El trabajo, elaborado por los economistas Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, concluye que las comunidades autónomas españolas registraron en 2025 un déficit estructural conjunto del 0,6% del PIB, una cifra que mejora el 1% negativo de 2024, aunque sigue evidenciando desequilibrios en buena parte del sistema autonómico.
En ese escenario, Castilla-La Mancha aparece como una excepción. La región logró cerrar 2025 con un superávit estructural del 0,2% del PIB, una mejora significativa respecto a ejercicios anteriores y muy por encima de la media autonómica.
El estudio destaca expresamente a Castilla-La Mancha entre las comunidades con mejor comportamiento fiscal. Ya en el resumen ejecutivo del documento, Fedea subraya que “solo Navarra, y en menor medida, Cantabria y Castilla-La Mancha, logran superávits públicos estructurales”.
La relevancia del dato es mayor si se tiene en cuenta qué mide exactamente el saldo estructural. A diferencia del déficit o superávit convencional de contabilidad nacional, este indicador elimina los efectos temporales del ciclo económico y las operaciones extraordinarias para reflejar la situación real de las finanzas públicas y las decisiones permanentes de gasto e ingresos adoptadas por cada gobierno autonómico.
Eso significa que Castilla-La Mancha no solo presenta una posición coyuntural favorable, sino que sus cuentas públicas muestran un equilibrio sostenible incluso descontando el impulso económico del momento.
Una de las comunidades más equilibradas frente a las grandes autonomías deficitarias
El contraste con otras regiones es especialmente llamativo. Mientras Castilla-La Mancha presenta un saldo estructural positivo del 0,2%, la Comunidad Valenciana registra un déficit estructural del 1%, Cataluña alcanza el 1,5% negativo y Murcia el 1,3%.
La distancia es todavía más significativa si se analiza la evolución reciente. Castilla-La Mancha figura entre las autonomías que más mejoraron su saldo estructural en 2025, junto a Baleares, Navarra y La Rioja.
En términos de contabilidad nacional, la región cerró 2025 con un ligero déficit del 0,1% del PIB, frente al superávit del 0,1% registrado en 2024. Sin embargo, tras aplicar los ajustes metodológicos de Fedea —que corrigen el impacto del ciclo económico y las liquidaciones aplazadas del sistema de financiación autonómica— el resultado final mejora hasta entrar en terreno positivo.
El informe pone además de relieve otro elemento diferencial: Castilla-La Mancha registró uno de los output gap más bajos de España en 2025, con un 0,8%, el mismo nivel que Navarra y claramente por debajo de regiones como Baleares o Canarias, que alcanzaron el 2,6%.
Ese dato es relevante porque implica que la comunidad no se está beneficiando especialmente de un “sobrecalentamiento” económico coyuntural que impulse artificialmente sus ingresos. En otras palabras, el equilibrio fiscal castellano-manchego no se explica por un ciclo expansivo extraordinario, sino por una estructura presupuestaria relativamente contenida.
El sistema de financiación sigue distorsionando las cuentas autonómicas
Uno de los principales argumentos del estudio es que las cuentas autonómicas siguen muy condicionadas por el sistema de financiación regional y, especialmente, por el mecanismo de liquidaciones con dos años de retraso.
Fedea sostiene que estas liquidaciones alteran la lectura real de las finanzas autonómicas porque los gobiernos regionales reciben ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, lo que puede generar efectos artificiales sobre el gasto y las decisiones fiscales.
En el caso de 2025, el impacto fue más moderado que en 2024, ya que las liquidaciones del sistema estuvieron más alineadas con la media histórica. Aun así, los autores advierten de que el actual modelo de financiación autonómica se encuentra “muy distorsionado por decisiones discrecionales” ajenas al funcionamiento ordinario previsto en la ley.
El informe también alerta de que, pese a la mejora general observada en 2025, la sostenibilidad financiera autonómica seguirá enfrentando fuertes tensiones en los próximos años debido al envejecimiento poblacional, el incremento del gasto sanitario y educativo, la transición digital y el cambio climático.