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La triple amenaza para la economía 2021: La debilidad de los ingresos, la falta de liquidez y la morosidad
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La triple amenaza para la economía 2021: La debilidad de los ingresos, la falta de liquidez y la morosidad

  • Se abre paso la propuesta de participaciones preferentes del Estado en las empresas para inyectar liquidez
  • Las entidades financieras piden facilitar el fáctoring y el confirming para dar liquidez a corto y evitar la morosidad

domingo 21 de febrero de 2021, 18:51h
El año económico empieza a tomar cuerpo. Y aunque buena parte de la imagen dependa de la inyección de los fondos europeos, los movimientos empresariales y de las administraciones públicas, ya perfilan las líneas maestras. Hay mayor peso del sector público y menor del privado. Los miedos que ya se ven en el tablero son a la pérdida de ingresos, a la falta de liquidez y a la morosidad.
En el sector público pesa mucho el miedo a la caída de la recaudación, de ahí que las administraciones no proyecten estímulos basados en las rebajas o suspensiones temporales de impuestos. Hay claros ejemplos de este comportamiento, la negativa a suprimir el IVA de las mascarillas, también el rechazo a suspender las liquidaciones fiscales de los autónomos y pymes con los establecimientos cerrados por orden gubernativa (IVA, IBI…). Algo que condiciona mucho a los sectores privados más afectados por la crisis.

La deuda pública

Las administraciones quieren controlar su déficit y su deuda que se encuentra en máximos históricos (1,311 billones de euros, de ellos 303.452 millones, el 23,14%, generada por las Comunidades Autónomas). Las administraciones están aplicando mejoras para evitar los agujeros en la recaudación sobre las figuras fiscales tradicionales y han creado nuevos impuestos o subido algunos de los ya existentes. También está presente la experiencia de la crisis de 2008, cuando la falta de recaudación llevó a demorar pagos a proveedores y se produjo un efecto dominó en la economía que arrastró a decenas de miles de empresas y a la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo.

A finales de noviembre, la deuda de las Comunidades Autónomas estaba en los casi 5.100 millones de euros. El nivel era similar al que se registraba un año antes. Claro que en 2020 el presupuesto de compras ha sido mayor, especialmente en el ámbito sanitario, lo que ha hecho que la deuda con estos proveedores haya aumentado en 800 millones de euros, mientras se ha reducido en otros sectores.

Con mayor volumen de dinero gestionado en compras de bienes y servicios, las administraciones autonómicas han logrado reducir el plazo en pagar las facturas. Si hace un año, el Periodo Medio de Pago estaba en 37,14 días, en 2020 se rebajó a 32,26. El límite legal está en 30 días, un nivel al que no se llega desde diciembre de 2018. En el caso de Castilla-La Mancha, el recorte en los plazos fue hasta noviembre de más de 10 días y en diciembre el PMP estaba por debajo del plazo legal.

La morosidad privada

En el sector privado, el plazo legal de pago llega hasta los 60 días. Y en la economía privada lo que preocupa es la rigidez de la norma que está en revisión en el Congreso. La caída de facturación y de la cifra de negocios ha llevado a las empresas españolas a rebajar su financiación a través de mecanismos como el factoring y el confirming. El dinero en circulación se reduce.

La falta de liquidez es uno de los caballos de batalla en 2021. Grandes empresarios y banqueros e incluso instituciones europeas o de otros países de la Unión, apuestan por facilitar mecanismos que permitan la supervivencia de empresas viables, y ponen un acento especial en las pymes y autónomos que forman gran parte del tejido empresarial para evitar que la pieza económica rasgue con facilidad.

Preferentes para luchar contra la crisis

Las últimas propuestas llegaban esta misma semana desde FEDEA e incidían en algunas ideas ya expuestas: que los gobiernos tengan créditos participativos con las empresas. ¿Qué es eso? ¿Alguien se acuerda de las preferentes?, esa figura que tantos quebraderos dio a algunas cajas de ahorro en la crisis financieras. De lo que se trata ahora es que sea el Estado y no los particulares el que inyecte dinero en las empresas mediante la entrega de dinero a recuperar cuando se normalice la situación económica y financiera de la compañía beneficiada. Un dato a tener en cuenta es que las participaciones preferentes no dan derecho a voto en la gestión empresarial, es decir que no se trata de una participación del Estado en el capital social de las compañías ayudadas.

La otra fórmula es la del aplazamiento de la deuda tributaria de las compañías con problemas también a cobrar cuando la situación se normalice. No es por tanto una reducción de impuesto, sino un aplazamiento, como tampoco son ayudas a fondo perdido, sino a devolver a partir de cuando las compañías equilibren sus balances.

Algunos economistas se decantan por los créditos participativos antes de que por las nacionalizaciones totales o parciales. Esta última figura que se maneja para grandes empresas no puede llegar a pymes y autónomos.

Las Comunidades Autónomas pueden optar por implementar estas medidas, algo que es de extremada importancia en economías como la de Castilla-La Mancha, caracterizada por el peso de las micropymes. También por impulsar la economía social y la generación de nuevas empresas bajo la fórmula de sociedades laborales.

Las regiones van a ver aumentar su volumen de ingresos en 2021. Buena parte tendrá su origen en el endeudamiento autonómico o estatal y en los fondos europeos contra la crisis (REACT-EU. Next Generation) y los mecanismos de recuperación y resiliencia. Castilla-La Mancha prevé ingresar 392 millones por el REACT y 500 por los mecanismos de recuperación. La cuestión por dilucidar es qué porcentaje de los fondos se dedica, por un lado, a reforzar los servicios sociales y, por otro, a mantener e impulsar el tejido productivo y el empleo. Cualquier medida de transferencia de fondos al sector privado, debe basarse en mecanismo de transparencia y control para garantizar su eficacia.
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