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EL RETRASO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS HACE SALTAR LAS ALARMAS
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EL RETRASO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS HACE SALTAR LAS ALARMAS

viernes 02 de diciembre de 2016, 09:50h

El retraso del Gobierno Regional en la gestión de proyectos financiados por la Unión Europea puede hacer perder a nuestra Comunidad parte de los fondos destinados a ejes considerados estratégicos, como la lucha contra el desempleo, el apoyo a las industrias agroalimentarias o la mejorar de la competitividad de nuestras pymes, entre otros, según fuentes consultadas por clm21.es

El año que viene vence el plazo para presentar ante la Unión las solicitudes de pago por el importe mínimo de la asignación financiera del primer año del marco operativo 2014-2020, de los programas de los fondos estructurales.

El año que viene vence la justificación del primer año del programa operativo 2014-2020

Consciente de este retraso, el ejecutivo autonómico ha tratado de buscar una salida a través de la ley de presupuestos para 2017. En el artículo 10 del anteproyecto se prevé que las modificaciones presupuestarias que afecten a los fondos europeos “incluirán en el expediente un informe no vinculante del órgano responsable de gestión de los fondos ante la autoridad estatal o comunitaria, que se pronuncie sobre la repercusión en la senda de ingresos y gastos, sobre su distribución temporal y sobre la conveniencia o no de realizar dicha modificación”.

Esta y otras referencias, en el anteproyecto de presupuestos a la gestión de los fondos europeos, son interpretadas por las fuentes consultadas por clm21.es como medidas que el gobierno está tratando de establecer a fin de evitar la pérdida de fondos por el retraso en la gestión de los proyectos.

Los fondos comunitarios se pierden automáticamente si no se utilizan en los tres años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial, una regla que se conoce como N+3, de modo que lo comprometido en 2014 ha de gastarse antes de que acabe 2017. A finales del periodo anterior, 2007-2013 en el que la regla era N+2, España estuvo a punto de perder 5.000 millones de euros por retrasos en la gestión. Los negociadores de la Unión ampliaron el plazo en un año para el periodo siguiente, porque la crisis económica dificultaba a los Estados la cofinanciación.

Durante los últimos meses, clm21.es ha tratado sin éxito de que el Gobierno le facilite información sobre la situación de los proyectos financiados con fondos europeos, tanto de los últimos años, como de los previstos para 2017.

Europa destina en este periodo 36.000 millones para España, a lo que se suman otros 17.000 aportados por nuestro país. 19.393 van al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 8.446 son para el Fondo Social y 8.291 millones para el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural

El Programa Operativo FEDER para Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020 es de 535,65 millones de euros provenientes de la Unión Europea. A esta cuantía habría que añadir la de proyectos que afectan a varias regiones.

El anteproyecto de presupuestos introduce una norma para regular las modificaciones y tratar de evitar la pérdida de fondos

En cuanto al Fondo Social, el Programa Operativo de nuestra Comunidad asciende en estos 7 años a 189,5 millones de euros, que se deben complementar con otros 47 millones de euros de la aportación nacional. Estos 236 millones de euros se deben destinar a reducir el desempleo y a aumentar la calidad laboral, al apoyo a emprendedores, a reducir el abandono escolar, a mejorar la forma para el empleo y la reducción de la exclusión social.

Además, el Programa de Desarrollo Rural contempla una aportación de la Unión Europea de 1.148 millones de euros, a los que hay que sumar la aportación nacional, con lo que el PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020 se aproxima a los 1.500 millones de euros.

Nuestra Comunidad está encuadrada en el grupo de regiones en transición, lo que implica que la Unión financia el 80 por ciento del coste de los proyectos, correspondiendo el 20 por ciento restante a Castilla-La Mancha. Sin embargo, el gobierno trata de negociar con Bruselas rebajar nuestra aportación. La justificación es la caída registrada en la riqueza regional durante la crisis, lo que nos volvería a situar como región desfavorecida, lo que conlleva mayores beneficios y bonificaciones fiscales.

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