Los 110 ayuntamientos de CLM en la lista negra de Hacienda por incumplir los planes de ajuste

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste. Ese plan de ajuste es seguido por el Ministerio que vela por su cumplimiento. El Ministerio puede adoptar medidas de cumplimiento forzoso a propuesta de la comisión de expertos (los hombres de negro).

La ley establece que en caso persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, “podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”.

En el informe referido a 2020, se recuerda que para ese año quedaron suspendidas las reglas fiscales por la pandemia. En el documento del Ministerio se señalan a 40 municipios de la Comunidad el incumplimiento de las medidas contra la morosidad. A otros 6 se les reprocha que mantengan la dilación en el pago a proveedores. En 10 casos se constata los incumplimientos de las medidas de tesorería para gastos generales y a otros 17 municipios se les indica que no han alcanzado el ahorro neto establecido que les permitiría liberar recursos.

La mayoría de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha incluidos por el Ministerio incumplen la obligación de la información periódica establecida por la ley y su desarrollo normativo.

Buena parte de los ayuntamientos de la Comunidad en seguimiento por Hacienda quedaron afectados por el decreto de 2012 que les permitía la cancelación de sus obligaciones de pago con sus proveedores, mediante unos mecanismos financieros especiales, de lo que se derivó su obligación de elaborar un plan de ajuste. En otros casos fueron por planes de refinanciación de su deuda o por los fondos de ordenación.