Mañana el consejero de Hacienda, Ruiz Molina, acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera con dos buenos datos en la cartera: el déficit a finales de febrero, que se cerró en el 0,06 por ciento y el promedio de pago a proveedores, que se situó en 15,26 días , siendo la Comunidad Autónoma, excluidas las forales, con mejor ratio. Sin embargo, el consejero deberá presentar un plan de ajuste para enjugar el exceso de déficit de casi 500 millones de euros registrado en el último trimestre de 2015 y, que según los datos barajados por el Ministerio, se debió a un incremento de los gastos corrientes de un 14 por ciento.
Este exceso de gasto ha motivado tensiones dentro del ejecutivo regional, especialmente entre el consejero de Hacienda y el vicepresidente, según ha podido saber clm21.es. Fuentes consultadas por clm21.es temen que el inicio de un nuevo proceso electoral y la presión de Podemos para llevar a cabo un incremento del gasto desequilibren las cuentas regionales y disparen el déficit de la Comunidad Autónoma.
El déficit de Castilla-La Mancha a finales de febrero, era del 0,06 por ciento del PIB regional, lo que en valores absolutos se traduce en una necesidad de financiación de 24 millones de euros en el primer bimestre del año. El comportamiento financiero de nuestra región es notablemente mejor que el del conjunto de las regiones españolas, cuya cifra de déficit se situó en el 0,11.
Las razones que justifican este bajo porcentaje se encuentran en un incremento de la recaudación por impuestos y en un frenazo al gasto en que a primeros de año. A este hecho se suma que se estuviesen gestionando unos presupuestos prorrogados, lo que incide en que no se hayan producido determinadas órdenes y convocatorias de ayudas y proyectos de inversión.
Un mejor comportamiento de la recaudación y un frenazo al ritmo del gasto, sitúa la necesidad de financiación del primer bimestre en 24 millones de euros
El Gobierno de García-Page se vio en la necesidad de crear una oficina de control presupuestario tras el descontrol del déficit público en el último trimestre de 2015, que pasó del 0,72 por ciento de finales de septiembre al 1,67 a finales de diciembre. Los esfuerzos del titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina, por el control del déficit le han ocasionado algunas fricciones dentro del ejecutivo. El consejero ha reiterado en varias ocasiones que el incumplimiento del objetivo marcado por el Gobierno puede llegar a suponer una sanción a Castilla-La Mancha del 0,2 por ciento de su PIB, tal y como se establece en la ley de estabilidad presupuestaria, lo que equivale a 78,5 millones de euros
Territorios, como la vecina Extremadura, ya habían alcanzado a finales de febrero un índice del 0,7 por ciento, habiendo llegado a la última cifra límite establecida para todo el año, después de la revisión a la que se vio obligado el Ministerio presionado por todas las regiones, que subió el límite anual del 0,3% del PIB al 0,7% produciendo así una distribución más equilibrada del reparto del esfuerzo fiscal entre el gobierno central y las regiones.
En comparación al mismo periodo del pasado año, Castilla-La Mancha ha reducido sus necesidades financieras tanto en valores absolutos como porcentuales. En el primer bimestre de 2015 nuestra región tenía un déficit financiero de 43 millones de euros, que equivalía al 0,11 por ciento del PIB.
Y si Extremadura era la Comunidad en peor situación, Rioja, Galicia y Asturias, presentaban unas cifras de superávit financiero.
El buen dato de Castilla-La Mancha se debe fundamentalmente a un mejor comportamiento de los recursos no financieros, que han crecido un 5 por ciento respecto a 2015, llegando a los 877 millones de euros. En ese aumento ha sido determinante la mayor recaudación por impuestos que subió un 8,8 por ciento
Sin embargo, los gastos subieron a menor ritmo. La evolución del gasto global de Castilla-La Mancha acumulaba un crecimiento más moderado, del 2,1 por ciento, hasta alcanzar los 901 millones de euros.
El gobierno deberá presentar un plan de ajuste de casi 500 millones porque disparó el gasto corriente un 14 por ciento en el último trimestre de 2015
De estos, 812 millones son computables a los efectos de la regla del gasto, que establece que “la variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”. A finales de febrero la variación registrada era del 2 por ciento, cuando el límite está en el 1,8 por ciento. Las cifras mensuales en este caso son indicativas ya que el cumplimiento se computa a 31 de diciembre.
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