El Ministerio evita así la suspensión del proceso electoral en el que los LAJ juegan un papel clave, ya que de hecho son los que convocan las reuniones para la constitución de las juntas electorales (prevista para el 6 de abril), y sin que estas estén formadas no pueden llevarse a cabo los comicios.
La legislación electoral da un papel singular a estos funcionarios, que además de convocar las reuniones constitutivas de las juntas electorales (provinciales y de zona) custodian la documentación de los procesos y ejercen un papel activo durante los mismos. Las juntas electorales son junto a las mesas electorales, la administración de los comicios y los miembros de las juntas entre los que están los LAJ son inamovibles, es decir no pueden ser reemplazados.
Este hecho había pasado desapercibido para los medios de comunicación nacionales. Clm21.es adelantó el pasado 15 de marzo de la derivada que podía tomar el conflicto y la posible suspensión de las elecciones. Otros medios también dieron cuenta de esta posibilidad. Y lo que parecía una postura férrea del Ministerio de Justicia se ha desmoronado. El departamento que dirige Pilar Llop finalmente ha ofrecido un complemento mensual de entre 430 y 450 euros a los LAJ, que han aceptado la propuesta y han puesto fin a una huelga que se inició el pasado 24 de enero.
Los LAJ pedían aumentar su salario tras el aumento de la carga de trabajo que vienen soportando desde que se materializó el Pacto de Estado por la Justicia que hizo que asumieron funciones que no tenían hasta esa fecha, como admisión de demandas, señalamientos de juicios, ejecuciones forzosas de resoluciones y otras que antes tenían encomendadas los jueces. Hace un año llegaron a un acuerdo con el Ministerio para la mejora salarial, pero ante el incumplimiento del mismo y la falta de atención a sus peticiones decidieron convocar una huelga que hasta mediados de este mes se había traducido en la paralización de 371.000 demandas y la suspensión de 311.500 juicios.
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