas claros de ralentización.

Segunda: La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado que ahora recae en el PSOE, permite al nuevo gobierno levantar el veto de la Cámara Alta a la senda de déficit. Este veto había impedido al gobierno de Sánchez incrementar el presupuesto nacional, el déficit y la deuda en 6.000 millones de euros. En clave autonómica, el veto impedía a Castilla-la Mancha gastar otros 88 millones de euros que debían ser financiados con deuda pública, al pasar de un límite de déficit del 0,1% del PIB al 0,3%. El incremento del gasto estaría destinado a mejora de los servicios sociales.

Tercera: Despejado el veto y con mayoría estable, el PSOE puede presentar los presupuestos ordinarios para este año 2019, que serían aprobados antes de que finalizase agosto. Ese desbloqueo permitirá aumentar las entregas a cuentas a las Comunidades Autónomas y evitar así, un caos en las finanzas de las regiones y que no se resintiesen los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia. También permitirá la financiación de algunas de las medidas puestas en marcha en los “viernes sociales”.

Cuarta: Aumenta la presión fiscal. Los ciudadanos verán cómo se encarece el gas-oil por el incremento de la presión fiscal. Entra en vigor el impuesto a las transacciones financieras y la tasa a las tecnológicas. Las empresas pagarán más por el impuesto de sociedades, se establecerá una armonización fiscal de los impuestos transferidos a las regiones. No se suprimirán ni los impuestos de sucesiones y donaciones ni el de patrimonio. La reforma fiscal para reforzar el sistema de progresividad se dejará sentir en los bolsillos de los contribuyentes con rentas más altas.

Quinta: El gobierno mantiene la búsqueda de fórmulas para recaudar más mediante las cotizaciones a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago actual y evitar el déficit de este organismo, que pretende eliminar en un plazo de cinco años. Para 2020 entrará en vigor las cotizaciones de los autónomos en función de sus ingresos, lo que gravará a uno de los principales sectores de la economía productiva de este país. También volverá a aumentar el salario mínimo, lo que supone más recaudación a la Seguridad Social. La tercera de las vías para incrementar la recaudación que está sobre la mesa es quitar el tope máximo a las cotizaciones, de tal forma que los que más cotizan lo hagan mucho más, lo que impactará tanto en las cuentas de las empresas, que verán incrementar sus gastos de administración, como en las de los ciudadanos, que verán recortados sus salarios netos. El gobierno llevará a cabo la vinculación del incremento de las pensiones a la inflación y reformará la actual regulación del factor de sostenibilidad.

Sexta: En la negociación con los partidos de Cataluña, el gobierno puso sobre la mesa más dinero y una voluntad de mejorar la financiación de esa Comunidad. Eso quedó de manifiesto en los acuerdos económicos firmados y en los últimos presupuestos fallidos, que introducía más fondos para la policía autonómica y un incremento de las inversiones del Estado en Cataluña. Eso supone una disminución de fondos en servicios públicos del Estado en otras regiones.

Séptima: Se congela el acuerdo firmado en su día por el PP de equiparación salarial de policía y guardia civil a los Mossos de escuadra, lo que afecta a los ciudadanos de estos cuerpos y a sus familias.

Octava: Con un gobierno estable y con nuevos gobiernos autonómicos salidos de las urnas, se tendrá que abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. El actual iniciado en 2009 tenía cumplía en 2013 y se ha ido renovando año tras año. Sobre el tapete tres peticiones. Una, que se hagan quitas de la deuda autonómica. Que aumente el dinero para las Comunidades en detrimento del que se lleva actualmente la administración del Estado en no menos de 16.000 millones anuales y que se produzca una redistribución del dinero entre todas las regiones teniendo en cuenta el coste de la prestación de los servicios públicos de sanidad, educación y sociales en cada región.

Novena: En materia laboral, se establecerán tres únicos modelos de contratación (indefinido, temporal y formativo) y se desarrollará un Plan Nacional de Empleo.

Décima: Planes sectoriales. Uno de infraestructuras, en los que se incluya la finalización de los proyectos de Alta Velocidad ya iniciados. Un Pacto por la Industria. Un Plan especial para el sector de automoción y otro por el turismo sostenible.

Otras consecuencias dependen de los acuerdos de investidura y de legislatura de Pedro Sánchez. Podemos plantea aumentar la presión fiscal hasta recaudar 50.000 millones de euros anuales a final de legislatura, lo que equivale al presupuestos de gasto no financiero de Castilla-La Mancha de seis años.
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