La Junta prefiere pedir prestado a los bancos antes que al Estado

El cambio de criterio ya se materializó a partir de 2019, año en el que por primera vez el gobierno regional acudió a los bancos para refinanciarse. Su deuda con las entidades financieras pasó de los 2.253 millones (año 2018) a los 2.596 (año 2019). La variación en la actuación tuvo su origen en la caída de los tipos de interés de los créditos a largo plazo que conceden los bancos como causa del abaratamiento del precio oficial del dinero. De hecho, en 2019, el peso de los créditos de los bancos en la deuda de la Comunidad pasó a ser del 12,7%, frente al 10,1% de 2018.

Conviene reseñar que en 2019 el gobierno tuvo la capacidad de abandonar el FLA al haber cumplido el objetivo de déficit en 2018. Un cumplimiento que se dio por primera vez en la historia. Sin embargo, el Ejecutivo se mantuvo adscrito al Fondo de Liquidez Autonómica, una línea de crédito que se articula a través del Instituto de Crédito Oficial y mediante la cual el gobierno asigna trimestralmente unas cuantías disponibles a las regiones adscritas a este mecanismo, que, a cambio obliga al cumplimiento de determinadas obligaciones, entre ellas la de elaborar un plan de ajuste económico y financiero.

A pesar de ese cambio de criterio dando mayor peso a las entidades financieras, el año pasado Castilla-La Mancha fue la cuarta región española con mayor volumen de refinanciación de su deuda a través de los fondos extraordinarios de financiación autonómica. En concreto, el gobierno regional acudió a este mecanismo para renovar 1.652 millones de euros de vencimientos. No obstante, la deuda final con el Estado se redujo ligeramente, desde los 11.220,5 millones a los 11.113,5.

La estrategia de dar más entrada a los bancos ha seguido este año y permite ahorrar en el pago de intereses, liberando dinero para aumentar los gastos de los servicios públicos. Lo dejó caer el consejero de Hacienda en la presentación pública de los presupuestos. Fue un lamento, ya que el endeudamiento a través de operaciones en el mercado debe ser autorizado por el Ministerio en la medida en que la Comunidad está adscrita al FLA. Un lamento porque las condiciones en los tipos de interés de los préstamos a largo plazo del sector privado mejoran las del FLA, además de que son accesibles en cualquier momento. No ocurre lo mismo con el Fondo de Liquidez, un mecanismo más burocratizado, con tiempo de arrancada y respuesta mayores.

Durante 2020 el gobierno necesitará financiación extraordinaria por 177 millones de euros, según las propias previsiones de la Hacienda Pública. El año que viene esas necesidades extraordinarias subirán el endeudamiento neto en otros 547 millones de euros por el esfuerzo del gasto en reforzar los servicios públicos en la lucha contra la Covid. En ese escenario, la deuda pública regional sobrepasará los 16.000 millones de euros a final de 2021 y se moverá en torno al 40% del PIB, porcentaje que llegará a rebasar en alguno de los trimestres del año, en el que la deuda regional por habitante superará los 7.800 euros. A finales de junio de este año la deuda ya estaba en el 38,7% del PIB y en 7.586 euros por habitante. Sólo la Comunidad Valenciana tenía mayor carga financiera en función de su PIB (46%) y otras tres requerían mayor esfuerzo por habitante (Cataluña, Valencia y Baleares).