No se habían terminado de apagar los ecos de esas escaramuzas cuando el gobierno, enfrascado en obtener la piedra filosofal de la legislatura -la aprobación de los presupuestos- ha abierto de nuevo el frente de Madrid accediendo a la pretensión de Esquerra Republicana de acabar con lo que se conoce como dumping fiscal de Madrid. Era una de las cuatro exigencias para el apoyo. Entre las tres, una de calado, que marca un privilegio respecto al grupo de Comunidades que reciben créditos del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), entre las que se encuentra Castilla-La Mancha. Es la del fin del control ministerial del gasto por la Generalitat. Este control tiene su origen en la elevada deuda de la Comunidad, el incumplimiento del déficit y la dificultad para obtener financiación en los mercados por lo que tiene que acogerse a los préstamos que le facilita el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica y que conlleva la sujeción legal a la supervisión estatal de su gasto, como ocurre con el resto de las regiones que están adscritas al FLA, como Castilla-La Mancha.
La defensa de la armonización fiscal entre comunidades es vista como una limitación de la autonomía financiera
Las otras dos medidas son el alargamiento de la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad social para los autónomos y el pago de una deuda pendiente por unas becas del Ministerio de Educación.
Lo que plantea el acuerdo entre el gobierno y el partido independentista catalán es limitar la autonomía financiera de Madrid, un sinsentido en un estado autonómico y más si es promovido por un partido independentista.
Pero esa limitación en la práctica afecta a las declaraciones de la renta de los madrileños a los impuestos que tienen que pagar por comprarse una vivienda o un coche de segunda mano o por las herencias o donaciones que reciban de sus familiares, es decir quieren que los madrileños paguen más.
Se lo dejaron hecho a Ayuso, que dijo que, de hacerse, será "la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta y la corruptela al independentismo".
El equipo de Isabel Díaz Ayuso hizo esta lectura práctica la presidenta fue contundente en la defensa de sus ciudadanos (más que de su autonomía financiera). El gobierno se vio obligado a replegar velas y decir que se trata de una comisión de estudio, que si hay limitación a la bajada de impuestos como tiene Madrid será dentro del modelo de financiación autonómica. Pero Ayuso ya le había echado encima a los electores.