Si a finales de 2015 la Junta debía a los bancos 3.370 millones de euros, tenía 1.490 millones en valores de deuda y debía al estado 8.531 millones de euros, dos años después, a finales de 2017, pretende que su loro” con las entidades de crédito se reduzca a 2.439,5 millones, que los valores en circulación hayan caído a los 1.240 millones. Sin embargo las operaciones a través del Fondo de Liquidez convertirán al Estado en su mayor prestamista, al que a finales de diciembre tiene previsto deberle 10.607,73 millones de euros.
Esa preferencia se da por dos circunstancias. Por un lado, Castilla-la Mancha tiene un elevado volumen de deuda y la calificación de la misma está a un solo escalón de los bonos basura. Esas circunstancias provocan que a nuestra Comunidad le cueste encontrar dinero en el sector privado y, de hacerlo, es con mayor coste, con unos intereses más altos.
La vía más accesible y menos costosa es a través del Fondo de Liquidez Autonómica del estado (FLA). Y el gobierno regional tiene previsto pedirle al estado 940,33 millones de euros prestados al Estado
A final de 2017, la deuda total de la Junta, con el estado y con los bancos, alcanzará los 14.405 millones de euros, 350 millones más que a finales de 2016. La cuenta deudora con el estado será de 10.697,73 millones, el 74,26 por ciento del total. En 2015 el porcentaje era del 63,54.
En 2015, el porcentaje de la deuda autonómica en manos del estado era del 63,54 por ciento
Sin embargo, acudir al Estado como prestamista le exige determinados compromisos, como la que castilla-la Mancha complete durante este año 29 reformas estructurales (10 de la consejería de Economía, Empresas y Empleo, 14 de agricultura y 5 de Fomento) y 50 compromisos, sobre la gestión presupuestaria, los sistemas de facturación y la racionalización del gasto, principalmente. Entre ellos estar al corriente con la Agencia Tributaria, reducir el sector público, la racionalización administrativa y adhesión a las medidas tendentes a garantizar el sistema nacional de salud, incluida la de no aprobar una cartera de servicios complementaria, adherirse al convenio estatal con Farmaindustria de diciembre de 2016 o destinar el ahorro de los intereses por deuda a pagar a sus proveedores sin aumentar el gasto.
En el escenario de presentación de un nuevo presupuesto por parte del gobierno regional, tras no haber conseguido sacar adelante el anterior, cobra importancia el compromiso número 17, que por el que la Comunidad Autónoma no podrá aprobar modificaciones presupuestarias que conlleven aumento neto del gasto no financiero respecto del presupuestado para el ejercicio 2016 y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos.
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