Las diferentes velocidades en la gestión del gobierno central: La rapidez de Salvador Illa y la lentitud del vicepresidente Iglesias

A finales de marzo, el gobierno central había tenido que hacer uso del 60% de su fondo de contingencia previsto para este año que asciende a 2.277 millones de euros. En total fueron 1.382 millones de euros. Casi la totalidad de ese dinero se destinó a gastos en políticas de Sanidad, en las que el presupuesto inicial de 256 millones de euros se multiplicó hasta los 1.643 millones de euros. Mil millones los sumó por un crédito extraordinario y otros 400 millones por ampliaciones de créditos ya existentes.

Los datos también ponen de manifiesto las diferentes velocidades en la gestión por parte de los diferentes cargos del gobierno. A finales de marzo, el Ministerio que dirige Salvador Illa ya había comprometido gasto por valor de 1.082 millones de euros, de los que había reconocido el pago de facturas por valor de 946 millones de euros.

La otra línea fundamental de modificación del presupuesto por la pandemia hasta el 31 de marzo afecta al gasto en servicios y promoción social, que amplió los 803 millones de euros iniciales en 348 millones más hasta los 1.151 millones. El grueso de la ampliación era el fondo de 300 millones que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció el 19 de marzo para emergencia social y para “proteger a los más vulnerables”.

La ejecución del presupuesto indica que a finales de marzo el gasto comprometido era de 482 millones, pero la ejecución real, que se mide en obligaciones reconocidas de pago, sólo alcanzaba los 19 millones de euros, de los que se habían abonado 10,6 millones de euros. Ese dinero se destinaba fundamentalmente a reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad que se vieron afectadas por el cierre de centros. También para la teleasistencia y para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y las residencias de mayores, "uno de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria", según anunció el vicepresidente encargado de la coordinación del funcionamiento de todos los servicios sociales del Estado en su comparecencia pública para dar cuenta de la puesta en marcha de esa medida de emergencia.

En el análisis del presupuesto por partidas y no por políticas de gasto, se constata que el aumento del presupuesto se destinó a compra de suministros. De hecho, a finales de marzo el Ejecutivo había comprometido gasto por valor de 2.540 millones de euros, cuantía que superaba su consignación inicial de 2.340 millones, que tuvieron que ser ampliados en otros 1.474 adicionales. A finales de marzo las facturas presentadas por los proveedores y reconocidas por la Administración alcanzaban los 1.278 millones de euros, de los que se habían abonado 1.192 millones.

En el apartado de ingresos, el gobierno había recaudado 57.772 millones de euros a través de emisiones de deuda pública, cuantía a la que se suman otros 400 millones en préstamos. En total el Ejecutivo había aumentado sus necesidades presupuestarias de financiación a crédito un 33% y había emitido deuda por 14.440 millones de euros más que en el mismo periodo de 2019. Todo ello, a pesar de que durante los tres primeros meses de 2020 ha ingresado 2.028 millones más que hace un año en operaciones no financieras (ingresos fiscales, por transferencias y por enajenación de bienes).

En total, en el primer trimestre del año, el gobierno aumentó su gasto en 3.845 millones de euros. El aumento se produjo fundamentalmente en las operaciones financieras por los vencimientos de deuda y no en el gasto en servicios públicos, que se redujo en un 15,9% (5.247 millones de euros). Los vencimientos de crédito y deuda llegaron a los 24.082 millones de euros, 5.836 millones de euros más que en el primer trimestre del año pasado.