Castilla-La Mancha abona las facturas a sus proveedores en tres semanas

El sector administrativo de la Junta (las Consejerías) es el más ágil y hace los pagos en 19,87 días, mientras que los sectores públicos empresariales y fundacionales son los que más demoran el pago a sus proveedores. Tres empresas y una fundación superan el plazo máximo estipulado por ley de pagar en 30 días. En concreto Gestión Ambiental abona a sus proveedores en 61,49 días habiendo empeorado la ratio de julio cuando lo hacía en 35,49%. Las otras sociedades públicas incumplidoras de la normativa antimorosidad de las empresas públicas son la televisión (53,86 días) y la radio (44,8 días). La fundación Fuenteagria es el ente con mayor demora en sus pagos, superando los 70 días.

Sin embargo, otras empresas públicas como Gestión de Infraestructura (7,47 días) o el holding de desarrollo industrial SODICAMAN (9,9 días) o fundaciones como la del Parque Científico (7,04 días), Impulsa (17,25) o Sociosanitaria (19,88) cumplen sobradamente con la norma. Lo mismo sucede con otros organismos públicos, entre el que destaca por su volumen de suministros, el SESCAM (20,94 días). También algunos Institutos como el de Promoción Exterior (8,25 días) o el Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (12,52).

La Universidad de Castilla-La Mancha presenta en agosto un PMP de 8,25 días.

Los datos relativos al resto de Comunidades Autónomas referidos al mes de agosto no se harán públicos hasta dentro de tres semanas, lo que impide la comparativa de Castilla-La Mancha con el resto de regiones. Ayer mismo, el Ministerio hizo el volcado de todos los datos de julio, en el que Castilla-La Mancha aparece en el grupo de regiones cumplidoras con la ley antimorosidad y con un periodo medio de pago de ocho días por debajo de la media.

Esta situación generó la reacción del departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina. La Consejería de Hacienda de la Junta achaca “el buen comportamiento del periodo medio de pago en la región en los últimos meses está relacionado con el compromiso adquirido por el Gobierno regional al inicio de la crisis sanitaria para abonar lo más rápido posible las facturas a las pymes.

Este compromiso se materializó en el decreto de medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios para afrontar la situación de crisis ocasionada por el coronavirus que el Ejecutivo de Emiliano García-Page aprobó el pasado mes de marzo, en el que se recogía que para facilitar la liquidez a las empresas se priorizaría en el ámbito de la tesorería el pago a pymes y autónomos, que son los principales proveedores de la Administración regional, además de parte fundamental de la estructura productiva de la región.