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EL VICECONSEJERO DE MEDIOAMBIENTE NO DECLARÓ SUS PARTICIPACIONES EN TRES SOCIEDADES
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EL VICECONSEJERO DE MEDIOAMBIENTE NO DECLARÓ SUS PARTICIPACIONES EN TRES SOCIEDADES

martes 13 de septiembre de 2016, 11:30h

El gobierno regional que preside Emiliano García-Page trata de hacer el control de daños de la vinculación mercantil de su viceconsejero de medioambiente, Sergio David González Egido, con Pablo Layna, arrendatario durante meses de la empresa que gestiona la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en Chiloeches (Guadalajara) que ardió el 26 de agosto.

Desde que Interviú publicara la información de la que se han hecho eco los principales medios de comunicación nacionales y regionales, el ejecutivo autonómico ha tratado de delimitar el caso a la esfera personal y ha exigido la renuncia a su viceconsejero, que la ha presentado en diferido y “por causas personales”. Según el viceconsejero la renuncia la presentó el 27 de julio. La hizo pública a los medios de comunicación el 12 de septiembre, justo cuando Interviú llegó a todos los quioscos.

La noticia ha caído como una bomba en el Palacio de Fuensalida y en el PSCM-PSOE, que tratan de evitar que el escándalo afecte políticamente al presidente en un momento en el que en clave interna García Page prepara su ascenso en Ferraz, con un debate del estado de la Región en puertas, con una comisión de investigación del incendio del cementerio de neumáticos de Seseña que echa a andar y con el anuncio del Gobierno de un proyecto de ley de transparencia ambicioso.

Hay quien pide que se haga el seguimiento de toda la actividad que ha desarrollado Sergio David González para tratar de evitar sorpresas. De hecho, la primera con la que se han encontrado en el ejecutivo es que el viceconsejero no había declarado su participación en determinadas sociedades mercantiles. El artículo 3 de la ley que regula la declaración de bienes, rentas y actividades de altos cargos del Gobierno establece que “la declaración de Actividades comprenderá las de naturaleza laboral, económica o profesional desempeñadas en los cinco años anteriores”.

El viceconsejero sólo incluyó que fue administrador desde el 1 de octubre de 2013 al 31 de julio de 2015 de la sociedad Trantor proyectos y explotaciones Sociedad Limitada.

Sin embargo, el vicenconsejero también tendría que haber incluido Biosonoil, S.L de la que ejerció como administrador único del 3 de septiembre de 2013 hasta el 18 de agosto de 2015. El viceconsejero ocultó esta empresa y su vinculación con Trantor, que es la que aparece como administradora real de Biosonoil. En ambas empresas, el viceconsejero tiene como socios a José Luis Sedano Díaz y Sergio Sedano Santamaría.

El 20 de noviembre de 2015, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo concedió una subvención a Biosonoil por importe de 5.300 euros para el fomento de la contratación indefinida.

La Ley de Bienes, Rentas y Actividades de Altos Cargos obliga a declarar las relaciones de los puestos de los últimos cinco años, con independencia de si son históricos o están vigentes en el Registro Mercantil

Tampoco incluyó en la declaración Biocombustibles del Henares S.L de la que fue apoderado y Pablo Layna, el arrendatario de la planta ilegal de Chiloeches, el administrador. En Biocombustibles fue apoderado, presidente y consejero. El cargo de apoderado se mantiene en vigor a fecha de hoy, de los otros cesó el 27 de junio de 2013. Según el propio viceconsejero “no tengo nada que ocultar, pero veo que las fechas no están actualizadas en el registro mercantil”. Sin embargo, fuentes consultadas consideran que “esa es una explicación para tratar de justificarse. Estén actualizados o no, los cargos los ejerció en el periodo de los últimos cinco años y, por tanto, tenía que haber incluido la empresa en su declaración de bienes, rentas y actividades, independientemente de que siguiera o no como apoderado de la sociedad”.

En Biorrefinerías Ecológicas Andaluzas, S.L. con sede en Granada, el viceconsejero también aparece como socio y administrador único desde 2011. La compañía se dedica a la generación energética a través de residuos orgánicos e inorgánicos, así como a la solicitud, tramitación y gestión de subvenciones de carácter público y privado.

En el PSOE ponen la mira en el vicepresidente, Martínez Guijarro, del que depende la gestión de la transparencia y que debería haber realizado la investigación negativa de las declaraciones de los altos cargos y haber comprobado, por tanto, la veracidad de los datos. Algunas voces solicitan ya la cabeza de Enrique Tenorio Herrero, el director general de la Transparencia.

El estudio para evitar otras sorpresas como las de la ocultación de datos en la declaración de bienes, rentas y actividades y evitar más daños incluye no sólo a estas empresas, también a las de sus socios en Trantor y a las compañías de Pablo Layna y las vinculadas a las mismas. El foco está puesto en Ecoparque tecnológico del Reciclado S.L, en la que aparecen tanto Layna como el socio del viceconsejero en Biosonoil y Trantor, Sergio Sedano Santamaría. Y en Biocombustibles del Henares Sociedad Limitada en la que aparecen Layna y el viceconsejero como apoderado.

Aunque la preocupación existente es fundamentalmente por las vinculaciones en Castilla-La Mancha, también lo es por la que hubiera podido darse con gobiernos autonómicos del PSOE dada la relación del viceconsejero con otras regiones, especialmente preocupa Extremadura y Andalucía. De hecho una de sus empresas tiene sede en Granada.

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