Las luchas de poder rompen la unidad para sacar a España de la crisis

¿Pero qué está pasando en los despachos de los diferentes gobiernos? Desescalada, vuelta a la actividad, negociación, plan de recuperación… Son informaciones que se proyectan pero que no terminan de dejar ver lo que realmente sucede. El escenario que se traslada es que no existe una conexión y una unidad para poder afrontar el reto.

Vozpópuli informa, citando fuentes del propio Ejecutivo, que existe cierta ruptura entre La Moncloa y el resto del gobierno, y que esa desconexión está afectando a la toma de decisiones. Esa discrepancia se da también entre los ministros del área económica y entre los de Podemos, y ha quedado de manifiesto en varios desencuentros sobre medidas del Ejecutivo. También existe un desencuentro entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno Central, a propósito de la gestión, de la desescalada, de la financiación de la crisis y de los proyectos a futuro. La unidad alcanzada en el Congreso torno al decreto del estado de alarma también se resquebraja y cada prórroga cuenta cada vez con menos apoyos. La unidad es más una palabra que una realidad.

Una de las claves en ese plan son las Comunidades Autónomas, que son las responsables de gestionar los pilares básicos del Estado del Bienestar en España, incluido en el mismo las políticas activas de empleo. En la última reunión telemática con el presidente del gobierno, varias regiones reclamaron al gobierno central transferencias de fondos y no créditos para garantizar que el exceso del gasto por la crisis sanitaria no termine por afectar al resto de los pilares: la educación, los servicios sociales y la dependencia. Reclamaban lo mismo que Pedro Sánchez en Europa, transferencias y no créditos, que se mutualice la deuda y que esta no recaiga exclusivamente en las Autonomías. Además, el gobierno ha exigido a las Comunidades más inversiones en sanidad para proceder a la desescalada con un respaldo de ucis y personal sanitario por si se produce un rebrote. Los gobiernos quieren hablar de dinero y hacerlo en el foro institucional adecuado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y quieren hablar de las relaciones institucionales y hacerlo también en el foro que corresponde, en la Cámara Territorial, el Senado.

Hay gobiernos autonómicos que piden gestionar la desescalada porque conocen mejor lo que pasa en sus territorios y su realidad económica y social. Saben que está en juego el futuro de su economía. Ya se produjo un enfrentamiento a propósito de la ampliación del cese de actividad a todas aquellas actividades que no se consideraran esenciales. Otros admiten el mando único, pero con salvedades y medidas moduladas según las particularidades

Hay territorios, que consideran que la estrategia de las pruebas de prevalencia es parca y hay que ir más allá en los estudios de prevalencia para acertar con las decisiones.

La Moncloa centraliza las decisiones en un ejercicio de control político sin precedentes. Y esa estrategia de asunción y gestión del poder lejos de moverse en parámetros de éxito, deja al descubierto los errores y nada beneficia al presidente, y las desafecciones van a más incluso dentro de sus propias filas.

Algunas de los datos económicos que se han publicado permiten dibujar el escenario presente y establecer el que habrá a finales de año en la economía nacional y regional. La tarea que espera es titánica. Y requiere más allá de un solo hombre y de estrategias que van más allá de la mera comunicación política.

La EPA publicada ayer ya refleja el poder de destrucción del empleo de las tres últimas semanas del primer trimestre, hasta el punto de haber arrastrado la media trimestral a nivel de 2013 cuando la crisis financiera y del ladrillo seguía machacando la economía española y el mercado de trabajo. En los últimos 56 años, desde que se puso en marcha la EPA no hay precedentes de que en una semana dejaran de trabajar más de medio millón de españoles, como ha sucedido este año.

En el caso de Castilla-La Mancha, la economía regional arrastraba malos datos de empleo desde el segundo trimestre del año pasado y el gobierno esperaba en repuntar y modificar esa tendencia con el Plan de Empleo Local, cuya aplicación había diferido hasta este primer trimestre por petición expresa de los alcaldes. En los últimos meses previos a la pandemia, los indicadores de la economía regional daban muestras de fortaleza y de recuperación y anticipaban un mejor comportamiento regional del PIB y del empleo. El coronavirus ha roto todos los diques y todo el camino andando y toda la planificación y se ha llevado por delante 28.600 empleos. La cifra hay que ponerla en contexto porque un año antes se movía en 52.300 empleos más. Por si los males fuesen pocos, el gobierno central se ha apropiado de los fondos de este año para las políticas activas de empleo.

En los datos no se contabilizan los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. A finales de abril eran otros 80.300 trabajadores más. Afectan al 50% de los trabajadores de la hostelería de la Comunidad y a uno de cada tres del sector del ocio. Tampoco se contabiliza la mayor parte de los trabajadores autónomos que han cesado en la actividad.

Las cifras dan idea del impacto de la pandemia en la economía castellano-manchega y la necesidad de que se produzca esa unidad de acción, tanto dentro como fuera de la Comunidad para volver a la senda de aceleración en el crecimiento que se veía en el primer bimestre del año. Algunas declaraciones de dirigentes políticos se mueven en el “cuanto peor, mejor”. Una máxima que responde más a expectativas particulares que a las generales.