Una vez finalizado el recuento definitivo de los votos, incluidos los del censo de españoles residentes en el extranjero, el gobierno procederá a la elaboración de una norma que permita tramitar las subvenciones contempladas en la ley para cubrir los gastos electorales a las formaciones que han obtenido representación parlamentaria. La ley determina que cada partido con escaño recibirá 12.810,57 euros por parlamentario, además de 60 céntimos por voto obtenido en las circunscripciones donde haya obtenido representación y otro 17 céntimos por el envío directo de sobres y papeletas electorales, propaganda o publicidad.
En concreto, en concepto de escaños al PSOE le corresponden 243.000 euros, al PP 128.000 y a Ciudadanos 51.242. Lo que falta por determinar es la cantidad asignable por votos al no estar proclamados los resultados oficialmente. De momento y con los resultados adelantados oficialmente por el gobierno regional, en concepto de votos obtenidos al PSOE le corresponderían una cantidad próxima a los 300.000 euros; al PP 185.000 y Ciudadanos 68.000 euros. En el caso de la formación naranja no le computarían los algo más de 9.100 votos obtenidos en Cuenca al no haber obtenido escaño en esa circunscripción. En el caso de la propaganda las cuantías a sumar son de 81.000 euros para el PSOE, 52.500 para el PP y 20.000 para Ciudadanos.
La normativa electoral regional limita los gastos que las formaciones políticas pueden hacer en la campaña a un total de 952.500 euros, a razón de 182.000 en la circunscripción de Albacete, 234.500 en la de Ciudad Real, 92.700 en la de Cuenca, 119.500 en la de Guadalajara y 323.000 en la de Toledo. Las cifras fueron aprobadas mediante decreto de gobierno el pasado 2 de abril. Esos gastos serán fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, institución al que los partidos políticos que hayan obtenido representación o recibieran un anticipo al ser fuerza parlamentaria, deberán presentar sus contabilidades.
Atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en la normativa electoral de nuestra Comunidad Autónoma el Tribunal de Cuentas incluyó en su Programa de Fiscalizaciones para el año 2019, aprobado por su Pleno el 20 de diciembre de 2018, la de las elecciones de Castilla-La Mancha. El Tribunal de Cuentas elaborará un informe de fiscalización diferenciado que recogerá los resultados de la auditoría que, posteriormente se remitirá entre otros destinatarios, a las Cortes Generales y a las Cortes de Castilla-La Mancha.
En el caso de que el Tribunal de Cuentas aprecie en las contabilidades irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley sobre financiación de los partidos políticos, así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
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