La afirmación del portavoz del ejecutivo, Nacho Hernando, respondía a la pregunta formulada por clm21.es sobre las actuaciones judiciales que está llevando a cabo la Junta en el proceso en relación al que fuera su máximo responsable de Medio Ambiente, Sergio David González Egido.
Este desmarque contrasta con las afirmaciones realizadas hace un año por el presidente del Gobierno, Emiliano García-Page, quien dijo que “si hay alguien que se ha portado duro con la empresa ha sido él” y añadía que ese hecho “demuestra hasta qué punto está muy bien hecho de buena pasta política”.
Hoy día, según se avanza en la investigación el gobierno, a través de su portavoz prefiere referirse “a la separación de poderes y esperar a que los jueces diriman sobre las posibles responsabilidades de un ciudadano que no forma parte del Gobierno”.
Cuando se cometieron los hechos sujetos a investigación, González Egido era alto cargo del gobierno
El caso estalló a raíz de las denuncias realizadas por la patronal que aglutina a las empresas gestoras de residuos y recursos especiales (ASEGRE) de las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en la planta de Chiloeches en el tratamiento de los residuos tóxicos industriales. Las evidencias eran tantas que la propia Consejería llevó el caso a los tribunales el 5 de agosto de 2016. El juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara decidió abrir causa el 10 de agosto. El 26 de ese mismo mes, de madrugada, la planta en el ojo de la investigación ardía en llamas. El 12 de septiembre, Interviú relacionaba mercantilmente con los gestores de la planta al entonces número dos de la Consejería y máximo responsable de Medio Ambiente, que ese mismo día y con la publicación en la calle anunciaba que había presentado su dimisión en julio y que la hacía efectiva ahora en septiembre, pasada la campaña de incendios. También ese mismo día se registraba la solicitud de intervención de las comunicaciones del hasta entonces máximo responsable de la protección del medio ambiente de Castilla-La Mancha.
Los acontecimientos señalan que una denuncia de la propia Consejería de Agricultura Medio Ambiente y desarrollo Rural, terminó en un auto por el que se investigaba al denunciante, el número dos de la consejería, con un matiz que es que cuando se dicta el auto, no cuando se cometen los hechos supuestamente delictivos, el viceconsejero ha cesado. En el intermedio, un incendio y un reportaje periodístico. El delito atribuido indiciariamente es el de prevaricación medioambiental, que comporta el ejercicio de una función pública o de alto cargo.
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