Miedo me da que de verdad el gobierno empiece a preocuparse por nosotros

De momento, el sistema sanitario empieza a considerar paciente de segunda a los enfermos no covid. Sus casos pasan al cajón de las listas de espera. La atención primaria es -cuando es- telefónica y con cita previa, como si una enfermedad necesitase el permiso de las agendas electrónicas del sistema o como si el reconocimiento del paciente pudiese hacerse aquí y ahora por face time. Esta semana se ha sabido que en algunas provincias de Castilla y León no hay dosis de la vacuna de la gripe con la que inmunizar al personal de riesgo y que no las habrá hasta mediados de noviembre. Es lo que pasa cuando se está a otras cosas.

Pero en esa forma de jugar, en esa forma de preocuparse por los ciudadanos, hay mucho de dejar hacer y dejar pasar. A día de hoy la sensación es que la clase política nacional ha desperdiciado la experiencia de lo vivido en la primera ola de la pandemia para preparar al país para una segunda y hasta una tercera ola. Van de parche en parche. Salvo en algunas cuestiones, como la de la adquisición de material sanitario de protección.

La administración es puro caos. Las listas de espera para cualquier gestión se amplían. La atención telefónica con los servicios de la administración ha pasado de mala a pésima, en la medida de que cuesta Dios y ayuda contactar con el otro lado, si es que se llega a contactar. Y siempre está el pretexto de la Covid, que ya sirve para justificar todo. Tan cierto y verdad es que algunos servicios administrativos no funcionan o, al menos, no en la medida que debieran hacerlo, que el gobierno central, el de la defensa de lo público, ha empezado a privatizar las gestiones que tienen asignadas. Unas veces por la fórmula de las encomiendas de gestión y otras por concursos y contratos. Tal es la situación que no son pocos los informes de expertos económicos o de gestión que reclaman una profunda renovación. Esta misma semana, más de 130 economistas de los más prestigiosos del país han pedido una reforma del empleo público, con una regulación más plural y flexible, análoga a la laboral, para los empleos que no impliquen ejercicio de autoridad, también la implantación de un sistema de evaluación de los gestores.

De momento, parece que lo único que funciona bien es la educación pública. Cierto que la Covid ha creado problemas en los modelos de enseñanza, pero la implicación del personal docente y no docente y también de los alumnos especialmente de los más pequeños (en los mayores la cosa pinta de otra forma) ha permitido una nueva normalidad, que no se ha logrado en otras actividades.

En España se ha implantado el ir tirando, que las costuras no salten. Aquí se juega a la contención, a que la cosa no estalle, a ganar tiempo hasta que haya una vacuna contra el covid. Pero la vacuna no arreglará el desaguisado que hay en los servicios públicos. Y la economía tardará en recuperarse.

El gobierno busca dinero debajo de las piedras para aquí y ahora sin evaluar el impacto de la nueva fiscalidad en la economía. La última decisión ha sido la de proponer el incremento del IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21%. Dice al gobierno que es para combatir la obesidad infantil. Y habrá que creerle. Porque al gobierno que cuida de todos nosotros no se le ocurriría nunca hacer esta subida únicamente para recaudar más porque necesita más dinero.

Una de las consultoras y auditoras internacionales más prestigiosas ha evaluado este proyecto gubernamental de elevar los impuestos a las bebidas azucaradas. El informe es de PwC y concluye que la subida del IVA del 10 al 21% en estos productos provocará la destrucción de entre 1.980 y 6.165 empleos y una caída de las ventas, fundamentalmente en el canal de la distribución, de entre 119 y 370 millones de euros. Esto implicaría una reducción del Valor Añadido Bruto (VAB) total de entre 110 y 334 millones de euros. O sea que parte del dinero que el gobierno coja con una mano vía impuestos, lo soltará con la otra vía prestaciones por desempleo. El saldo monetario le será favorable, pero generará un problema económico (en el sector privado) y otro social.

Es como lo del IVA de las mascarillas, que a juzgar por el tipo al que cotizan (el 21%) no son consideradas un producto esencial. Dice la ministra de Hacienda que no es que no quiera reducir ese IVA, que no es que quiera recaudar más. Que la culpa es de la Unión Europea, que ella quiere bajar el IVA de las mascarillas y recaudar menos pero que Bruselas no le deja. Y claro en Francia, Portugal, Italia… han bajado el IVA, que Bruselas sí les deja. Será que en estos países los gobiernos no quieren aprovechar una necesidad y una obligación (llevar mascarilla) para recaudar más.

Así las cosas, vamos a tener que pedirle al gobierno que el tiempo que les deje libre sus preocupaciones por lo que sucede en los palacios no lo ocupen preocupándose por lo que les pasa a los ciudadanos. Porque cuando lo hacen o es un parche o cuesta más dinero y, encima, nos toma por tontos. Y por favor si lo hacen en las cafeterías de las Cortes no se olviden de que ellos sí tienen subvencionada la Coca-Cola.