Los tiempos han hecho que las exigencias de Podemos sobre la Ley de Garantías se queden, a corto plazo, en un Plan con el que atajar los efectos de la crisis en los sectores en exclusión o riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha.
El Plan aborda tres derechos ciudadanos esenciales e irrenunciables: vivienda, suministros básicos y renta garantizada, y persigue una nueva perspectiva de las políticas sociales, contempladas como un todo interconectado y no como compartimentos estancos y de medidas dispersas de la acción del gobierno. De ahí que en su presentación, el secretario general de la formación morada en nuestra Comunidad, José García Molina, haya propuesto como primera medida –en paralelo a otras de efecto directo en la vida de los castellano-manchegos- la creación de la ventanilla única social que atienda y canalice las demandas de las necesidades ciudadanas.
El documento ha sido entregado al ejecutivo que preside García-Page y pretende servir e influir en la elaboración de los presupuestos de Castilla-La Mancha para el este año. “Si no hay plan, nosotros no aprobaremos el presupuesto”. Ha afirmado García Molina, quien ha confesado que la experiencia de este último año les ha borrado la ingenuidad con la que llegaron a las instituciones y con la que firmaron el acuerdo de investidura. Tras la asunción del plan desde el punto de vista económico y presupuestario, Podemos pretende un desarrollo legislativo y abundar en otras medidas que no han quedado suficientemente contempladas en el documento, como la política sanitaria o la de dependencia, como ha reconocido el propio José García Molina, quien cree que esta misma semana se puede producir el primer encuentro negociador entre el ejecutivo y Podemos.
Y si el Plan de Garantías se fundamenta en las políticas de gasto, aunque García Molina no ha determinado cuánto puede costar este Plan a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, el secretario general de Podemos ha reconocido que su partido plantea poner el énfasis en los ingresos e ir a una reforma fiscal sobre los tributos competencia de la Junta de Comunidades “que permita una mayor progresividad fiscal”. En la actualidad, además de las posibles deducciones autonómicas en el IRPF, la Junta de Comunidades tiene competencias en impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados.
Como ya informó clm21.es y a tenor de los datos de la Agencia Tributaria referidos al impuesto que grava el patrimonio, en Castilla-La Mancha hay 3.817 ricos que suman bienes por valor de 9.031 millones de euros, lo que arroja una riqueza media de todos ellos de 2,37 millones de euros. A estos efectos, se entiende por ricos a aquellos que tienen o superan los 700.000 euros en inmuebles y/o capital mobiliario.
Gobierno y Podemos ya aprobaron una reforma tributaria en abril del año pasado por la que subió un punto el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasó del 8 por ciento al 9, y un cuarto de punto en el de actos jurídicos documentados, que pasó del 1,25 por ciento al 1,50. Por tributos propios, el Gobierno recauda anualmente en torno a los 300 millones de euros de los 8.400 millones que conforman el presupuesto de la Junta de Comunidades.
En el desayuno informativo mantenido con los periodistas, García Molina ha trazado las líneas generales que conforman los pilares del Plan Podemos: “nadie sin una casa, nadie sin suministros básicos y nadie sin renta suficiente para necesidades esenciales”.
La formación morada propone la intermediación del gobierno regional con el fin de evitar los desahucios y facilitar el acceso a la vivienda a través de alquileres sociales y viviendas públicas. Para ello, exigen la creación de un censo de viviendas públicas y privadas desocupadas en Castilla-La Mancha, así como la elaboración de una ley que obligue a los grandes propietarios de viviendas de la Región a ponerlas al servicio de la ciudadanía.
En cuanto a la garantía de suministros, el Plan recoge la paralización de los cortes de luz a través del programa de Pobreza Energética, ya implementado por la Junta, así como la creación de procesos de formación en ahorro y eficiencia. En este punto, García Molina ha querido hacer hincapié en los “elementos estigmatizantes a los que se enfrentan las personas que necesitan de estas ayudas, ya que las gestiona el tercer sector”, para lo que el secretario general de Podemos propone que dichas ayudas se gestionen a través de las entidades bancarias.
Por último, Molina ha abordado la medida insignia de Podemos, la renta mínima garantizada. La fórmula pasaría por incentivar planes de empleo públicos y, para aquellas personas que por circunstancias como la falta de demanda de profesionales de un determinado sector, no pudieran acceder a un puesto de empleo, se les garantizará una renta con la que cubrir sus necesidades básicas.
Si (
No(
