La investigación de la Guardia Civil sobre la planta de residuos tóxicos de Chiloeches continúa su marcha y trata de esclarecer las razones por las que la planta estuvo operando ilegalmente cuando no contaba ni con licencia, responsabilidad del ayuntamiento de Chiloeches, ni con autorización medioambiental, responsabilidad de la Junta de Comunidades.
Según el diario “El País” el Servicio de Protección de la Naturaleza acusa al anterior alcalde de prevaricación por haber permitido el funcionamiento de la planta. El ayuntamiento hizo varios requerimientos a la empresa para que regularizara, el último en 2012, pero la empresa no regularizó la situación y el consistorio declaró la caducidad y archivo del expediente. La planta siguió funcionando hasta junio de este año que la cerró el nuevo equipo de gobierno, que recibió los mismos informes que la Consejería. Ahora se trataría de esclarecer la vertiente autonómica y determinar por qué la planta estaba en funcionamiento si carecía de autorización y qué actuaciones de control se habían llevado a cabo desde la Consejería. El viceconsejero de medioambiente de Castilla-La Mancha presentó su dimisión cuando la revista Interviú sacó a la luz el caso y le vinculó mercantilmente con el arrendatario y explotador de la planta, el grupo Layna.
El Gobierno regional no ha explicado por qué la planta recibía aviso antes de las inspecciones
El gobierno de Castilla-La Mancha todavía no ha explicado las razones por las que tardó más de medio año (desde enero hasta agosto) en denunciar ante la Fiscalía de Medioambiente de Guadalajara a la propietaria de la planta de residuos tóxicos de Chiloeches, desde que a principio de año recibió un completo informe con documentación vídeos y fotografías sobre las supuestas irregularidades registradas en la empresa de tratamiento de residuos (se mezclaban los residuos de disolventes, aguas inflamables y productos tóxicos de limpieza con celulosa y luego los mezclaba con escombros de construcción para poder descargarlos en escombreras). Tampoco ha explicado las inspecciones que realizó a la planta ni las razones por las que avisaba con antelación a la compañía de que se iba a proceder a realizar dichas inspecciones.
Aclarada la derivada administrativa municipal, ahora se trata de esclarecer la vertiente autonómicaen lo judicial y en lo político, así como la existencia de un posible delito contra el medio ambiente. En el plano político, el Partido Popular es partidario de la creación de una comisión de investigación en las Cortes regionales.
Otra de las cuestiones que choca es que la denuncia llegara diez meses después de que se abriera expediente sancionador, en octubre de 2015. Los interrogantes del caso se acumulan: si la denuncia de la Junta se impulsa o no como consecuencia de la actuación del ayuntamiento de Chiloeches, que cerró la factoría por no tener licencia de actividad. Tampoco ha explicado las razones por las que la compañía estaba operando a pesar de que en 2014 el gobierno anterior suspendió la autorización ambiental a la planta y que esa suspensión fuera respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región. Tampoco las razones por las que en determinadas ocasiones la consejería avisaba a la planta de que se iba a proceder a realizar una inspección.
La dimisión del viceconsejero no fue aceptada en enero debido a la camapaña antiincendios, pese a que esta área corresponde al director general de Política Forestal
En su comparecencia parlamentaria, el consejero de Agricultura Medioambiente y Desarrollo Rural, se centró en explicar las tareas de extinción de los fuegos y todo el operativo y los trabajos realizados a partir del suceso, pero no aclaró ninguno de los puntos relacionados con la actividad de la planta y las razones por las que estaba funcionando sin la autorización de medioambiente. Durante el debate quedó patente que en los primeros momentos del siniestro se produjeron vertidos tóxicos al río Henares, a pesar del trabajo realizado por los voluntarios de Protección Civil. Precisamente sobre los vertidos, está por aclarar por qué es la Confederación Hidrográfica del Tajo la que solicita la intervención de la Unidad Militar de Emergencias ante el riesgo evidente de que se produzcan vertidos tóxicos al Henares en grandes cantidades. La petición se produjo diez horas después de haberse iniciado el fuego y las tareas de extinción que provocaron que el agua empleada para apagar los fuegos arrastrará material tóxico hacia el rio. El consejero mantuvo que su hombre de confianza en medioambiente había presentado la dimisión a primeros de enero, pero le pidió que se mantuviera en el cargo por la campaña de incendios. Según el decreto de estructura y funciones del Gobierno, las tareas de prevención y extinción de incendios depende del director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero.
Según el diario El País, el Seprona investiga a varias personas en el caso. En total son siete, la mayoría relacionadas con un posible delito medioambiental por las malas prácticas en la gestión de los residuos peligrosos en la planta de Chiloeches, y también considera que el anterior alcalde del municipio pudo cometer un posible delito de prevaricación medioambiental al dejar presuntamente que la fábrica desarrollase su actividad, a pesar de carecer de licencia. La planta, propiedad de Kuk, fue arrendada por el grupo Layna en marzo de 2015. La supuesta actividad irregular es puesta de manifiesto en un informe realizado por detectives privados. Este informe con vídeos, fotografías y otros documentos fue entregado en enero a la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural. En junio la Consejería recibe un nuevo informe. El día 6, ASEGRE, la Asociación que engloba a las empresas de reciclaje de residuos, presenta una denuncia en la Consejería. El día 8 esa denuncia se presenta también en la Comunidad de Madrid. La Junta presenta una denuncia ante la Fiscalía el 4 de agosto, es decir dos meses después de la denuncia de los empresarios y más de seis meses después de tener en sus manos el primer informe forme documental. El 26 de agosto a las cinco menos cuarto comienza a arder la fábrica.
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