Podemos se había mostrado en algunos momentos caprichoso y en otros pontifical, lo que irritaba a muchos dirigentes socialistas. El gobierno había estado jugando con Podemos al ratón y al gato, doblando el acuerdo de investidura a su conveniencia, posponiendo la ejecución de algunos puntos, a sabiendas de que en política los tiempos son muy importantes, y en otros casos guardándolos directamente en el cajón. Esta actitud irritaba a los de la formación morada, que se sentían ninguneados y traicionados. Todo este juego de intereses, según unos, y de egos, según otros, terminó con el anuncio de la ruptura en septiembre de 2016, justo antes de que el Gobierno remitiera a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos que ya había aprobado.
Del acuerdo del 23 de enero, refrendado el 23 de febrero, al enfrentamiento abierto del 23 de marzo, antesala del NO a los presupuestos
Se iniciaba así un proceso de revisión de lo que los secretario regionales de ambas formaciones firmaron ante notario. El presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, caracterizado por su pragmatismo y por ser el hombre del diálogo, tuvo que iniciar el proceso de recomposición de puentes y lazos. Y todo indicaba que había conseguido su objetivo. Hubo algunos guiños de la buena voluntad del ejecutivo para demostrar su disposición para cumplir el acuerdo.
Y hubo también momentos que sirvieron para medir el termómetro de confianza entre ambos grupos, como cuando García Molina actuó como mediador en el conflicto abierto con la Universidad a propósito del desacuerdo en torno a la subvención nominativa.
El ofrecimiento del PP
En medio de este proceso, el Partido Popular ofreció al Gobierno un acuerdo para sacar adelante el presupuesto de 2017 e introduce en el debate la mejora de la asistencia sanitaria, la devolución de las cantidades pendientes de la paga extra a los funcionarios y la paga estival a los interinos de educación. Desde el PSOE se rechaza airadamente esta propuesta.
El Gobierno renueva algunos de los compromisos adquiridos en el pacto de investidura. Así, se compromete a impulsar el paquete legislativo contemplado en el acuerdo, entre ellos el de creación de algunas instituciones desaparecidas durante la legislatura anterior: Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Se habla y se acuerda el papel y la representación que tendrá Podemos en esas instituciones. El ejecutivo incluye en el Plan Anual Normativo para 2017 la creación de la Cámara de Cuentas, la Ley Integral de Garantías Ciudadanas y la Ley de Participación Ciudadana, requeridas por Podemos.
En diciembre Podemos convocó a los medios para presentarles su proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas, cuyos trabajos preliminares ya les había anunciado el 6 de septiembre, dos semanas antes de escenificar la ruptura con el PSOE.
La convocatoria de diciembre se pospuso al 10 de enero. Ese día, la ley anunciada cuatro meses antes, se quedó en un Plan. Se mantenía, eso sí, que la adopción de ese plan y su desarrollo presupuestario eran condiciones indispensables para retomar el acuerdo. Y el Gobierno, tras las correspondientes reuniones con los negociadores de Podemos, lo introdujo en el proyecto. A fin de cuentas, para el ejecutivo la mayoría del contenido del plan ya estaba reflejado en el presupuesto del año anterior, y dar satisfacción a Podemos suponía, según algunos de los negociadores, simplemente renombrar algunas partidas y proyectos ya existentes e implementar otros. De hecho, el montante total del plan reducía las cantidades asignadas a algunos de los proyectos, como por ejemplo los de garantía habitacional.
El acuerdo del 23 de enero
El 23 de enero el consejero de Hacienda, que había sido uno de los negociadores del gobierno, y el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, escenifican el acuerdo en torno al Presupuesto. Un día después el Gobierno aprueba su proyecto de ley y lo remite a las Cortes.
En ese clima, el Gobierno facilita a Podemos las cifras de las contrataciones publicitarias que había llevado a cabo en 2016 con cada uno de los medios. Este era uno de los acuerdos incumplidos del pacto. En concreto el punto 8.1 del mismo establecía “La publicación mensual de información sobre la publicidad institucional contratada con mención expresa de cuantías y medios. La ciudadanía debería saber a quién se le paga publicidad, en qué concepto y cuáles son los criterios para contratar las inserciones en cada medio de comunicación”. Esa publicación nunca se hizo y llegaba ahora en un archivo privado a Podemos.
Al tiempo, se inicia la tramitación de los presupuestos en un clima donde Podemos mira por el retrovisor y con un escenario de congresos nacionales y regionales de las tres formaciones parlamentarias. Pablo Iglesias (al que se vincula García Molina) vence a Errejón y los anticapitalistas (sector en el que se encuadra el diputado regional David Llorente) obtienen el 10 por ciento de los votos. Podemos convoca su asamblea regional para el 21 de mayo.
La confluencia del 23 de febrero
El 23 de febrero, PSOE y Podemos votan juntos y rechazan la enmienda a la totalidad que había presentado el Partido Popular a los Presupuestos. Pero Podemos ya había expresado su malestar al gobierno por lo que consideraban un engaño. Los datos de contratación de publicidad, parte de ella gestionada a través de la Fundación Impulsa, facilitados estaban incompletos y algunas cifras eran falsas. Para 2017 el gobierno, dentro de su campaña de promoción, pretendía dar más protagonismo y más fondos a la Fundación Impulsa. De hecho trasciende que la Fundación, que preside el secretario general de Presidencia del Gobierno, y cuyo gerente procede también del equipo político de la Presidencia del Gobierno, ha llevado a cabo captación de donaciones importantes de fondos entre empresas privadas beneficiarias de contrataciones públicas regionales y, en algún caso, inmersas en expedientes sancionadores multimillonarios abiertos por el propio Gobierno.
Con ese antecedente se inicia la tramitación de las enmiendas parciales. Entre ellas, una del PP que pide la supresión de la Fundación Impulsa, otra del PSOE en la que se pretende dotar de una componente cultural visible a la actividad de la fundación. Así, se propone que los museos de las Ciencias, el Paleontológico y el del Niño pasen a ser gestionados por la Fundación Impulsa y para ello que se transfieran más fondos a la Fundación. Podemos, por su parte, presenta varias enmiendas, de las que sólo se aprueban dos con el voto favorable del PP y contrario del PSOE. Según han manifestado dirigentes socialistas, la presentación de las enmiendas y su rechazo estaban pactados.
No hay que olvidar que la actual fundación Impulsa fue concebida en 1.998 como Fundación de Bienes Culturales de Castilla-La Mancha. Un año más tarde pasó a ser la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. Cuando el actual gobierno tomó posesión se encontró con otra fundación, la de Promoción de Castilla-La Mancha, que había sido el instrumento por el que el anterior gobierno había canalizado la publicidad y la promoción. El ejecutivo actual quiere mantener que la publicidad se gestione fundamentalmente fuera del Gobierno e Impulsa le permite ser menos transparente en la gestión y eludir ciertas normas sobre el uso de la publicidad. Por ello se propuso tener su propia fundación. Liquida la existente y el 29 de marzo de 2016 eleva a públicos los acuerdos del 6 de marzo por los que promueve la modificación de la Fundación Cultura y Deporte para convertirla en Impulsa. Además del cambio de nombre, el Gobierno lleva a cabo un cambio de los estatutos de la anterior Cultura y Deportes.
La Fundación fija su domicilio en el edificio de Doncellas Nobles, donde tiene su despacho la responsable de publicidad y promoción institucional del Gobierno, que además forma parte del patronato. En la declaración de actividades publicada oficialmente por el gobierno consta que es portavoz y secretaria de comunicación del PSOE de Toledo desde 2012 y fue secretaria de comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha (2008-2012).
Podemos rechaza la propuesta socialista, fiel al acuerdo de Investidura que habían firmado, en el que la cláusula cuarta promueve la recuperación de los servicios externalizados y que contempla la paralización de los planes de privatización de la administración pública.
El PSOE y el Gobierno responden con una campaña de recogida de firmas y adhesiones a su propuestas y trata de descolocar a Podemos entre los trabajadores de los museos y los directores de medios de comunicación. A estos últimos les traslada que peligran los fondos para publicidad por culpa de los planteamientos del PP y de Podemos.
El enfrentamiento del 23 de marzo
El 23 de marzo, Podemos estalla contra la maniobra del Gobierno al que apoyan. José Manuel Perujo Moreno, del área de Educación de la formación morada, firma un duro comunicado contra la operación llevada a cabo desde el ejecutivo. En el comunicado, se recuerda que Impulsa “recibe en la Ley de Presupuestos de 2017 una cantidad que asciende a 4.608.000 euros. Además –dice- es necesario hacer notar que, como fundación, no está sometida a los criterios de fiscalización y rendición de cuentas a los que si se someten las consejerías por obligación de la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha”. En el comunicado se acusa al ejecutivo regional de utilizar a los centros educativos, a los equipos directivos y, en definitiva, a todo el profesorado castellano-manchego, en beneficio propio, a cuenta del tema de los museos.
Unos días después, García Molina cuestiona las maniobras del gobierno y hace patente su malestar: “la falta de concreción y claridad de muchas partidas en un presupuesto farragoso y menos claro que el del año pasado, la externalización de los servicios, la falta de una apuesta decidida por la sanidad y la educación públicas, la derivación a fundaciones poco transparentes de los museos…”.
Podemos manda el mensaje que es rápidamente interpretado por el presidente. “El presupuesto está pactado con Podemos desde hace mucho tiempo y las enmiendas también”, dice García Page, quien se muestra convencido de que los presupuestos “saldrán adelante”.
Y el 7 de abril, Podemos vota no
El gobierno se movió en esa confianza, pero en el núcleo duro de Podemos, el que hace la labor de continuidad, quiere articular una respuesta contundente. No quieren que la ofensa se quede sin respuesta ý desean que el gobierno pague su ataque. Una semana después, el 7 de abril, los presupuestos se someten a votación. El grupo regional de coordinación de Podemos decide que los dos diputados voten contra el proyecto y lo rechacen. El portavoz parlamentario David Llorente recibe la notificación del acuerdo una hora antes de votar. Durante la votación, el hombre que restañó las heridas y sentó a todos en la mesa para hacer posible el entendimiento, Fernández Vaquero, no sale de su asombro. Podemos vota no. El esfuerzo del presidente de las Cortes y número dos del PSOE regional que había propiciado el diálogo y el acuerdo ha terminado siendo inútil.
Tras el rechazo, las reacciones. En Podemos hablan de una decisión de su consejo ciudadano, en el PSOE de traición. Se da la noticia del nombramiento de la nueva consejera de Fomento, pero la información política del día sigue siendo el rechazo de Podemos a los presupuestos. Reunión del gabinete de crisis. Declaraciones del portavoz del ejecutivo. Enumeración de las cuestiones a las que afecta la decisión de podemos y que perjudican a colectivos y ciudadanos. Consejo de gobierno extraordinario. Una nueva comparecencia pública, la del vicepresidente. Ruedas y notas de prensa de diputados y miembros de la ejecutiva del PSOE… Pasa la Semana Santa y más críticas y el anuncio de que el PSOE explicará a los colectivos sociales lo que supone la decisión de Podemos. Algunos dirigentes socialistas dicen que Podemos tiene la mandíbula de cristal.
Recomponer, sacar ventaja política y alimentar las discrepancias internas. Ese es el escenario en el que se mueven ahora las fuerzas políticas. Un escenario en el que cada vez están más próximas las citas congresuales, regional de Podemos y nacional del PSOE. La primera afecta a García Molina y a David Llorente y puede fijar la postura del partido ante unos nuevos presupuestos como ha pedido David Llorente. En la segunda se da por sentado que, si Pedro Sánchez gana, pasará factura a García-Page por las maniobras desarrolladas en septiembre y octubre. A Sánchez no se le olvida la entrevista en el Huffington Post del 22 de septiembre.
Ayer mismo el portavoz del ejecutivo, Nacho Hernando, decía que las tres vías posibles se mantienen abiertas: convocatoria electoral, mantener la prórroga o ir a unos nuevos presupuestos para los que el mismo día 7 de abril el PSOE, nuevamente a través de su hombre de consenso, Fernández Vaquero habría iniciado los contactos, con las fuerzas políticas.
García Molina proponía un debate televisado con el presidente. Hoy se reafirmaba en esa idea y la perfilaba más en el fondo y la forma y remitía una carta a García-Page. Antes, en una columna de opinión, le había dejado el siguiente mensaje: “Quien gobierna una región con métodos similares a los de las bandas mafiosas no puede esperar nuestro apoyo”. Unos términos que han irritado sobremanera en el PSOE. Pero García Molina sigue sangrando por la herida de la operación Impulsa. En esa misma columna, añade a punto y seguido “Atemorizar a trabajadores y colectivos sociales, presionar a los medios de comunicación, intentar intimidar a los grupos parlamentarios (?) nada tiene que ver con la política como nosotros la entendemos”.
Antes de la carta Podemos ha tenido que dar explicaciones a algunos sindicatos y grupos sociales por su postura, con la que se frustran algunas propuestas defendidas desde la izquierda política y sociológica. El PSOE mantiene la presión sobre esa línea.
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