El Consejo de Economistas y FEDEA piden eliminar el impuesto de generación eléctrica y limpiar la factura de la luz de costes impropios

El presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, y el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente consideran que cabría implementar otras medidas paliativas adicionales a las adoptadas por el gobierno para intentar atenuar la subida de tarifas eléctricas, entre ellas algunas de índole tributario como, por ejemplo, eliminar el impuesto de generación del 7% de forma definitiva, modificar el sistema de retribución regulada que se aplica a ciertas renovables para evitar que se acumule una sobre retribución que luego habrá que devolver y revisar los mecanismos de extracción de rentas extraordinarias que se han introducido para mejorar su equidad y facilitar su gestión. A más largo plazo, debe abordarse también una reforma global de la fiscalidad medioambiental que contribuya a acelerar el proceso de descarbonización y a repartir sus costes de forma más equitativa.

Respecto a la limpieza en la factura el CGE y FEDEA piden que se valore la posibilidad de trasladar a los Presupuestos Generales del Estado la parte de los extracostes peninsulares que aún se paga a través de la factura eléctrica. Puesto que estos costes responden a consideraciones de solidaridad interterritorial, su mecanismo natural de financiación son los presupuestos públicos y no la factura eléctrica.

También se propone ligar el precio minorista regulado, al menos en parte, a los precios de contratos a plazo para dotarlo de mayor estabilidad.

La exposición de la sesión ha corrido a cargo de Diego Rodríguez, catedrático de la UCM, investigador de Fedea y experto en la regulación de la electricidad en España.

Para Diego Rodríguez, “aunque las perspectivas de medio y largo plazo son de una reducción de los precios de la electricidad, el corto plazo va a seguir caracterizado por precios altos, especialmente hasta el segundo trimestre del próximo año. Esta es una situación común a todos los países europeos, pero agravada en países periféricos como España, con mayor peso del gas en el mix de generación y menor grado de interconexión”.

En cuanto a la formación de los precios de la electricidad en nuestro país, Rodríguez considera que debe huirse de soluciones poco meditadas, no dialogadas ni informadas por los organismos de control habituales: “el conjunto de herramientas disponibles está marcado por la Unión Europea, que ya ha indicado recientemente los efectos contraproducentes que pueden tener políticas poco reflexionadas de vuelta a un sistema de precios regulados mayoristas”. Ambos organismos han pedido que las reformas se discutan antes con los agentes (consumidores, productores, comercializadores) y que sean objeto de informes previos de los organismos pertinentes (CNMC y Consejo de Estado) con el fin de asegurar la mejor regulación posible.