¿A qué juegan las eléctricas? ¿Y el gobierno?

Lo cierto y verdad es que tres de ellos, Almaraz 1, Ascó 1 y Cofrentes tenían previsto desde hace tiempo realizar una parada técnica para recarga de combustible en noviembre. Esa parada durará un mes, lo que llevaría ese parón hasta la entrada del invierno. Hasta ahora nadie se ha preguntado por qué las eléctricas habían programado la parada de las tres centrales coincidiendo en un mismo mes, restando capacidad de generación y presionando sobre los precios.

Al margen de este hecho, la actitud de la patronal nuclear al extender ese parón a los otros cuatro reactores parece todo un desafío no sólo al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. El negocio eléctrico, que presenta claras variables de especulación económica sobre un suministro básico, está poniendo en jaque la recuperación global de la economía española ha generado mayor inflación, mayores costes de producción, tiene un impacto en las economías familiares y amenaza a las cuentas públicas con un incremento de los costes de las nóminas y de las pensiones.

Es cierto que la decisión del gobierno crea inseguridad jurídica. La misma que han creado otras decisiones sobre el funcionamiento del mercado eléctrico en nuestro país. Por ejemplo, el cambio regulatorio en la denominada tarifa de discriminación horaria, que provocó que muchos usuarios no hubieran terminado de amortizar su inversión en el sistema de acumuladores cuando se vieron penalizados por una modificación del sistema en beneficio de las compañías. Por ejemplo, el impuesto al sol, que vino a perjudicar el autoconsumo en favor de las grandes distribuidoras. La salvedad en la medida de ahora es que las anteriores jugaban a favor de las compañías y estas no esgrimieron reparos.

Es cierto que la medida del gobierno es transitoria y que algunas de sus propuestas suponen que la rebaja en las facturas a los consumidores no es a fondo perdido, sino que los consumidores deberán abonar ese dinero en las facturas que les lleguen a partir de marzo, que es el mes para cuando el gobierno calcula que se tranquilice el mercado, algo que ya dijo el CEO de Endesa, tal y como publicamos en clm21.es.

Lo cierto y verdad es que el sistema actual favorece la especulación en dos campos. Uno, sobre los derechos de emisiones de CO2. Dos, que la casación de precios hace que se pague un sobrecoste por la energía más barata, como la renovable (en especial la eólica, que es la que más energía genera), también sobre la hidráulica y sobre la nuclear y que ese sobrecoste sea beneficio para las generadoras que son las que marcan en cada momento la capacidad de generación de cada fuente, por ejemplo parando parcialmente la producción eólica o la nuclear y dando más entrada al ciclo combinado, en un momento de escasez de gas, con precio por las nubes y con los costes de emisión de CO2 disparados.

Llegado, es el momento de que el gobierno deje de adoptar parches temporales cuyos criterios están en la línea que separa oportunidad de oportunismo, y aborde un cambio en el sistema de fijación de precios, acorde con los costes y la demanda. No se trata de hablar de familias vulnerables. La escalada de precios ha elevado el número de familias con vulnerabilidad. El gobierno debe crear un marco regulatorio que asegure los suministros básicos de familias y empresas a un precio asequible para todos. Y eso no existe hoy en España, donde al grupo vulnerable, se une otro de personas que sí pueden pagar el recibo pero que están en pobreza térmica en la medida que restringen o anulan los sistemas de calefacción o de climatización para poder hacer frente a la factura. Este segmento, en el que hay un grupo importante de personas de la tercera edad, es el gran olvidado por un sistema de protección social. Y ese segmento de población ve que con sus pagos se cubre a otros la calefacción que ellos no tienen, produciéndose un conflicto social silencioso pero importante.

Es cierto que esta guerra es muy dada al populismo. Un sector del gobierno defiende la creación de una empresa pública de la energía, asociando público a barato y eficiente, algo que intrínsecamente no es cierto y puede que sea o no así, dependiendo de la gestión. Puede que, si funciona con criterios de economía y eficacia, sea así, pero la trayectoria de Unidas Podemos en la gestión pública en la administración general cuestiona que vayan a darse esos principios.

Puestos a poner restricciones a la libertad de mercado, mejor hubiera sido que el gobierno hubiera incompatibilizado que las compañías que generan la electricidad pudieran crear filiales comercializadoras. Tal vez en este caso, los principios de libre competencia supondrían que las restricciones adoptadas en este sentido no tuvieran un revés jurídico y no soslayaran ese principio de libertad de mercado.

Sea como fuere, lo que se ha demostrado es que el actual marco regulatorio hace aguas y tiene en jaque a todo el país: familias, empresas y hasta al propio gobierno. Uno de los componentes regulatorios es el fiscal. El recibo de la luz era una manera fácil de aumentar la recaudación del Estado y de hacerlo de forma rápida y en cantidad. Si el nuevo marco regulatorio debe cerrar las puertas a la especulación de ingresos de las compañías eléctricas (sector privado), también debe cerrar la puerta a la especulación fiscal del sector público. Una voracidad fiscal que hace que el recibo de la luz duplique la cantidad a pagar.