Cerca del 30% de los consumidores no puede afrontar un gasto no previsto durante la pandemia

Según la encuesta realizada a más de 500 consumidores en el marco del estudio, el 25,8% de los encuestados reconoce que no podría realizar el pago de un gasto no previsto con un importe de más de 700€. De la misma forma, el 30% de los usuarios que se han encontrado en alguna de estas situaciones de dificultades de pago (aparecer en la lista de morosos, acceder a créditos rápidos, pedir ayuda a familiares, pedir ayuda a ONG’s, sufrir cortes o darse de baja en un servicio) declara haberlo hecho en el último año debido al impacto negativo del Covid 19.

ADICAE advierte que los datos de la encuesta sobre los consumidores indican que estar actualmente trabajando ya no es impedimento para evitar una situación de riesgo de pobreza. El 48,7% de consumidores que se han visto incapaces de evitar un retraso en el pago de bienes básicos, tiene un empleo.

En ese sentido, para evitar situaciones de impago de bienes básicos, el 14,1% de los consumidores recurrió a créditos rápidos, mientras que el 13,9% que pidió ayuda a familiares o amigos (13,9%).

Ante servicios prestados por entidades financieras, el 28,6% de los usuarios declara haberse sentido engañado en el último año, mientras que el 76,3% se ha sentido engañado en algún momento.

Según datos del estudio, las reclamaciones por parte de los consumidores es una asignatura pendiente en España, ya que el 50,9% ha tenido en el último año una circunstancia para efectuar una reclamación en el momento de realizar una compra o recibir un servicio. En tanto, de las compras realizadas por internet, los encuestados señalan que en el 17,5% de las ocasiones no han tenido respuesta a sus reclamaciones.

En relación a ayudas sociales en diferentes ámbitos (Ingreso Mínimo Vital, cuenta básica, bono social eléctrico, etc.), el estudio de ADICAE destaca el importante número de ayudas denegadas en comparación con las concedidas. Un 4,6% de los encuestados declara que su solicitud de moratoria de préstamos fue denegada frente a un 4% que fue concedida, mientras que, en cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad, a un 4,2% de los participantes le fue denegada la solicitud frente a un 1% concedida y un 6,5% de solicitudes denegadas por el bono social eléctrico frente a un 8,9% concedido.

La poca incidencia del Ingreso Mínimo Vital se debe a la dificultad a la hora de preparar la documentación y a la falta de atención presencial a la hora de solicitarlo, provocando que el 4,6% de la solicitudes de los encuestados fueran denegadas frente 2,7% de ayudas concedidas.

Aunque estos diferentes tipos de ayudas establecen diferentes requisitos y baremos para determinar qué ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad, evidencia los exigentes requisitos que dejan fuera de estas ayudas a un amplio número de consumidores que se consideran vulnerables.

Este estudio forma parte del proyecto “Consumidores y usuarios vulnerables ante los servicios financieros y grandes temas del consumo”, subvencionado por el Ministerio de Consumo, para alcanzar una definición o concepto de consumidor vulnerable y analizar las diferentes causas de consumidores en riesgo de exclusión financiera, energética y de telecomunicaciones.