A mayor necesidad de esos mecanismos por los problemas de liquidez, mayores han sido los costes financieros que ha asumido el Estado y que se han ahorrado las Comunidades. Tras Cataluña, Andalucía y Valencia, Castilla-La Mancha es la cuarta región que más se ha beneficiado de estos salvavidas financieros.
En el informe se describen los principales mecanismos creados a raíz de la reciente crisis para facilitar liquidez a las comunidades autónomas, los llamados Mecanismos Adicionales de Financiación (MAF) y los aplazamientos de los saldos deudores de las liquidaciones de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica (SFA). Tras recopilar algunas cifras básicas sobre la cuantía de los préstamos concedidos, los reintegros efectuados hasta el momento, los saldos pendientes y los intereses pagados, el trabajo se centra en la cuantificación de las ayudas a las comunidades autónomas que están implícitas en las favorables condiciones financieras que ofrecen tales mecanismos.
En el trabajo se ofrece una estimación de mínimos de la cuantía de estas ayudas construida a partir de los costes directos para el Estado de los fondos que se toman prestados para financiar los MAF y aplazamientos netos de los intereses cobrados a las autonomías. A esta cantidad habría que añadirle el incremento del coste del resto de las emisiones de deuda estatal como resultado de la asunción de una parte del riesgo autonómico para llegar al coste total de las ayudas para el Estado, que a su vez debería de ser igual a los ahorros de intereses para las CCAA (porque los riesgos subyacentes son iguales con independencia de cómo se repartan entre las dos administraciones). El ahorro para las autonomías se aproxima también directamente en el informe (aunque sólo hasta 2016) utilizando estimaciones de los tipos de mercado a los que las CCAA habrían tenido acceso en ausencia de los MAF elaboradas por el Ministerio de Hacienda en 2017.
Utilizando la estimación de mínimos, el coste directo para el Estado de los MAF y los aplazamientos desde 2010, el importe acumulado de las ayudas estatales se acerca a los 16.000 millones de euros, “una cantidad importante que –a juicio de Ángel de La Fuente- habría de tenerse en cuenta a la hora de valorar la financiación relativa y total de las distintas comunidades autónomas”.
En total el estado ha ayudado a las Comunidades Autónomas desde 2012 a 2018 con 219.513 millones de euros (14.470 corresponden a Castilla-La Mancha), de los que a finales del año pasado los gobiernos regionales habían devuelto 40.377 (3.249 millones en el caso de Castilla-La Mancha), con lo que el saldo vivo era de 179.166 millones de euros (11.229 millones en el caso de Castilla-La Mancha).
Tras asumir el Partido Popular el gobierno regional en 2011, necesitó de casi 4.000 millones de euros en 2012 para hacer resolver la acumulación de impagados que se había encontrado. Los años duros de la crisis motivaron que en 2013 tuvieran que pedir otros 1.268 millones de euros al estado, 2.307 en 2014 y 1.329 en 2015. Ya con el gobierno de García-Page, los préstamos anuales se han movido en torno a los 1.870 millones de euros anuales, con los que se han cubierto los déficits acumulados en esos años y se han refinanciado los vencimientos, que fueron especialmente altos en 2016, 2017 y 2018, en los que hubo que hacer frente a amortizaciones por valor de 3.050 millones de euros de créditos solicitados con anterioridad.
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