Lunes, 4, Emiliano García Page cumple su primer aniversario al frente de los destinos de Castilla-La Mancha. La casualidad hizo coincidir la fecha de su toma de posesión con la fiesta de la independencia norteamericana, que dio título a una película oscarizada de Oliver Stone, “Nacidos el 4 de julio”. En ella, el protagonista, Tom Cruise, se va a Vietnam a defender los valores e ideales que él cree definen al pueblo americano y, tras la batalla, vuelve en silla de ruedas convertido en un descreído y en un activo pacifista.
Page llegó al gobierno después de que fracasara su operación para hacerse con la secretaria general de los socialistas españoles, desvelada hoy por clm21.es. Llegó al cargo con 28 años de experiencia en la vida pública, a la que se incorporó con 19. En su bagaje, su paso por varias consejerías en las épocas de José Bono y José María Barreda y dos legislaturas sin mayoría absoluta como alcalde de la capital. Un año en el que se ha volcado en las televisiones nacionales, dedicándole tiempo a la situación interna del PSOE, convirtiéndose en un referente en las posiciones críticas con Pedro Sánchez.
El incendio del vertedero de Seseña, la crisis de la legionella de Manzanares, el cese de la consejera de Educación, el mantenimiento de las externalizaciones sanitarias, el descontrol del déficit…
En estos doce meses de mandato ha habido luces y sombras. Gestos, muchos. Gestión… dispar. En la defensa de su investidura se dio “diez mandamientos” para su mandato y en su toma de posesión quiso dar protagonismo a los discapacitados, que le pidieron “corazón, sensibilidad y cercanía”, a los autónomos, que le comprometieron para que cumpliera sus promesas y escuchara al sector y a los jóvenes que le pidieron ejemplo para acabar con la desconfianza en los políticos y oportunidades para el empleo. En este tiempo hay instantáneas con una sonrisa y otras en las que el gesto es de preocupación. Satisfacción cuando firmó el Plan de Rescate Energético con sus socios de Podemos o anunciaba diversos planes de empleo. Inquietud cuando una epidemia de legionella causó la muerte a cuatro vecinos de Manzanares (18.924 habitantes) y llevó al Hospital a otros 240. También de seriedad cuando un incendio provocado hacía pasto de las llamas más de 90.000 toneladas de neumáticos amontonados en Seseña. En ambos casos hubo crítica de la oposición. En la legionella por haberse mantenido a distancia. El caso de Seseña ha terminado en una comisión de investigación parlamentaria. Lo cierto es que los neumáticos empezaron a depositarse hace casi dos décadas y el Gobierno había previsto echar mano de una partida de 1,6 millones que tenía en un cajón de sastre para retirar las ruedas, aunque el coste estimado triplica esa cantidad. En ambas ciudades el PSOE perdió las elecciones generales el 26 de junio. En Seseña, se quedó como cuarta fuerza política. Tampoco cosechó el PSOE buenos resultados en Villar de Cañas. El cementerio nuclear fue una de las primeras batallas, con una medida efectista y efectiva, bloquear el proyecto con una protección ecológica de la zona. Era el Cabañeros del nuevo gabinete. Los técnicos reforzaron las dudas sobre el proyecto con un informe crítico. Y, desde entonces, nada más se supo.
El PSOE tampoco obtuvo buenos resultados en Villar de Cañas (19,77% frente al 61,98% del PP), ni en el conjunto de la provincia de Cuenca, de la que el vicepresidente es secretario general del Partido Socialista. El PP obtuvo casi el 44 por ciento de los votos y el PSOE el 25. También perdió en 20 de los 22 municipios ribereños de los pantanos de cabecera del río Tajo, a pesar de ser muy beligerante contra el trasvase Tajo-Segura.
Comenzó su gestión nombrando un consejo de Gobierno reducido y paritario. Un año después, la paridad se ha perdido porque la presión del sector educativo le obligó a cesar a su consejera, de la que altos cargos llegaron a filtrar que se negaba a despachar con el vicepresidente, y sustituirla por un hombre conocedor en profundidad del sistema educativo y con gran capacidad de diálogo. Por primera vez, los miembros de su equipo se sometieron al Parlamento para explicar sus méritos, su renta y patrimonio. La oposición le cuestionó al vicepresidente y al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. El PP dudó de la legalidad del nombramiento de este último por un posible incumplimiento de la ley de incompatibilidades. El asunto aún colea y el PP ha recurrido incluso al Tribunal Constitucional.
Fue este consejero, Ruiz Molina, el encargado de presentar el estado en el que se habían encontrado las cuentas. Lo hacía en el Parlamento en agosto, un mes inusual para la actividad parlamentaria. Y dio un titular que escondía una grave preocupación. El Gobierno Regional se había encontrado un déficit del 0,82%, cuando no podía sobrepasar el 0,7 en todo el ejercicio. O lo que es lo mismo: la capacidad de maniobra para hacer cosas era muy reducida. Aún así, el 30 de septiembre este consejero llegó a bajar la cifra al 0,72. Pero algunos proyectos que habían dejado en marcha sus antecesores y otros que pusieron en marcha sus compañeros provocó el descontrol y el déficit a final de año era del 1,67. Hubo consecuencias: La necesidad de retirar provisionalmente del presupuesto de 2016, 25 millones de euros. Es decir dejar de hacer inversiones y de dar ayudas por esa cuantía.
Y como tocaba elecciones generales a final de año, el presidente pensó que no era prudente someterse al posible chantaje de Podemos y prefirió prorrogar los presupuestos de 2015 y dejar en el cajón los de 2016, que fueron aprobados el 21 de abril. Unos presupuestos que constataban una realidad, el elevado coste de la deuda limita las políticas públicas, Un presupuesto que en las cifras globales variaba poco de los anteriores. Incluso mantenían las cifras de algunos programas, como las de externalización sanitaria. El PP sostiene que las listas de espera que llegaron a supera los 130.000 pacientes a finales de marzo, son mayores que las de un año antes. El Gobierno, señala que se ha iniciado inició la reducción. En cualquier caso, los datos indican que determinados servicios (traumatología, oftalmología, cirugía general y de digestivo) tienen un déficit estructural que precisan de fuertes inversiones en personal y recursos.
Ruiz Molina, se ha consagrado como uno de los consejeros más activos del gabinete. A su lucha cotidiana por cumplir las exigencias de la Ley en cuanto al déficit, reducción del endeudamiento al 30,6% del PIB en 2018 y plazo de pago a proveedores inferior a 30 días, ha unido la campaña política para tratar de consensuar una posición común de la región entre todas las fuerzas con representación institucional. Inicialmente el ciclópeo aparato de comunicación y propaganda del Gobierno, anunció que la campaña la iba a llevar el presidente, pero luego lo dejaron en manos del vicepresidente. Además Ruíz Molina ha articulado el pago pendiente de la paga extra de 2012 a los empleados públicos de la Junta y ha impulsado la reducción laboral a 35 horas, medida esta última que ha sido recurrida por el gobierno de España.
El aparato de comunicación cuenta con varia ramas, un viceconsejero portavoz y dos directores generales, el de relaciones informativas y la de publicidad y relaciones institucionales. Todo cuelga del vicepresidente que tiene bajo su mando una legión de asesores: 65 de los 93 que hay en todo el ejecutivo. Los asesores y altos cargos suman 160 y la partida para sus nóminas se ha incrementado un 8,18 por ciento. En el sector privado existe un mar de fondo por la gestión integral de la comunicación, especialmente en los sectores teóricamente más cercanos al ejecutivo.
La subida de 47 euros al mes de la renta mínima de inserción, el plan contra la pobreza energética, el plan de empleo, las 35 horas semanales, las 750 nuevas plazas de docentes…
La tele pública, que también se encuadra en la estructura del vicepresidente, nos cuesta 36,5 millones de euros. Las audiencias mantienen un proceso de caída continuada. Las apuestas del nuevo equipo han fracasado con unos índices totalmente hundidos. Y aunque hay miembros del gabinete que dicen que no le dan mucha importancia a la tele y a su repercusión, la primera ley que tramitaron las Cortes fue para relevar al anterior equipo, nombrado por el Partido Popular, que se había atrincherado. La tele nos cuesta a los castellano-manchegos 112.000 euros al día, con el coste por impacto más caro de los medios de comunicación de la Región.
Y es que la política, como cualquier actividad, se hace con dinero. En el plan de rescate social, que era el segundo mandamiento que se dio García Page para su mandato, destacan la renta mínima de inserción y el plan de lucha contra la pobreza energética. “El Gobierno, como ha señalado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, ha hecho un gran esfuerzo” y a partir de este mes de julio pagará 47 euros más al mes por la renta mínima que pasa de 373 a 420 euros al mes. Según los datos de la Consejería, esta prioridad costará 8,25 millones de euros al año. Además están las ayudas de emergencia social, con 6,55 millones.
Del polvorín que se convirtió Educación, destaca la apuesta por reforzar la plantilla de la enseñanza pública con 750 nuevos docentes. La polémica de este año se centró en el recorte de fondos para la enseñanza concertada.
Las políticas de empleo han tratado de promover la contratación pública temporal y subvencionar en unos casos las cuotas sociales para mayores de 55 años o los costes sociales de otros segmentos de población. No se ha incidido ni sobre el tejido productivo ni sobre las infraestructuras. La evolución empresarial y comercial viene marcada fundamentalmente por la ola de los últimos dos años y por la política económica nacional e internacional.
García Page definió un gobierno tratando de cortar con el pasado en el que se forjó, fundamentalmente en renovación de caras y trazó una hoja de ruta en titulares y palabras: cercanía, participación, rescate social, empleo… a las que ha tratado de dotar de contenidos con desigual resultado y desigual continuidad. Abordados los temas que se consideraban de urgencia, un año después “falta por conocer cuál es el diseño de futuro de Castilla-La Mancha, cuál es el modelo de Comunidad Autónoma y de crecimiento económico y social. Cuál debe ser la estructura empresarial, cual la financiera, cómo la participación de la sociedad civil, cómo se va a articular la cohesión territorial y cuál es el plan de cohesión social, más allá de acciones puntuales o de urgencia. Quedan tres años y el presidente precisa reforzar algunas carteras si promueve un proyecto ambicioso para la Comunidad. Y además debe poner todos sus sentidos y su atención y empeño en Castilla-La Mancha”. Y es que hay compañeros de partido que hacen la comparación con la gestión de Pepe Bono y manifiestan que hubieran preferido “un gobierno más fuerte, más político, con mayor capacidad de gestión”.
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