"A medida que bajan los precios de la energía, los gobiernos deben reducir sus medidas de apoyo energético", ha reiterado el gobernador durante su participación en la 15ª reunión anual del International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), organizada por Cofides.
En todo caso, Hernández de Cos ha sugerido que si una nueva crisis energética hiciera necesarias nuevas medidas de apoyo fiscal, éstas deberían ser "mucho más selectivas". Además, considera que las autoridades también deben emprender reformas estructurales para reforzar el lado de la oferta.
"Esto es esencial para evitar presiones adicionales sobre los precios, que de otro modo requerirían una respuesta aún más enérgica de la política monetaria", ha recalcado el gobernador durante su discurso.
Según Hernández de Cos, el nivel actual de los tipos de interés oficiales del BCE, mantenidos durante un período suficientemente largo, serían en general coherentes con alcanzar el objetivo de inflación del 2% a medio plazo.
"Si mantenemos los tipos a estos niveles durante un tiempo suficiente, hay muchas posibilidades de que podamos alcanzar nuestro objetivo del 2% en un plazo razonable", ha asegurado el gobernador del Banco de España.
Esto coincide también con la opinión de la mayoría de los analistas y los mercados financieros, que esperan un rápido descenso de la inflación a lo largo de este año y el próximo.
Pese a esto, Hernández de Cos ha advertido de que estas afirmaciones se hacen sobre la base de la información actual, señalando que el nivel de incertidumbre sobre la evolución futura de la de la economía sigue siendo elevado y está sujeto a riesgos geopolíticos, cuyo curso es difícil de prever.
En este contexto, De Cos ha asegurado que las decisiones futuras garantizarán que los tipos de interés oficiales del BCE se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario.
"Este enfoque es especialmente importante para evitar tanto un endurecimiento insuficiente que impediría la consecución de nuestro objetivo de inflación, y un endurecimiento excesivo, que dañaría innecesariamente la actividad económica y el empleo", ha defendido.
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