economía

En 2017 el gobierno de Castilla-La Mancha dejó sin gastar 682 millones de euros sobre el total del presupuesto definitivo. El dato forma parte del informe elaborado por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las Comunidades Autónomas en términos homogéneos, para lo cual se desestima algunas partidas como las del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA).

Durante la actual legislatura se ha producido un fuerte incremento de los seguros privados de salud en nuestra Comunidad, a los que los ciudadanos han recurrido ante el deterioro del servicio público. Todo ello coincide con un proceso de aumento por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de los fondos destinados a derivaciones sanitarias en un intento de frenar el deterioro de las listas de espera.

Tiene el gobierno de García-Page la teoría y la práctica de marginar al crítico y al discrepante, ya sea una organización civil, un político rival (incluidos los del propio partido), un activista o un medio de comunicación… Y esa estrategia que antaño podía tener más o menos efectividad ha terminado por abrir brecha contra el propio gobierno y su presidente. Por el contrario, es generoso con el adulador.

Castilla-La Mancha incumplió el objetivo del déficit por el incremento de fondos que destinó a financiar servicios sanitarios con empresas privadas. Según la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento del gasto (por encima de lo que la Comunidad podía asumir financieramente) es “consecuencia en gran medida del mayor gasto del 22,4% en conciertos de asistencia sanitaria”. Aunque el ejecutivo del presidente García-Page oculta los datos sobre la ejecución presupuestaria de finales de diciembre, que podrían arrojar luz sobre este y otros puntos de su gestión, el aumento podría haber alcanzado los 28,5 millones de euros sobre la cuantía aprobada por las Cortes.

Lunes 26. Unos días antes había anticipado a los sindicatos que la Junta esperaba cumplir el déficit al menos en los cálculos provisionales que se hacen en marzo, que estaría en el límite, pero cumpliría. Aunque, de igual modo, estaba seguro de que en la revisión de finales de septiembre, en la que se establecen los datos definitivos, la Junta sobrepasaría esa barrera del 0,6% del PIB (240 millones de euros) y que finalmente, y por tercer año consecutivo, el presidente García-Page incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca, se aprobó una resolución por unanimidad en la que se valoraba la sentencia que había emitido el Alto Tribunal regional (TSJ-CLM) en relación al caso de dos veterinarios, funcionarios de la Junta, a los que se les abrió expediente disciplinario y se les aplicaron sanciones cautelares para “complacer” a una empresa cárnica, tal y como textualmente afirma la sentencia, que anula el expediente y la resolución de la Consejería de Sanidad emitida en su momento.

La facturación del principal sector de la economía regional, el de servicios cayó en el primer mes del año un 12,1%, una gran diferencia con respecto a la tendencia mensual nacional, que se mantuvo estable y sin variaciones. Ese dato deja la variación anual regional en un 8,2% y la nacional en el 7,4%. El dato forma parte del Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que se puede interpretar un ejercicio de sinceridad política sin precedentes o un error descomunal, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda del gobierno del presidente García-Page, ha mantenido hoy que “durante el periodo 2009-2015 la Comunidad Autónoma estuvo infradotada en más de 8.000 millones de euros” lo que incidió en la prestación de los servicios públicos. Su afirmación se sustenta en el estudio elaborado por su departamento denominado “Cuantificación de la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para conseguir alcanzar la media de gasto del conjunto de Comunidades Autónomas”.

El gigante juguetero norteamericano ultima el cierre de las 375 tiendas que todavía mantiene en Estados Unidos, tras anunciar en septiembre del año pasado la delicada situación financiera de la compañía, con una deuda de 4.187 millones de euros (5.000 millones de dólares) y solicitar el pasado 15 de marzo la suspensión de pagos, tal y como requiere la ley de quiebras del país. La desaparición de la matriz norteamericana afectará directamente al resto de establecimientos que el grupo posee en el extranjero, entre los que se cuenta la filial Toys ‘R’ Us Iberia, encargada del negocio en España y Portugal.

Dicen que en los negocios hay mucho de gestión y un poco de suerte. Y en el caso de Incarlopsa uno de esos momentos de suerte le vino dado por el hecho de que el gobierno del presidente García-Page modificara en 2015 los criterios establecidos en la orden de 2009 para acceder a las ayudas de la línea (FOCAL), levantando las restricciones a grandes empresas. El 31 de diciembre de 2016, el gobierno del presidente García-Page concedió a Industrias Cárnicas Loriente Piqueras una subvención de 3.478.658,68 euros y a Secaderos de Almaguer Sociedad Anónima una de 1.274.013,75. Eso las convertía en la segunda y la cuarta compañía más bonificadas de la convocatoria.