El gasto en los servicios públicos regionales en 2021 rebasará los 8.500 millones de euros

La rebaja de la financiación se corresponderá mayoritariamente con la disminución de la partida correspondiente a la liquidación de las entregas a cuenta de 2019. El gobierno regional incluirá como gasto ordinario en 2021 los más de 600 millones de euros que recibirá del Estado en 2020 como extraordinarios por fondos Covid y que computarán como déficit que asumirá el Estado.

El gobierno regional trabaja ya en cuadrar los anexos numéricos al articulado de su ley de presupuestos, que ya ha tomado en consideración. Ese ajuste no lo ha podido realizar antes porque el gobierno de España no había facilitado el escenario fiscal que debían seguir las regiones españolas en 2021 ni tampoco las cifras que va a transferir el año que viene a las Comunidades Autónomas dentro del sistema ordinario y extraordinario de financiación.

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes, todavía queda por conocer alguna información que el Ministerio no ha facilitado, como son las cifras referidas a la financiación del sistema de dependencia o cómo se van a articular los fondos europeos de reconstrucción. Una vez finalizado el trabajo de cuadre de los anexos numéricos es previsible que el gobierno regional presente sus presupuestos en las Cortes Regionales la próxima semana o, a más tardar la siguiente para que queden aprobados antes de que finalice el año. El gobierno ya ha anunciado que serán unos presupuestos expansivos.

Los aprobados para 2020 ascendían a 10.505 millones de euros y se espera que los destinados a 2021 rebasen los 11.000 millones de euros, de los que al menos 8.500 millones se destinarán a la gestión de los servicios públicos.

En la información adelantada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio disminuye la financiación ordinaria a las Comunidades en 1.933 millones. Destaca la práctica congelación de las entregas a cuenta para 2021 (las rebaja en un 0,23% respecto a las de 2020) y disminuye en un 15% (1.650) millones las estimaciones de la liquidación de las entregas a cuenta de 2019. La minoración de ingresos también se dejará sentir en los tributos de gestión propia de la Comunidad Autónoma, muy particularmente los provenientes del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esta caída de ingresos tantos propios como transferidos podrá suplirse con más déficit y deuda, estableciendo la referencia en 840 millones.

Para 2020 el gobierno central tenía previsto librar a Castilla-La Mancha 4.914,82 millones de euros como entregas a cuenta, de los que debería detraer 51,3 millones por el reintegro de anticipos. A esa cuantía hay que sumar otros 330,23 millones de euros por la liquidación de la financiación de 2018, con lo que el montante inicial se queda en 5.193,75 millones. La previsión en base al cálculo general es que Castilla-La Mancha reciba en 2021 unos 5.140 millones.

Serán los vencimientos de deuda los que determinen finalmente el presupuesto total de la Junta. A mayores amortizaciones, mayor crecimiento y viceversa. La clave estará en torno a los presupuestos no financieros, es decir a los gastos en la gestión de los servicios públicos. De los 10.505 millones que el gobierno piensa gastar en 2020, 8.093 son en la gestión de los servicios públicos y los 2.412 restantes en activos y pasivos financieros. En principio esos presupuestos no financieros para 2021 rebasarían los 8.500 millones de euros.

Tres meses de retraso del gobierno central

Con tres meses de retraso, el gobierno de España ha facilitado a las Comunidades Autónomas las grandes cifras del dinero que van a recibir por el sistema de financiación para el año que viene, así como el levantamiento de las reglas fiscales y las recomendaciones sobre déficit y deuda. Este retraso es el que ha impedido a los gobiernos autonómicos elaborar sus cuadros presupuestarios y presentarlos para su tramitación parlamentaria que en el caso de Castilla-la mancha es el que ahora ultima la Consejería de Hacienda.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se abordan esos temas se suele realizar en los meses de junio o julio y este año estaba previsto que fuera en julio, pero finalmente se ha trasladado a octubre. Detrás de esta demora se encuentra el retraso del gobierno central en la elaboración de sus propios presupuestos, en los que se deben incluir las cuantías de las transferencias a las Comunidades Autónomas. Ese retraso en la presentación del proyecto y en el adelanto de las grandes cifras obedece, como ha señalado la ministra de Hacienda, a que el ritmo se ha acompasado a la negociación política y búsqueda de apoyos y no el proyecto no se presentará “hasta contar con los apoyos necesarios” para su aprobación.

De hecho, todavía hay cifras que el gobierno central no ha facilitado a las Comunidades, como son las relativas a la financiación del sistema de dependencia o cómo se van a articular los fondos europeos. En los próximos ejercicios también se está a la espera del impacto de los fondos europeos en los presupuestos de nuestra Comunidad, una vez modificadas las perspectivas financieras para el periodo 2021-2027. En ese periodo la Unión gastará 1,8243 billones de euros, de los que 1,0743 billones serán en el presupuesto ordinario y 750.000 millones en medidas extraordinarias para la reconstrucción de la UE después de la pandemia.

La incógnita del gasto de personal

Otra de las cuestiones que quedan pendientes de cuadrar es si hay o no subida salarial a los empleados públicos y en qué porcentaje, datos que son referencia para el resto de las administraciones. Por lo que respecta al capítulo de personal de Castilla-la mancha, el gobierno regional lleva gastado en los dos primeros cuatrimestres del año 2.244 millones de euros, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2019, debido no sólo al incremento salarial a los empleados, también al aumento de contratación de personal sanitario para hacer frente a la pandemia.