El gobierno regional ha concedido un aval de 3.188.368,13 millones de euros a la Televisión de Castilla-La Mancha para que se pueda suspender la ejecución de la liquidación provisional realizada por la Agencia Tributaria a la televisión autonómica, correspondiente al IVA de 2015. Además, el ejecutivo ha autorizado una operación de crédito a través del Instituto de Finanzas por importe de 3.582.544 euros “destinada a compensar la situación de tesorería derivada del cambio de criterio fiscal de la Agencia Tributaria sobre el IVA soportado por el ente público”.
Desde 2012 las televisiones autonómicas y Hacienda mantienen un contencioso fiscal a propósito de las liquidaciones de IVA, que ha pasado por dos etapas diferenciadas. En la primera, la discrepancia surgió cuando Hacienda entendió que las televisiones autonómicas no podían deducirse, como venían haciendo, todo el IVA soportado, sino sólo el que afectaba a las operaciones comerciales, no a las de servicio público. Ese criterio llevó a Hacienda a reclamar a las televisiones regionales, incluida la de Castilla-La Mancha, cantidades millonarias en concepto de IVA, que consideraba deducido indebidamente desde 2012.
Esta situación provocó que, a finales de 2014, la casi totalidad de los grupos políticos del Congreso avalaran la enmienda introducida en el Senado a la ley de reforma fiscal del Gobierno. PP, PSOE, Entesa, CiU, PNV y grupo mixto acordaron que una modificación por la que las televisiones podrían deducirse todo el IVA soportado a partir del ejercicio de 2015. No obstante, las actas abiertas y las ejecuciones sobre años anteriores siguieron su curso.
Además, el ejecutivo ha autorizado una operación de 3.582.544 euros para compensar la situación de tesorería motivada por cuestiones fiscales
A partir de 2015 se inicia una nueva etapa que no afecta ya a las deducciones de IVA, sino a las subvenciones que reciben las televisiones que se computan como ingresos y, por tanto, se les tiene que aplicar el IVA correspondiente. Las primeras televisiones en conocer este nuevo criterio han sido las de Extremadura y Castilla-La Mancha, mediante procedimientos iniciados por la Agencia Tributaria. Este nuevo proceso ha llevado a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA) en la que se encuadra la de Castilla-La Mancha, no así la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, a encargar un estudio y a llevar a cabo una estrategia conjunta. Algunas corporaciones, como la Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) consideran que está nueva interpretación “haría más costosa la participación pública en los medios de comunicación de las administraciones autonómicas. De hecho, su vicepresidenta, Nuria Llorach, considera que en Cataluña el sobrecoste podría ascender a 50 millones de euros anuales.
En la FORTA trabajan ya en algunas vías para garantizar que el servicio público de televisión autonómica no se vea afectado por el sobrecoste que supone el nuevo criterio de Hacienda. Por ello barajan varias soluciones para eludir esta nueva interpretación, como puede ser que las aportaciones anuales que haga el Gobierno no sean a través de una subvención, sino a través de aportaciones de capital, como socio único. Ello permitiría hacer desembolsos trimestrales para hacer frente a los pagos. Esas aportaciones no estarían sujetas a medidas impositivas. Expertos fiscales consideran que esta salida conllevaría la realización de “operaciones de acordeón” al cierre de cada ejercicio. Así se denominan a las operaciones sucesivas de reducción y ampliación de capital. Al cierre del ejercicio, y con todos los fondos gastados, habría que acudir a una reducción del capital social prácticamente a cero y, a continuación, llevar a cabo una ampliación de capital por el importe del año que hay por delante, con desembolsos periódicos. La cuestión a solventar es que esa medida puede hacerse en el caso de las empresas, que en el caso del ente público son dos, la de la radio y la de la televisión. A ellas se une un tercer órgano, el ente público como tal, del que forman parte.
En el ámbito político y con la Conferencia de Presidentes en vísperas, se estima que sería adecuado que se adoptarse una medida que evitase nuevas interpretaciones y la aplicación de la que ahora se está llevando a cabo, ya que se interpreta que el actual criterio de la Hacienda estatal reduce de facto la financiación de las Comunidades Autónomas, todo ello en un momento en el que está sobre la mesa la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que sustituya al prorrogado desde 2014 y con el que ninguna Comunidad está de acuerdo.
Si (
No(
