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El presidente de la Junta, EMiliano García-Page, junto a su vicepresidente y el consejero de Hacienda, durante el pleno de las Cortes de esta semana.
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El presidente de la Junta, EMiliano García-Page, junto a su vicepresidente y el consejero de Hacienda, durante el pleno de las Cortes de esta semana. (Foto: Cortes CLM)

Los reveses judiciales y la contestación de los empleados públicos ponen en jaque al gobierno regional

  • De hipotecas, prevaricaciones, discriminación laboral en los planes de empleo, la carrera profesional sanitaria y la recuperación de los derechos de los funcionarios

jueves 25 de octubre de 2018, 22:39h
Quien más quien menos tiene una hipoteca. Por ello la decisión del Tribunal Supremo de someter a revisión la sentencia en la que se fallaba que son los bancos los que tienen que correr con el pago de los impuestos de actos jurídicos documentados al inscribir la hipoteca en el registro afecta a millones de españoles. Y hay que decir que en esta cuestión el partido que ha sabido leer la importancia social y electoral del problema ha sido Podemos. Los demás han tardado en reaccionar, y cuando lo han hecho se han circunscrito a algo tan etéreo para el pueblo llano como el concepto de seguridad jurídica. Y lo han hecho cuando a cada familia le va miles de euros en esa decisión, a los bancos grandes la consecución de más o menos beneficios y dividendos para sus accionistas, a los pequeños la necesidad incluso de tener que acudir a ampliaciones de capital y a los gobiernos les va recaudar menos impuestos, alterando sus presupuestos de gastos.
Da la impresión de que en este tema el gobierno y el Tribunal Supremo priman en sus decisiones a los mercados sobre los ciudadanos. El primero con eso de la subida de impuestos, el segundo con lo de las hipotecas. Y todo ello con el mensaje de que lo hacen por nuestro bien, por el de los más débiles. El terreno estaba abonado y Podemos, una formación que se mueve en el populismo, ha sabido sacarle partido.

Hasta ahora la Justicia era el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. A partir de la decisión del Tribunal Supremo de revisar una sentencia sobre gastos de hipotecas, dictada conforme a Derecho, a la definición habría que añadir, “siempre que no perjudique a los mercados”… El Tribunal Supremo le ha quitado la venda a la Justicia, que deja de ser ciega porque los criterios del mercado se imponen a los del Derecho…

Los que no reaccionan son los gobiernos -nacional y autonómico- porque son parte interesada. Da la impresión que les importa más el dinero que los ciudadanos. Y es que, ya lo dijimos la semana pasada, si pagan los bancos, el gobierno nacional verá caer los ingresos por el impuesto de sociedades. Y aún más, se tendrá que despedir del pretendido impuesto a las entidades financieras en el que viene trabajando fuera de foco y en silencio, según anticipó el diario El Mundo el pasado día 21, porque si corren con el gasto hipotecario no va a quedar margen para un nuevo impuesto.

Era surrealista ver a políticos de uno y otro signo hablar de sus cosas y callar sobre algo que afecta a la inmensa mayoría de familias y ciudadanos, a los que se suponen que representan. Los primeros en opinar lo hicieron pasado más de un día y a rebufo de sindicatos, asociaciones profesionales de juristas, economistas y medios de comunicación. Al final, la Justicia sin venda y sin romana equilibrada, vencerá el platillo a través de la limitación o supresión de la retroactividad de la sentencia dictada.

De lo de los indicios de criminalidad en un ex alto cargo del gobierno

Y hablando de Justicia, habrá que ver cuál es el escrito que presenta el gobierno regional en el Caso Chiloeches en lo referente a su exviceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, en cuya actuación el juez instructor de la causa ve indicios de criminalidad. Era el hombre fuerte del presidente García-Page en materia medioambiental y el juez aprecia indicios de delito de prevaricación medioambiental cuando este era alto cargo del gobierno.

El juzgado ha terminado la instrucción de la causa y ha dado traslado a las partes que tienen tres opciones. Una: formular escrito de acusación solicitando la apertura del juicio oral. Dos pedir el sobreseimiento. Tres: solicitar de forma excepcional la realización de diligencias complementarias.

El gobierno no quiere que este tema le estalle en campaña y removerá los despachos y hará por alargar los plazos y evitar que el juicio coincida con el periodo electoral. Está muy nervioso porque sería el primer caso de un alto cargo del gobierno de Castilla-La Mancha juzgado por prevaricación.

Quiere delimitar los daños y tratar de trasladar a la opinión pública que “ese señor hace mucho tiempo que no está en el gobierno”. Lo cierto es que se le ha investigado por lo que hizo cuando sí estaba en el gobierno. Y el juez aprecia indicios de delitos en eso que hizo cuando sí estaba en el gobierno. La otra cuestión en la que se mueve el gobierno es circunscribir la decisión que debe tomar a un terreno exclusivamente técnico, al de los servicios jurídicos. Como si los servicios jurídicos fueran un órgano autónomo e independiente y su responsable no hubiese sido nombrada para el cargo expresamente por el gobierno.

El auto de conclusión de la instrucción se comunicó la semana pasada a las partes, que tienen diez días hábiles para tomar postura. Vamos, que la semana que viene se debería saber cómo ha respirado el presidente García-Page y si mantiene esa línea que trazó cuando, para referirse a su consejero en relación al caso, dijo aquello de “si hay alguien que se ha portado duro con la empresa ha sido él” y añadía que ese hecho “demuestra hasta qué punto está muy bien hecho de buena pasta política”.

A igual trabajo, aunque sea por los planes de empleo, igual salario

Otra decisión judicial pone del revés al gobierno regional. Esta es sobre los planes de empleo y dice que los desempleados contratados por esos planes de empleo deben cobrar lo mismo por su trabajo que los trabajadores de las administraciones públicas que realicen las mismos funciones. Es el principio social de a igual trabajo, igual salario. Pero el gobierno regional se indigna y dice que se pone en peligro el sistema de los planes de empleo, que es un despropósito… Vamos que los desempleados se tienen que conformar con menos dinero y que den gracias porque la Junta tenga ese Plan de Empleo.

De la posibilidad de que se presentase esta eventualidad ya había informado clm21.es cuando algunos ayuntamientos, como el de Guadalajara, eran reacios a firmar el Plan de Empleo de la Junta porque podría darse reclamaciones de este tipo y serían ellos, como contratantes lo que tendrían que correr con el pago por una chapuza del gobierno regional. El hecho de que el trabajador venga del paro no es una coartada para pagarle menos por su trabajo. No es una cuestión de beneficencia, sino de justicia social.

Al gobierno regional se le empiezan a complicar las cosas. A la desaceleración económica se unen las críticas de importantes sectores profesionales que trabajan en los servicios públicos, como el Sindicato de Médicos, denunciando que la nuestra es la única Comunidad que no ha retomado el reconocimiento de la carrera profesional, o CSIF que mantiene las movilizaciones porque el gobierno no recupera los derechos de sus trabajadores en la función pública

El dato bueno de la semana lo ha puesto la EPA. Y le ha servido para tomar aire y sacar pecho. Pero ya sucedió lo mismo en el tercer trimestre de 2015 y de 2017, donde a la temporada de verano se sumaron las contrataciones de interinos en la educación y el adelanto de la vendimia. En el cuarto trimestre, el gobierno tiene previsto contener el paro con la concentración en ese periodo de las contrataciones de los planes de empleo.

La subida fiscal recae sobre los autónomos

De vuelta a los impuestos, hasta ahora, en la subida propuesta por el gobierno, de momento pierden las clases medias y trabajadoras, vamos que son las que van a acarrear con el grueso de los pagos, en especial los autónomos. Sólo la denominada tasa Tobin afecta a la economía financiera, el resto de medidas tiene el ojo puesto en la economía real que termina trasladando los costes al consumidor. Y es más fácil subir los impuestos al diesel que la fiscalidad sobre las retribuciones de los consejeros de las cotizadas. Y por su fuera poco, el gobierno estudia subir del 6% al 9% el gravamen a los seguros (coches, casas, salud…) vamos algo que afecta a la mayoría de las familias.

Es más fácil hacer eso que estudiar un sistema para gravar las operaciones de ingeniería financiera (los derivados financieros o cambios a plazo, la infertilidad de riesgos financieros, la cobertura contra la subida de tipos de interés, la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas (el forward o los túneles) , la cobertura de la inflación, la estrategia con opciones, la compra de opciones, la financiación con derivado implícito… y así hasta varias decenas de operaciones financieras cuyo conocimiento se escapa al común de los mortales… Y es que para subir los impuestos a los ricos, hay que conocer cómo ganan dinero los ricos. Y es más fácil que paguen los de siempre. Las principales medidas fiscales del gobierno van a afectar a los autónomos, que no son precisamente los ricos de nuestro país, son la base de la economía real y el grueso del tejido productivo. (entre 480 y 600 euros de subida de la base de cotización, 3.000 euros por cada trabajador que tenga su salario o parte de él vinculado al salario mínimo interprofesional, el impuesto sobre el diesel, el de los seguros…).

Por eso decir que se va a subir los impuestos a los ricos para que luego paguen los de siempre es el timo de la estampita. Lo diga Pablo Iglesias, la ministra de Hacienda o el vicepresidente del gobierno regional, José García Molina. Claro, en el caso del secretario regional de Podemos, siempre que su carrera de actor y eso de trabajar de extra en una película le deje tiempo para sus tareas como gobernante. Mayor coherencia es la que presenta su compañero de partido y rival en las primarias, David Llorente, que se mantiene en la actividad a pie de calle en la lucha contra la exclusión social. Algo que en los despachos como vicepresidente del gobierno le toca combatir a García Molina y cuyas cifras son desgarradoras como dejó patente el reportaje de clm21.es: “Con 160.000 castellano-manchegos en pobreza severa y otros 520.000 en riesgo de exclusión, el gobierno sólo había pagado el 28% de las ayudas de emergencia social a finales de septiembre”. Eso puede llamarse de muchas formas, pero no se puede calificar como gestión eficaz o de un gobierno con alma.
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