Las nuevas medidas fiscales y de sostenibilidad presentan su cara y su cruz para la Comunidad. El gobierno, satisfecho con los últimos 40 millones que va a reportar a nuestra Comunidad la flexibilización de los objetivos de déficit, se tiene que poner a echar cuentas de lo que le va a suponer a las arcas de la Comunidad Autónoma el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social aprobadas por el Consejo de Ministros para 2017 y que van del 8 por ciento para aquellos empleados públicos cuya retribución equivalga al salario mínimo, al 3 por ciento de las bases máximas.
Esta medida en principio va a suponer un coste a las arcas de la Comunidad Autónoma entorno a los 12,5 millones de euros más. En concreto, durante 2016, los costes de Seguridad Social de los empleados públicos han sido de 414,5 millones de euros. A esta cantidad habrá que sumar la repercusión que la subida tenga en aquellas plantillas de empresas y entes públicos que no estén contabilizadas en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma y que se financien con partidas de subvenciones nominativas, como el ente público de la radio y la televisión de Castilla-La Mancha, la Universidad o las fundaciones.
Las bases máximas se han situado en 3.751,20 tras el incremento del 3 por ciento y afecta a todos aquellos trabajadores que tengan unas retribuciones brutas anuales iguales o superiores a los 45.014,40 euros.
A esa cuantía hay que sumar el coste de los entes y organismos públicos que se pagan sus nóminas con subvenciones del gobierno
Queda pendiente el debate de la propuesta de levantar el tope máximo de cotización, lo que implicaría aplicar el cálculo de pago sobre la totalidad de los ingresos. Ese coste aún no ha sido calculado ni a nivel de empleador ni a nivel de empleado. En ese caso, el impacto global variaría en función de la distinta condición del empleado público y de sus condiciones de cotización, pero en el caso de personal no funcionario, el impacto estaría en torno al 35,5 por ciento sobre la cuantía que superara esos 45.014,40 euros, de los que la mayor parte correrían a cargo del empleador, en este caso la Junta de Comunidades, que debería abonar aproximadamente un 29 por ciento sobre la diferencia en exceso, mientras que al trabajador le repercutiría en torno al 6,5 por ciento. En el caso de los funcionarios las cuantías serían menores porque no cotizan al desempleo ni al fondo de garantía salarial.
La flexibilización de los objetivos de déficit ha confirmado que Castilla-La Mancha dispondrá entre 2016 y 2017 de 350 millones adicionales. La decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de rebajar las exigencias de la senda de sostenibilidad ha permitido a nuestra Comunidad obtener 40 millones más para 2017, que se suman a los otros 160 que ya se daban por descontados, aunque no existiera decisión en firme. Ahora el compromiso del Gobierno elevará el acuerdo a definitivo y será ratificado por las Cortes.
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