Hasta ahora, la vicepresidenta Díaz, que sí tiene le apoyo del ministro Garzón, no ha desvelado cómo va a sortear la ley de la cadena alimentaria y la de competencia para poder llevar a cabo su propuesta. La ley de la cadena alimentaria prohíbe la venta a pérdidas y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), como ha recordado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Por su parte, la CNMC advirtió el viernes que cualquier acuerdo entre operadores está prohibido por ley. El organismo ha recordado que la prohibición está además expresamente recogida en el Tratado de la Unión Europea.
Los detractores de la medida señalan que el acuerdo con los grandes distribuidores puede ser letal para los pequeños comercios, que no pueden competir financieramente y en márgenes con las grandes superficies. También que será difícil delimitar exactamente qué tipo de productos son los topados. Así se preguntan por ejemplo en el caso del pan, qué tipo de pan, qué variedad, que producto. Algo que, aun concretándose, puede llegar a que los fabricantes dejen de producir ese producto concreto porque no lo consideren atractivo para sus negocios, lo que puede derivar en desabastecimientos de esos productos, lo que generaría un aumento de precios. También se estima que los grandes distribuidores pueden intentar trasladar parte de los costes a sus proveedores (industrias por un lado y explotaciones agrícolas por otro), lo que puede generar tensiones en la cadena de producción.
Las voces críticas apuntan además a que la propuesta de la ministra deriva en la creación de un cártel entre empresas, algo que persigue y debe perseguir la CNMC. Desde un punto de vista político, las voces oídas hasta la fecha señalan que la medida de Yolanda Díaz es más populista que efectiva y que se enmarca dentro de su carrera para liderar la plataforma Sumar con la que presentarse a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones.
Al encuentro de este lunes asistirán representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También asistirán la Asociación Nacional Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
De ANGED forman parte grandes superficies como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés o Eroski. De ACES, algunas medianas superficies de esas grandes compañías, así como Familia o Caprabo entre otras. Entre las dos asociaciones tienen más de 3.500 tiendas de gran distribución alimentaria y de productos de consumo para el hogar en todo el territorio nacional. Por su parte, ASEDAS suma 19.000 tiendas.
Desde el sector ya han apuntado que el gobierno pide un esfuerzo a las empresas, mientras que el Ejecutivo está recaudando más por la subida de precios y no ha mostrado su disposición a que los alimentos que se quieren topar sufran una rebaja o una exención del IVA para facilitar que cuesten menos a los ciudadanos.
Mientras que Yolanda Díaz señala que su propuesta va dirigida hacia las grandes distribuidoras para que lancen una cesta básica topada a costa de sus márgenes empresariales, su compañera vicepresidenta primera y responsable del área económica del gabinete de Pedro Sánchez ya ha señalado que esos márgenes se han ido contrayendo, según los datos que obran en poder de Hacienda.
La propuesta de la ministra del PCE apoyada también por su compañero de partido, Alberto Garzón busca la congelación o limitación de precios hasta pasadas las Navidades de un grupo de alimentos considerados básicos, entre los que figuren pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas.
Desde partidos de la oposición se han oído voces señalando que esas medidas son las que se han tomado en regímenes comunistas como Cuba o Venezuela, provocando desabastecimiento y no han sido efectivas para el control de la inflación. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz apela a que una medida similar fue adoptada por el gobierno francés bajo la presidencia del país del derechista Nicolás Sarcozy.
Si (
No(
