El pasado mes de julio, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, trasladó a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno les transferirá en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017. Esto se haría, según la ministra, a través de una partida presupuestaria en el año 2022.
Ahora, el Gobierno ha informado en una respuesta parlamentaria que Hacienda habilitará para el año 2022 un crédito presupuestario de en torno a 500 millones de euros destinado a las entidades locales como devolución de la liquidación del IVA del año 2017.
Esta habilitación se incluirá también en el proyecto de ley de los PGE y el importe del crédito se ha cuantificado en función del impacto del Suministro Inmediato de Información del IVA sobre la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017, que se cifra en 466 millones de euros. Además, se incluyen otros 30 millones de euros por los posibles intereses de demora devengados.
Así, en total el Ejecutivo incluirá en los PGE del próximo año un total de 3.500 millones de euros tras las dos sentencias del Tribunal Supremo en favor de Castilla y León y Galicia. La propia ministra de Hacienda ya adelantó que se devolvería el IVA del 17 a todas las CCAA y no solo a las comunidades que ganaron el pulso judicial al Estado.
Durante la presentación del techo de gasto para 2022, el consejero de Hacienda y Administraciones públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz-Molina, ya anunció que la Comunidad contaría el año que viene con dos transferencias extraordinarias, una de 350 millones de euros para cubrir la liquidación negativa de 2020 y otra de 142 millones por la deuda del Ministerio por el IVA.
Las diferentes cuantías de estas transferencias están siendo incluidas por todos los gobiernos autonómicos de régimen financiero común (todas las Comunidades salvo las forales de Navarra y País Vasco). La duda que surge es la situación que correrían estos fondos en caso de que el gobierno central no pueda sacar adelante su proyecto y tenga que prorrogar los presupuestos de 2021. Sin la actualización de la previsión de ingresos públicos que debe hacerse en los presupuestos se limita la revisión de las transferencias a las Comunidades
Si (
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