El pronunciamiento del gobierno regional en funciones, a través de su portavoz, Nacho Hernando, no es nuevo, pero se produce ahora tras la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, de “introducir de forma gradual procesos de selección de medicamentos existentes a nivel regional, como las subastas, aunque con algunos cambios para lograr los resultados deseados en beneficio de los ciudadanos y permitiendo la entrada a distintos operadores”. Los cálculos de la Autoridad Independiente realizados sobre el coste de las recetas en 2017 (10.717 millones) fijan el ahorro en más de 1.000 millones de euros, el equivalente a casi el 10% del coste nacional, lo que traducido a Castilla-La Mancha supondría un impacto superior a los 50 millones de euros.
El gobierno de Pedro Sánchez contempla el establecimiento de manera inmediata de una subasta única de fármacos para todo el territorio nacional
La AIReF entiende que estas y otras mejoras permitirían “reforzar la sanidad pública en España y ofrecer más y mejores recursos a los ciudadanos”. La AIReF se ha fijado especialmente en la factura de medicamentos mediante recetas, que supusieron el año pasado 11.016 millones de los 22.547,9 totales del gasto farmacéutico y en productos sanitarios. Otros 6.864 millones los gastaron las administraciones públicas en farmacia hospitalaria y el resto en productos de consumo sanitario. En el caso de Castilla-La Mancha la factura de las recetas de farmacia fueron por valor de 517, 22 millones, la farmacia hospitalaria supuso otros 274 millones de euros y el resto fue en otros productos sanitarios.
Otro dato es que puede dar idea de la magnitud del peso del gasto farmacéutico es que siete de los diez primeros proveedores de la Junta de Comunidades por volumen de operaciones pertenecen al sector sanitario, la mayoría de ellos son laboratorios médicos y biofarmacéuticas (Novartis, Abbvie Spain, Giles Sciencies, Janssen-Cilag, Roche Farma y Medtronic Ibérica). Y si se amplía la lista a los 20 primeros, en total son 16 las empresas sanitarias. Esas 20 compañías facturaron a la Junta 290 millones de euros (datos de 2016).
La factura farmacéutica del Sistema Nacional de Salud ha ido creciendo en España a fuerte ritmo en los últimos años. En 2017 lo hizo un 3% (3,2% en el caso de Castilla-La Mancha) y en 2018 lo hizo un 4,6% (4,3% en el caso de Castilla-La Mancha). En el caso del gasto sólo de recetas, los crecimientos han sido del 2,4% en 2017 (2,1% en el caso de Castilla-La Mancha) y del 2,8% en 2018 (2,9% en el caso de Castilla-La Mancha). En el primer trimestre de 2019 el crecimiento anual en España es del 4,4% (6,3% en el caso de Castilla-la Mancha que ya lleva pagados 255,8 millones de euros, de los que 130 millones son en recetas, que representan un 4,4% más que el año pasado por las mismas fechas).
El convenio de Montoro, prorrogado por Montero
En la actualidad existe un convenio entre el Ministerio de Hacienda y la patronal farmacéutica Farmaindustria, al que además de la Administración General, están obligatoriamente adheridas todas las regiones que reciben préstamos del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, en cuyo programa de aplicación figura el “compromiso de adhesión al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico”. Un convenio que, en principio tiene su origen en un intento por controlar y reducir el gasto sanitario.
A juicio del gobierno de Castilla-La Mancha la factura que paga la Comunidad por el convenio con Farmaindustria se podría reducir considerablemente mediante el sistema de la subasta. Ese convenio, impulsado en su día por el ministro de Hacienda del gobierno Rajoy, Cristóbal Montoro tuvo su última redacción en diciembre de 2016. Ese documento fue prorrogado en marzo de este año por la actual ministra, María Jesús Montero. Sin embargo, en los planes del gobierno de Pedro Sánchez está instaurar el modelo de la subasta. De hecho, el Plan de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno en funciones ha enviado a la Comisión Europea incluye la intención de realizar "de manera inmediata" una subasta única de medicamentos para todo el Sistema Nacional de Salud. Una medida que, incluso podría abaratar aún más los costes al ser una compra centralizada.
No obstante, el gobierno no reniega del convenio con Farmaindustria en la medida que establece un sistema de compensación si se excede o no se llega a los gastos previstos. El convenio contempla como referencia el crecimiento del PIB y trata de evitar que el aumento del coste de la factura de medicamentos supere el del incremento del Producto Interior Bruto.
Desde el gobierno regional en funciones, que se mantiene en el FLA en 2019, se recalca la condicionalidad de la adhesión al convenio para recibir fondos de los mecanismos extraordinarios de financiación. Será el nuevo ejecutivo que se conforme tras la toma de posesión del presidente García-Page el próximo 6 de julio el que deberá decidir si se mantiene o no en el FLA y si decide ir a la subasta o espera a su implantación nacional.
La actual ministra de Hacienda con anterioridad fue consejera del ramo en Andalucía, Comunidad que introdujo el sistema de subasta de en 2011, que dejará de estar operativo en septiembre de este año porque el actual gobierno regional no ha publicado la convocatoria de licitación de nuevos lotes. En total en estos años, la Junta de Andalucía ha adjudicado 14 lotes; el último en noviembre de 2018, que cumplirá con los últimos suministros establecidos en él en diciembre de 2020.
Un ahorro de hasta un tercio en el precio final
Mediante este sistema Andalucía ha venido adquiriendo a gran escala aquellos medicamentos más prescritos por su servicio de salud, el SAS, y lo ha hecho a mejor precio. Aunque las cifras de ahorro son dispares, las estimaciones más reales cifran el descuento conseguido en el coste de la factura en un tercio del total. La evolución del gasto en recetas médicas en Andalucía en los últimos años ha estado por debajo del crecimiento de los costes del total nacional, salvo en 2018, donde se alcanzó un gasto de 1.713 millones de euros. En los años anteriores, el coste estuvo en torno a los 1.655 millones de euros.
Los contras del modelo
La penalización a la investigación, la falta de generación de riqueza y empleo en España, los desabastecimientos y la falta de adherencia de los pacientes crónicos a los tratamientos, entre los contras del modelo
Este sistema genera rechazo en las patronales farmacéuticas española Farmaindustria (laboratorios) y Aeseg (fabricantes de genéricos) que alegan que el sistema genera riesgos de desabastecimientos porque priman los criterios económicos. Y así se señalaba que en algunas de las subastas realizadas los laboratorios adjudicatarios sólo tenían la capacidad de asegurar entre la mitad y dos terceras partes del suministro. Otra de las cuestiones sobre la mesa es en qué medida se desincentiva los procesos de investigación e innovación que llevan a cabo los grandes laboratorios. También se esgrime como efecto negativo es el de la falta de adherencia al tratamiento. Se conoce así a la vinculación de los pacientes con su medicamento habitual, y hay sectores de la industria que señalan que la sustitución por genéricos, en especial en enfermos crónicos provoca una falta de adherencia de estos pacientes al tratamiento, lo que deriva en muertes prematuras, con un coste en la sanidad superior al ahorro en farmacia.
“Los indios”
En el argot se conoce a los medicamentos de las subastas como los medicamentos indios. La raíz está en las decisiones tomadas en 2012 por el gobierno de la India de dar vía libre a la elaboración de genéricos sin respetar las patentes de grandes laboratorios por el elevado precio que estos ponían a sus productos. El primer caso fue frente a Bayer, emitiendo la primera licencia obligatoria. La procedencia de los medicamentos de las subastas andaluzas es diversa. Hay muchos lotes que proceden de la India (lo que también ha dado lugar a acuñar la expresión de un “mercado para indios”), pero también son suministradores Eslovenia, Portugal o Alemania. Precisamente esta procedencia extranjera es otra de las razones que argumentan los detractores de este sistema, ya que el impacto en el empleo en España y en la riqueza nacional es mínimo a favor de otros países.
Si (
No(
