Los impuestos sobre el consumo este año aportarán a CLM 2.267 millones, el 45% de la financiación estatal

La financiación de Castilla-La Mancha se completa con otros 2.170 millones proceden de la Unión Europea, 2.980 millones de endeudamiento y el resto de los tributos propios y de transferencias del Estado y de otras administraciones españolas de los 9.000 millones.

En 2021 respecto a 2020, Castilla-La Mancha sólo mejorará la financiación por las entregas en concepto de IRPF (14,65 millones y un 1,07% más), por el impuesto que grava al tabaco (6,16 millones más y un 3,44%) y por el Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales (34,95 millones y un 2,75% más). El resto de las figuras del modelo de financiación aportarán a las arcas de la Comunidad menos dinero que en 2020. En total, la Comunidad ingresará del Estado como entregas a cuenta 1.379,25 millones por renta, 1491,38 por IVA, 775,77 por impuestos especiales y 1.370 millones por los fondos de garantía de los servicios y suficiencia financiera.

El Gobierno financiará a las Comunidades Autónomas de régimen común (todas salvo las forales de Navarra y País Vasco) con 105.522 millones de euros en concepto de entregas a cuenta durante este año. De esta cantidad, Castilla-La Mancha recibirá 5.016,36 millones de euros, 39,51 millones menos que en 2020.

Este dinero que llega a lo largo del año es el adelanto que el Estado hace a las Comunidades para su financiación. La cantidad se calcula a partir de las estimaciones de ingresos del Estado y dos años después las haciendas autonómicas y estatal hacen cuentas entre lo que realmente se ha recaudado y la cantidad adelantada. Normalmente esa liquidación suele ser a favor de las Autonomías, salvo en periodos de crisis, como ya sucedió en 2008 y 2009. Entonces el gobierno facilitó que las Comunidades fueran pagando su deuda al Ministerio en plazos anuales. Esa situación es previsible que se repita en 2022 cuando se haga la liquidación del año 2020. El año pasado las Comunidades recibieron unas entregas a cuenta sobre unas previsiones de recaudación del Estado que por la fecha en las que se realizaron (2019) no pudieron tener en cuenta la caída de recaudación por el impacto del coronavirus.

Para 2021 sí se ha tenido en cuenta esa merma en los ingresos del Estado. De ahí que las entregas a cuenta se hayan reducido 280 millones de euros respecto a las de 2020, fundamentalmente por el descenso del componente fiscal que baja 287 millones de euros, mientras suben en 7 millones el dinero de los fondos. Todas las Comunidades salvo Madrid ven reducida su financiación, salvo Cataluña (que la incrementa en 5,45 millones, y Madrid, que lo hace en 179 millones.

La Comunidad que más fondos recibe del Estado como entregas a cuenta es Cataluña (19.710,8 millones de euros que representan el 18,7% del total del sistema), seguida de Andalucía (19.635,8 millones y 18,6%). Madrid recibe 14.992,8 millones, el 14,2% del total. Los 5.016,36 millones de Castilla-La Mancha representan el 4,8% de las entregas a cuenta.

El reparto obedece al sistema de financiación autonómica aprobado para el periodo 2009-2014, que está en prórroga desde entonces, a pesar de las quejas de las Comunidades. Ese sistema establece que las regiones españolas reciben el 50% de la recaudación del IVA y el 50% del IRPF, con la posibilidad en este último caso de actuar fiscalmente (subiendo o bajando los tramos, los tipos o estableciendo deducciones) sobre ese tramo de su competencia, cosa que no sucede con el IVA. Además, reciben el 58% de la recaudación por impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol, tabaco, cervezas…). La financiación se completa con dos fondos. El primero es el de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de suficiencia Global.

Esta composición explica cómo es previsible que, en 2022, cuando Ministerio y Comunidades liquiden la financiación de 2020, estas últimas tendrán que abonar una diferencia al Estado. Los impuestos especiales sobre la fabricación y distribución y los del IVA se han visto fuertemente afectados por el confinamiento de primavera y por los sucesivos cierres de actividades. Esa revisión se producirá en año preelectoral, por lo que se da por descontado que las Comunidades y el Ministerio llegarán a un acuerdo que impida paliar el impacto en las cuentas públicas de las Comunidades para ese ejercicio, siempre y cuando la evolución económica lo permita. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fondos de las Autonomías se destinan al pago de tres de los cuatro pilares básicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). El cuarto es el de las pensiones.