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LAS FINANZAS AUTONÓMICAS, UN POLVORÍN
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(Foto: Javier Carro via Wikimedia Commons)

LAS FINANZAS AUTONÓMICAS, UN POLVORÍN

jueves 08 de septiembre de 2016, 10:38h

La crisis política española, plasmada en la imposibilidad de formar gobierno desde hace casi nueve meses, amenaza seriamente a algunos de los principales proyectos de nuestra Comunidad e incluso puede llegar a repercutir en los servicios básicos que reciben los ciudadanos.

De hecho, el ejecutivo autonómico ya baraja algunos planes de contingencia, como es el aplazamiento de algunos pagos y la paralización de algunos gastos, máxime teniendo en cuenta que no va recaudar por impuestos propios los 1.000 millones que había previsto. Las proyecciones alertan de que se alcanzará entre el 80 y el 82 por ciento como máximo.

La crisis política nacional está repercutiendo gravemente en los escenarios económicos de las Comunidades Autónomas

Que para hacer política y para gobernar hace falta dinero es algo obvio. Que para regular la actividad presupuestaria y la financiación de las Comunidades Autónomas hace falta un ejecutivo y un parlamento nacionales, también. La paralización institucional nacional ya ha dado los primeros avisos respecto al dinero público. Castilla-La Mancha puede ver recortado sus ingresos en 160 millones de euros este año y otros 180 millones el próximo tan sólo por no aprobarse la modificación del límite máximo de déficit para cada ejercicio. Hay que tener en cuenta que sólo 1.000 de los 8.420 millones de euros que el gobierno regional tiene previsto gastar este año se recaudan en la Comunidad Autónoma. El resto procede en su mayoría del Gobierno central. Otros fondos vienen de la Unión Europea. Parlamento y Comisión tienen entre manos posibles sanciones a España por el incumplimiento del déficit de 2015, entre ellas un bloqueo o congelación de los fondos estructurales, lo que preocupa seriamente en el ejecutivo autonómico. Además, la Unión ha advertido a nuestro país que va a seguir con extremada atención las cuentas públicas españolas y el grado de cumplimiento de nuestras obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La provisionalidad de la política nacional afecta ya a los fondos que recibe Castilla-La Mancha y al futuro modelo de financiación. El 21 de abril se aprobaron los presupuestos que permitían a Castilla-La Mancha un déficit del 0,3 por ciento de su Producto Interior Bruto, lo que en la práctica supone que puede gastar aproximadamente 115 millones de euros más de sus ingresos. Una semana después, el Consejo de Política Fiscal y Financiera elevó ese límite al 0,7, lo que implicaba otros 160 millones adicionales. Las regiones se agarraron a ese acuerdo y aceleraron el ritmo de gasto. Pero ese acuerdo necesitaba ser refrendado por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales. A día de hoy ese refrendo no se ha producido todavía. Las Comunidades Autónomas ya habían alcanzado un déficit de casi el 0,5 por ciento en el mes de mayo. Frenar de golpe ahora, a apenas tres meses de acabar el año y con proyectos ya firmados y comprometidos puede hacer descarrilar las cuentas de todas las Comunidades. De hecho, la primera consecuencia es el retraso en los pagos a sus proveedores que ya se han empezado a dar en algunas regiones. En la nuestra, el último dato del periodo medio de pago a proveedores se situó en julio en 22,31 días. Las finanzas autonómicas se han convertido en un polvorín que el Ministerio trata de enfriar antes de que un estallido afecte gravemente a la recuperación económica y social. Un polvorín que en el terreno político sirve para presionar desde diferentes frentes a los líderes nacionales para que lleguen a un acuerdo.

La Hacienda de Castilla-La Mancha ha iniciado un silencioso recorte del gasto para evitar el descarrilamiento presupuestario

Nuestra Comunidad ha tenido que paralizar el gasto de 25 millones de euros que tenía previsto hacer fundamentalmente en inversiones y subvenciones por exigencia del Ministerio al haber incumplido el déficit en 2015. Sin embargo, el análisis de la ejecución presupuestaria multiplica la congelación de algunas partidas, precisamente para tratar de controlar el déficit. El ejecutivo autonómico se está retrasando en hacer público los datos de ejecución presupuestaria de agosto, pero ya en los de julio se observa esa reserva de gastos que afecta fundamentalmente a las inversiones, cuyo grado de gasto está por debajo del 20 por ciento. Lo mismo ocurre con la subvenciones que el ejecutivo concede a municipios, empresas e instituciones sin fin de lucro para que lleven a cabo inversiones. También está en torno al 20 por ciento. Mayor celeridad llevan las subvenciones para gastos corrientes, que se sitúan en el 41,5 por ciento.

Mientras el ejecutivo regional trata de trasladar una imagen de actividad y de gestión, la Consejería de Hacienda va metiendo la tijera para tratar de enfriar el ritmo de gasto y ya ha tenido que hacer la poda en otros capítulos del gasto presupuestario. Así, ya da por aplazado el pago a los empleados públicos del 12,5 por ciento de la paga extra de 2012 que queda pendiente y que tenía comprometido para el último trimestre del año. El pago será en enero, con cargo a 2017 con un año entero donde el déficit estará por escribir. Ruiz Molina quiere llegar con los deberes hechos a final de año y, especialmente a la reunión que tendrá el día 19 próximo con el secretario de Estado de Administraciones Públicos en la que se analizarán las cuentas autonómicas y el grado de cumplimiento ahora y a final de año de nuestras obligaciones en déficit público, nivel de endeudamiento y regla de gasto.

Como ya informó clm21.es, en junio el déficit autonómico llegó a tocar el 0,8 por ciento, sobrepasando el máximo anual. Fuentes de Hacienda achacan esa fuerte desviación a la repercusión de la paga extra de los funcionarios y, como señaló el consejero, en julio se corrigió hasta situarlo en el 0,27, cifra que está pendiente de confirmación por la Intervención General del Estado. Fuentes de la consejería señalan que los otros dos criterios, reducción de deuda viva en relación al PIB y regla de gasto, se están cumpliendo.

El equipo de Hacienda trata de mantener la más absoluta reserva sobre estos temas. Nuestro medio ha reiterado en varias ocasiones la solicitud para mantener una entrevista con el consejero en la que pudiera ofrecer más detalles sobre la situación financiera de nuestra Comunidad. Algunos de los datos que se publican en el portal de transparencia llevan cinco meses de retraso.

Sí anticipó el consejero un presupuesto provisional para 2017, sobre supuestos ingresos provenientes del Estado y sobre el supuesto más favorable de déficit, el 0,5 por ciento, que está sin aprobar por los poderes del Estado y que es una recomendación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El acuerdo vigente cifra el límite de déficit autonómico en el 0,1 por ciento.

El panorama requiere de adopción de acuerdos a nivel nacional que permitan una seguridad en la gestión económica y desactivar la bomba en la que se pueden convertir las finanzas de las Comunidades Autónomas, una bomba que, en la mayoría de los casos, se ceba desde los diferentes territorios y que puede suponer una grave represalia de la Unión Europea, “no se atreverán –dice un alto cargo del gobierno autonómico- Con el problema de los movimientos de separación en diferentes países iniciados con el Brexit no se pueden arriesgar a que en España los populistas digan ‘pues nos vamos’”. Que es tanto como darle patadas a la bomba porque nadie cree que vaya a estallar. Y ese estallido se dejaría notar, de nuevo, en más recortes, fundamentalmente en pensiones, sanidad e inversiones públicas.

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