El grueso de la deuda de la Junta de Comunidades era con las compañías sanitarias y farmacéuticas, a las que debía 84 millones de euros de los 128 totales. Esa situación se da también en el conjunto del sector autonómico, que acumulaba 2.388 millones en facturas de este sector. Las dos razones de esa concentración son que el sector farmacéutico y sanitario es al que mayor volumen de compras hacen los gobiernos autonómicos y, además, que esas adquisiciones se concentran en un reducido número de compañías. En cambio, los pequeños y medianos proveedores de las administraciones autonómicas reciben con mayor agilidad sus pagos.
En abril, el Periodo Medio de Pago (PMP) de Castilla-La Mancha se situó en 23,86 días, dos menos que la media del sector autonómico. Hay que tener en cuenta que la legislación antimorosidad de las administraciones establece el pago en un plazo no superior a los 30 días, que en abril sólo fue superado por Murcia (69,56 días), Canarias (35,10), Asturias (31,94) y Baleares (31,24).
Además de los 128 millones de deuda con proveedores, el gobierno regional mantenía otros 372 millones pendiente de libramiento a beneficiarios de ayudas y convenios, con lo que la deuda no financiera sumaba 400 millones de euros, equivalente al 0,81% del PIB regional. Ese porcentaje está ligeramente por debajo de la media de todas las autonomías, que acumulaban una deuda no financiera de 12.157 millones de euros, equivalente al 0,86% del PIB. Castilla-La Mancha es la sexta región española con menor deuda no financiera.
En abril de 2022 la deuda comercial de Castilla-La Mancha era de 58 millones de euros, 70 menos que en el mismo mes de 2023. El conjunto de administraciones autonómicas también ha visto crecer el volumen de facturas pendientes en casi 650 millones de euros.
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