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El recorte salarial a los empleados públicos en 2021 supondría 450 millones en el gobierno central y 70 millones en CLM
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El recorte salarial a los empleados públicos en 2021 supondría 450 millones en el gobierno central y 70 millones en CLM

  • Los ministros económicos no descartan la congelación salarial de los empleados de las administraciones

martes 15 de septiembre de 2020, 11:36h
La vuelta a la congelación salarial de los funcionarios públicos que no descartan los ministros económicos del gobierno de España supondría a Castilla-La Mancha un ahorro de 70 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los salarios de los empleados de las Comunidades tienen que ajustar su evolución a lo que dicte la normativa del Estado, es decir lo contemplado en los Presupuestos Generales.
En el caso del gobierno central, la vuelta a la austeridad y a los recortes se traduciría en un ahorro de 450 millones de euros.

En 2010 la crisis financiera llevó al gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero a efectuar un recorte en el salario de los empleados públicos de un 5% de media. Tras la victoria del PP, se mantuvo la congelación salarial y también los aumentos de plantilla. Fue en 2018, con la economía nacional ya en crecimiento y habiendo recuperado los niveles de 2008, cuando se produjo el primer gran acuerdo entre Cristóbal Montoro y los sindicatos. El acuerdo para un periodo de tres años establecía un incremento salarial en 2018, 2019 y 2020 en dos tramos, uno fijo y otro variable ligado al crecimiento de la economía española.

Ese acuerdo ha concluido este año y ni antes de la pandemia ni durante la pandemia se estableció una negociación y un acuerdo sobre la subida salarial de los empleados públicos para los próximos años, ni tan siquiera para 2021.

Tras el deterioro de las cuentas públicas, con una caída de ingresos de 14.454 millones de euros en la recaudación durante los siete primeros meses y una estimación de la recuperación económica en 2021 por debajo de los niveles de finales de 2019, el gobierno busca ahora ajustar sus cuentas para 2021 antes de presentarlas a la negociación con otros partidos y a su aprobación por el Congreso. Y lo hace consciente de que la Unión Europea sigue de cerca sus movimientos, porque viene reclamando durante años a España un ajuste de su déficit estructural. Una senda que se venía siguiendo hasta el año pasado en el que el déficit llegó al 2,38%, el segundo más alto de la eurozona.

Y ese ajuste se venía demandando que se hiciera a través de las políticas de gasto. Precisamente, el gobierno de Pedro Sánchez había defendido tanto en 2019 como antes de la pandemia una política expansiva del gasto sobre la base de pedir a Bruselas la relajación del déficit e incrementando los ingresos a través de un aumento de la presión fiscal.

La pandemia ha roto esa hoja de ruta, porque se ha producido un aumento del gasto además de una caída sustancial de los ingresos (12% acumulado en los siete primeros meses) y porque el deterioro del tejido productivo y de las cuentas de la economía privada dificultan el plan de una subida fiscal.
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