DEPENDENCIA

Según señalan los datos recogidos por el observatorio de la dependencia del IMSERSO, en Castilla-La Mancha se han dictado en total 78.754 resoluciones desde que existen registros, pero a día de hoy aún quedan 6.446 solicitudes de dependencia en lista de espera para ser evaluados (165 más que en febrero), a las que hay que sumar 9.556 personas en el conocido como “limbo de la dependencia”, dependientes con derecho a prestación reconocido pero que todavía no la reciben.

Ha sido la semana de las personas con discapacidad psíquica. Y ha sido la semana del presidente García-Page y el “falso rumor”, que es como él ha calificado una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a propósito de la persecución que hizo el gobierno a los veterinarios que denunciaron maltrato animal en la empresa Incarlopsa.

Un día después de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunciara el proyecto de ley de “Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha”, los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan que, de las 84.966 solicitudes de dependencia que ha recibido la Consejería de Bienestar Social hasta el 28 de febrero, en el último mes se resolvieron un total de 244 solicitudes, de las cuales más del 45% (110 solicitudes) fueron rechazadas.

La Junta Directiva de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha vuelve a alzar la voz para denunciar la retirada de prestaciones económicas desde la Consejería de Bienestar Social, lo que según señalan, “está ocurriendo con los dependientes que terminan la edad escolar en un Centro de Educación Especial de Enseñanza Reglada”.

Durante el último año han salido del sistema de protección de la dependencia de Castilla-La Mancha 1.342 personas. Los datos oficiales revelan que, en la actualidad, la Junta de Comunidades tiene reconocidos a 63.243 dependientes con derecho a ser atendidos por el sistema público, frente a los 64.585 que había hace un año. Además de esos 63.243 castellano-manchegos con derechos a los servicios públicos de atención, 12.310 no reciben ningún tipo de prestación y están en lista de espera.

El gobierno regional ha abierto un nuevo frente en su política de revisión de ayudas a los dependientes, según consta en la denuncia pública presentada por la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha. Si a principios de año el gobierno reclamaba a un sector de los dependientes que reintegraran ayudas, ahora ha recortado las ayudas a algunos dependientes severos, según se desprende de la denuncia pública realizada por la Plataforma.

De mantenerse el actual ritmo de tramitación de solicitudes de la dependencia, la administración regional tardaría 12 años en dictaminar los expedientes de prestaciones por dependencias que tiene acumulados. Durante el mes de septiembre, la Consejería de Bienestar Social resolvió 198 expediente, pero a esas salidas se contraponen, 160 entradas nuevas, con lo que el saldo de expedientes netos resueltos se sitúa en 38. A finales del tercer trimestre, el gobierno regional tenía una montaña de 5.651 expedientes pendientes.

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

El Observatorio de la dependencia de la Fundación Española de Economía Aplicada del mes de octubre sostiene que el actual sistema “se podría calificar como dependencia low cost. Si no queremos un sistema de dependencia de bajo coste y baja calidad debemos incidir sobre el rediseño del sistema sobre bases más sólidas, con reglas más claras y transparentes, con una financiación y fuentes de financiación predefinidas, donde ciudadanos y profesionales sean plenamente conscientes de sus deberes y derechos”, concluye el informe elaborado por Sergi Jiménez-Martín de la Universidad Pompeu Fabra y Analía Viola de FEDEA.

Anda el gobierno regional con dos obsesiones: la mala malísima y el bueno buenísimo. Y, oye, esto se ha convertido en algo patológico. Hasta el punto de que los medios tengamos que poner la información que nos venden vía comunicados y notas oficiales en cuarentena y poda. La poda para desbrozar adjetivos y dejar la información en los hechos. La cuarentena para comprobar si los datos que ofrece son veraces.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia que las cifras presentadas por el Gobierno regional no coinciden con las publicadas por las estadísticas oficiales del IMSERSO. Las declaraciones de la Junta Directiva de la Plataforma se producen después de que clm21.es haya revelado la existencia de 1.237 dependientes más en lista de espera de Castilla-La Mancha, que no figuraban en las estadísticas oficiales que el gobierno regional entregó a los medios de comunicación la semana pasada para dar cuenta del sistema de dependencia en regional a agosto de 2017.

Las estadísticas oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) publicadas en el portal de la dependencia del IMSERSO han destapado 1.237 dependientes más en lista de espera de Castilla-La Mancha, que no figuraban en las estadísticas oficiales que el gobierno regional entregó a los medios de comunicación la semana pasada para dar cuenta del sistema de dependencia en regional a agosto de 2017.