Un nuevo problema para las arcas autonómicas. A partir del 1 de enero del próximo año desaparecerá la obligación contribuir por el impuesto de patrimonio. Esa situación se notará a partir de mediados del año siguiente, en 2018, cuando se hubiesen tenido que hacer las declaraciones de ese impuesto correspondientes a 2017.
Esta situación ha sido trasladada por algunas regiones al Ministerio de Hacienda, cuyo titular Cristóbal Montoro, se encuentra limitado para actuar al estar en funciones. El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé recaudar este año 2016 casi 18 millones de euros por este concepto. En la última declaración, la correspondiente al año 2014 presentada en 2015, los ingresos por este concepto ascendieron a 15,98 millones de euros.
Como ya informó clm21.es en nuestra Comunidad realizan la declaración de patrimonio 3.817 personas, de los que 3.616 tuvieron que pagar a la Hacienda regional.
El impuesto se creó con carácter excepcional y transitorio en 1977. El carácter temporal desapareció en 1991, año en el que se incorpora este tributo al sistema fiscal español de forma definitiva con el objeto de “redistribución de la riqueza”. Sin embargo, al comprobarse su ineficiencia, en 2008 se estableció por ley una bonificación estatal del 100 por 100 de la cuota del impuesto desde el 2008 se optó por suprimir la norma estableciendo una bonificación del cien por cien del gravamen.
La crisis económica y la necesidad de financiación de las Comunidades Autónomas llevaron en 2011 a un restablecimiento temporal por un periodo de dos años del gravamen sobre el impuesto de patrimonio, fijando un mínimo exento de 700.000 euros. Esta situación supuso la no obligación de declarar entre los ejercicios 2008 a 2010, y la obligación de declarar en los ejercicios 2011 y 2012 (declaraciones a presentar en 2012 y 2013 respectivamente). Durante los años siguientes, las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado prorrogaron esa obligación para los periodos impositivos de 2013, 2014, 2015 y 2016.
El uno de enero de 2017 ya no estará en vigor esa prórroga y estará vigente la bonificación del cien por cien establecida en 2008. Esta situación podría haberse evitado mediante la renovación de la prórroga en la ley de presupuestos para 2017. Al carecer nuestro país de un gobierno estable y tener que prorrogarse automáticamente los presupuestos de 2016 por el gobierno en funciones, no será posible hacer esa prórroga del impuesto. Ello impide extender la obligación de declarar por el patrimonio de 2017. En principio, y en el mejor de los casos, no habrá presupuestos generales del Estado hasta la primavera próxima, lo que hace imposible incluir un artículo donde se establezca la obligación con carácter retroactivo, por lo que, de no encontrarse una solución alternativa, las personas que tengan un patrimonio neto superior a 700.000 euros no tendrán la obligación de declarar.
Algunas comunidades, como Madrid, no obstante habían bonificado el impuesto, lo que en la práctica suponía una recaudación cero. No es el caso de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno veía en este impuesto una forma de redistribución.
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