La prometida recuperación de los servicios públicos no termina de llegar. Mientras el sector privado inyecta dinero en la economía, el sector público de Castilla-La Mancha ha vuelto a retroceder. Los fondos que empleó la Comunidad Autónoma para mejorar la educación, la sanidad, las infraestructuras, el tejido productivos y el tejido social, cayeron drásticamente en 2016 a valores absolutos de hace una década, de 2006. La tímida recuperación iniciada en 2014, con la que el gobierno anterior puso las bases para el nuevo sueño castellano-manchego, se ha vuelto a truncar y ha provocado en las filas socialistas la petición de una crisis de gobierno.
Jueves y viernes las Cortes debaten el destino de 7.385 millones de euros que gestionará la Junta de Comunidades en 2017 para cubrir los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad Autónoma. Es el gasto no financiero de un presupuesto de 8.920 millones de euros, en el que. El resto es para pagar la amortización de la deuda que tiene nuestra región. Son las previsiones iniciales. Las realidades se distancian de esos cálculos.
La Junta de Comunidades cerró 2016 con peores indicadores que hace una década: 800 millones menos para servicios públicos que en 2007, 1.100 millones de euros menos en inversión y un déficit público más elevado
El hecho de que en 2016 se hayan dejado de gastar 810 millones de euros sobre lo aprobado en su día por las Cortes es calificado por el Partido Popular como incapacidad de gestión. Para el PSOE es fruto de rigor por controlar del déficit. El gobierno llevó a cabo su reforma fiscal para recaudar más. También anunció mayor disciplina a la hora de hacer las previsiones de ingresos, huyendo de la práctica de inflar esas partidas para cuadrar el presupuesto de gastos. Sin embargo, el porcentaje de recaudación de ingresos es el peor de los últimos cinco. Esa falta de recursos ha llevado al gobierno a meter la tijera para que no se desbocase el déficit. Aun así, al final al gobierno regional se le han ido dos centésimas y el déficit se ha situado en el 0,72 por ciento del PIB regional. Para el PP, la caída de los ingresos la ha provocado el aumento de la presión fiscal y el retraso en la gestión de fondos finalistas. Un dato, el 16 de enero de este año, conocido el comportamiento de los ingresos en 2016, el presidente relevó a la directora general de Tributos de la Comunidad. Y conocido el incumplimiento del objetivo del déficit responsabilizó de la desviación a la Universidad e incluyó a través del grupo socialista una enmienda a los presupuestos de 2017 para hacerse con el control directo económico y financiero, es decir, para intervenir la gestión económica de la institución académica.
Más allá del ruido político, las cifras económicas demuestran el deterioro de las finanzas públicas. La gestión de los presupuestos autonómicos en términos de contabilidad nacional revelan que en 2016, el primer ejercicio completo del actual gabinete que preside Emiliano García-Page, el gasto en los servicios públicos fue el más bajo de los últimos diez años.
La reforma fiscal y la gestión de los ingresos no logra aumentar la entrada de dinero en las arcas de la Comunidad
Los gastos en inversión pública y en servicios a los ciudadanos se quedaron el año pasado en 6.304 millones, tres mil millones menos que hace seis años. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una cifra inferior. Hace 11 años el gasto realizado fue de 5.633 millones. Todo ello en un clima de recuperación económica privada iniciado en 2014. Una recuperación que empieza a dar síntomas de ralentización. Hay que tener en cuenta el efecto de vasos comunicantes entre el sector público y el privado. Si las cuentas públicas van o se gestionan mal, no se dinamizan los sectores públicos y privados y se ve afectado el crecimiento económico.
Los datos de la Intervención General del Estado sobre la gestión de los presupuestos no financieros de Castilla-La Mancha delimitan claramente varios periodos. Hasta 2007, se produce un crecimiento del gasto sin incurrir en un déficit excesivo y con un fuerte peso de las inversiones y las ayudas a la inversión.
Sirva como referencia el ejercicio de 2007. Ese el ejecutivo de José María Barreda se gastó en servicios públicos 7.103 millones de euros, de los que 1.377 fueron para financiar inversiones públicas y privadas y el déficit se situó en el 0,29 por ciento. En 2016, el gasto del gobierno del también socialista García-Page fue inferior en 800 millones de euros al de 2007, la inversión fue 1.100 millones más baja que en 2007 y el déficit se elevó al 0,72 por ciento, 0,43 puntos más que en 2007. Si el gasto público en 2007 alcanzó el 18,15 por ciento del PIB regional, en 2016 se quedó en el 16,58 por ciento.
El adiós al milagro castellano-manchego
Es a partir de esa fecha y con el estallido de la burbuja inmobiliaria cuando se produce una desaceleración brusca de la economía privada, que no se ve acompasado con unos presupuestos públicos restrictivos. La caída de ingresos se empieza a notar en 2009, pero los gastos siguen en crecimiento durante ese y dos años más, a pesar de que ya se ha iniciado una recesión económica que tiene efectos sobre la caída del PIB regional, que pasa de los 40.389 millones de euros de 2008 a los 39.230 en dos años.
Ese descontrol de presupuestarios durante esos años en los que estuvo al frente de las cuentas públicas la consejera y vicepresidenta, María Luisa Araujo, provoca un déficit comercial en tres años 2009-2011 de 9.629 millones de euros. El déficit presupuestario cierra 2011, con el 10,33 por ciento del PIB. Es el adiós al milagro castellano-manchego y el inicio de una carrera de endeudamiento público que bate records año tras año y que en 2016, a pesar de la caída del gasto, crece hasta el 37 por ciento del PIB regional.
El proceso de estabilización
Ya con el PP, en el gobierno tras 28 años en la oposición, el nuevo consejero, Arturo Romaní inicia el proceso de estabilización de las cuentas y su adaptación a la crisis. En 2012, por primera vez, la Comunidad Autónoma recauda por encima de lo que había previsto. En las arcas de Castilla-la Mancha entran 1.500 millones más que el año anterior. Eso no impide que se apliquen recortes al gasto por valor de 2.000 millones de euros, y que, no obstante, también se rebase el gasto previsto. Esa medida permite embocar el déficit, que baja en un año en más de 3.500 millones, y se queda en el 1,31 por ciento del PIB. La dureza de la crisis y la carga financiera de los años anteriores se deja sentir en los presupuestos de los años siguientes, en los que los ingresos con los que pagar los servicios públicos siguen cayendo, lo que se deja sentir en los gastos.
El gasto en los servicios públicos fue el más bajo de los últimos diez años y truncó el proceso de recuperación iniciado en el último año y medio del gobierno del Partido Popular
Es en 2014, la estabilización deja paso a un periodo de recuperación de los ingresos y su traslación a los gastos. Tras 2015 un año transitorio en el que PP y PSOE se dividen la gestión presupuestaria por semestres, se llega a 2016, primer ejercicio completo del gabinete de García-Page y de su consejero de Hacienda Ruiz Molina. En un escenario de crecimiento del gasto y de la inversión privada, cae drásticamente el gasto y la inversión pública. En 2016 se reduce el gasto en servicios públicos en 295 millones respecto a 2015, a pesar de que se ingresan 27 millones más.
La cifra gastada en 2016 es inferior también a la de los ejercicios en los que gobernó su rival, María Dolores Cospedal. Durante 2016, el gobierno regional destinó a gasto público 227 millones menos que en 2014; 555 millones menos que en 2013 y 1.412 millones menos que en 2012.
Una de las cuestiones que fijan la controversia presupuestaria cuando cada año se debate el proyecto de ley son los fondos para inversión y de ayuda a la inversión. El gobierno de turno siempre califica su propuesta como inversora, a sabiendas de que la inversión pública y el fomento mediante subvenciones de la inversión privada genera puestos de trabajo y dinamiza la economía. Antes de la crisis, las inversiones se contabilizaban por encima de los mil millones de euros anuales. El techo se alcanzó en 2008 bajo la presidencia de José María Barreda, con 1.642 millones de euros. El suelo se ha tocado en 2016, con el gobierno de García-Page, en el que se invirtieron tan sólo 267 millones de euros, la cifra más baja en lustros.
En 2016 el gobierno se gastó el 88,61 por ciento de lo que él mismo consignó y las Cortes le aprobaron. Para encontrar un porcentaje inferior también hay que remontarse a 2005, año en el que el gobierno llegó a gastarse el 88,20 por ciento de los fondos que había destinado a los servicios públicos. Tanto los gobierno de José María Barreda como de María Dolores Cospedal ejecutaron en mayor grado sus respectivos compromisos presupuestarios. Con la dirigente Popular, ingresos y gastos no financieros estuvieron siempre por encima del 93 por ciento y llegaron a estar por encima del 100 por cien. Con Barreda, la ejecución del gasto estuvo casi siempre del índice registrado el año pasado por García-Page.
Si se toma como referencia el gasto público de cada año en relación al PIB existente en ese año, 2016 también vuelve a ser el ejercicio en el que la Comunidad Autónoma gastó menos en la prestación de servicios. Los gastos del gobierno regional del año pasado equivalen al 16,58 por ciento del PIB. Para encontrar un dato peor habría que ir a comienzos de siglo o a finales del anterior. El mayor gasto del gobierno regional se alcanzó en 2011, que supuso el 25,24 por ciento del PIB regional, ocho puntos, un tercio más que en 2016. El nivel más bajo del gobierno de su rival, María Dolores Cospedal se dio en 2014, con un 18,30 por ciento.
Los datos abren la puerta a una profunda crisis de gobierno, pedida desde las propias filas socialistas
La vuelta al sueño y al milagro castellano-manchego que García-Page propone impulsar desde la dirección política de su gobierno y que impregna los mensajes oficiales, no se ve acompasada con la realidad de la gestión económica. 2016, un año en el que el Gobierno genera muchas expectativas en torno a un proceso de aceleración de la recuperación de los servicios públicos, cierra con unas cifras económicas que dejan contrariados a dirigentes socialistas que se pronuncian por un cambio profundo en el equipo de Gobierno, con personas de mayor peso político y más capacidad de gestión. Porque detrás del fracaso en las cifras se esconde la frustración de aquellos colectivos a los que se les prometió el regreso al modelo que había durante la época del milagro castellano-manchego.
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