A las 4,49 horas del 26 de agosto, se iniciaba un fuego en la planta de reciclaje de residuos en Chiloeches. Las llamas dejaron al descubierto una supuesta trama criminal que mezclaba los residuos tóxicos industriales con otros procedentes del reciclado de papel y posteriormente eran trasladados a un vertedero de material de construcción. Seguimientos, detectives privados, informes, relación del viceconsejero de Medioambiente del Gobierno, Sergio David González Egido, con los propietarios de algunas de las empresas involucradas...
La policía intervino las comunicaciones del exviceconsejero en los días posteriores al siniestro
Tal día como hoy, el 12 de septiembre de 2016, el hombre de confianza del presidente García-Page para la protección del medio ambiente y número dos de la Consejería de Agricultura anunciaba su dimisión. Ese mismo día, el semanario Interviú había salido a la calle con un reportaje en portada sobre la planta de Chiloeches y “los lazos de un viceconsejero con la planta ilegal”, lo que había motivado una petición de cese por parte del Partido Popular. Ese mismo día, un oficio pedía al juzgado intervenir las comunicaciones de Sergio David González Egido, intervención que fue autorizada al día siguiente por un auto que acordaba además la apertura de pieza separada y secreta.
Un año después del incendio y del cese, el gobierno regional no ha limpiado el recinto y más de 20.000 toneladas de residuos permanecen allí sin control, según ha denunciado el alcalde de la localidad. Y lo que es paradójico, el gobierno figura en la causa como denunciante y su entonces viceconsejero como investigado según auto de 30 de noviembre. El gobierno regional ha echado un manto de silencio sobre este siniestro y todo lo que le rodea.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, en un trabajo minucioso, trata de esclarecer los hechos y si se cometieron delitos en el proceder de las empresas y las personas en el proceso de tratamiento y los responsables de los mismos.
El hombre de confianza de García-Page para la protección del medio natural de Castilla-La Mancha, investigado en la fase de instrucción al atribuírsele de forma indiciaria un delito contra los recursos naturales y de medio ambiente
La causa se había originado a raíz de una denuncia del gobierno unos días antes de que la planta la calcinaran las llamas. Los informes sobre las supuestas irregularidades en la planta elaborados por el sector privado fueron enviados a la Consejería de Medioambiente en enero de 2016. A principios de junio la asociación que aglutina en España a las empresas gestoras de residuos y recursos especiales (ASEGRE) también presentó en la Consejería denuncia de las supuestas irregularidades El cerco se iba cerrando y con la documentación encima de la mesa, el 5 de agosto la Junta presenta denuncia en los juzgados de Guadalajara. El juzgado número 1 iniciaba la causa el día 10 de agosto. Apenas habían transcurrido 15 días desde la decisión judicial cuando la planta investigada arde en llamas en un incendio que se inició de madrugada.
El incendio de la planta abrió nuevas vías en el caso, se incorporaron los atestados de la policía judicial y del Seprona y la fiscalía presentó una denuncia acompañada de sus diligencias de investigación.
El juez, sin entrar en consideraciones sobre la existencia de culpabilidad o no, decidió investigar a 23 personas, entre los que incluyó al que en el momento del incendio era viceconsejero de Medioambiente del Gobierno de Emiliano García-Page, Sergio David González Egido, al que de forma indiciaria se le atribuyó un delito contra los recursos naturales y de medio ambiente.
La guardia civil llegó a intervenir las comunicaciones del exviceconsejero poco después del incendio, a mediados de septiembre, tras la correspondiente autorización judicial. La providencia por la que se solicitaba la intervención de las comunicaciones fue presentada el 12 de septiembre en el juzgado. Ese mismo día, González Egido hizo pública su dimisión como alto cargo del gobierno.
Dos meses y medio después, el día 28 de noviembre la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil informa a la autoridad judicial de las personas que ha investigado y de los hechos y delitos que se les atribuye.
El 30 de noviembre, el instructor dicta un auto judicial en el que se atribuía a González Egido la condición de investigado por un presunto delito de prevaricación medioambiental. Dos cuestiones llaman la atención en la investigación. Una es que, González Egido dirigió una sociedad, Biocombustibles del Henares, de la que era copropietaria la empresa que gestionaba de forma supuestamente ilegal la planta de Chiloeches, el grupo Layna. El viceconsejero no declaró su actividad en esta ni en otras empresas que aparecen en el sumario, en contra de lo dispuesto en la normativa de transparencia, como Biosonoil de la que fue administrador único. Incluso esta sociedad que figura en autos, Biosonoil, llegó a ser subvencionada por la propia Junta de Comunidades. Esa empresa, bajo la dirección de González Egido, elaboró el proyecto de instalación de un evaporador para la planta incendiada y el proyecto se ejecutó cuando González Egido era ya viceconsejero.
La condición de investigado (este término empleado en la fase de instrucción sustituyó al de imputado en la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal) se contrapone abiertamente a la defensa que de él hizo el presidente García-Page: “Si ha hecho algo en relación con empresas de gestión como la de Chiloeches (Guadalajara) -dijo García-Page en su defensa- es retirarle la autorización ambiental". Aún más, añadió el presidente: "De manera que si hay alguien que se ha portado duro con la empresa ha sido él, demuestra hasta qué punto está muy bien hecho de buena pasta política".
El viceconsejero habría otorgado presuntamente a la propietaria de la industria la ampliación de los códigos de residuos a gestionar, a pesar de que la empresa no podía funcionar por pesar sobre ella una sanción
Por su parte, el auto dice literalmente que “el investigado, como Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Catilla-La Mancha, habría otorgado presuntamente a KUK MEDIOAMBIENTE (la propietaria de la planta que primero explotó directamente y luego alquiló al grupo Layna), mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER (Listado Europeo de Residuos) a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción, y habiéndole sido desestimado el recurso de reposición y desestimado por auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la suspensión de la medida. Además, presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de KUK MEDIOAMBIENTE, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el GRUPO LAYNA y contratación de J.J.G.L., llamando especialmente la atención que dicho arrendamiento, que incluía el uso de la Autorización Ambiental Integrada, y según diversos técnicos, no se ajusta a la legalidad. También llama la atención el hecho de que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por él, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador. Ese proyecto, con un coste superior a los 60.000 euros, se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de Viceconsejero y había abandonado BIOSONOIL. Sin embargo, ha mantenido utilizando de manera personal un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa, y utilizando un correo electrónico con el dominio de BIOSONOIL”.
Así reza el auto en el que se acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos. Esas declaraciones concluyeron a finales de febrero y a ellas han sucedido una serie de recursos y reclamaciones.
El 14 de septiembre, en declaraciones a clm21.es, el exviceconsejero afirmó que Biosonoil no llegó a estar en funcionamiento durante el tiempo en el que él estuvo como presidente, consejero y apoderado de la misma. Una sociedad de la que era administrador Pablo Layna y que fue fundada al cincuenta por ciento por el grupo Layna y por el grupo Raga.
González Egido siguió manteniendo relaciones con el grupo Layna (que explotaba la planta siniestrada) durante el ejercicio de su cargo como responsable de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma, según ha tenido conocimiento clm21.es. La cuestión a determinar es conocer el alcance, la forma, el contenido y la intensidad de esas relaciones.
A falta de conocer el contenido de las declaraciones judiciales, otra de las cuestiones a determinar es si el expediente sancionador a la propietaria de la fábrica fue filtrado desde la Viceconsejería a algunos de los actores de la supuesta trama. El 21 de julio de 2016 Agricultura notificaba a la propietaria una resolución del consejero de apercibimiento previo a multa. El otro punto es comprobar si la planta conocía con antelación las inspecciones que se les iba a realizar, tal y como manifestaron trabajadores de la planta dijeron a los medios hace un año, y determinar de dónde procedía esa filtración.
El día 20 diciembre, el viceconsejero declaró en el juzgado durante casi una hora en compañía de su abogado. Posteriormente y hasta el 21 de febrero de 2017 lo harían otros investigados.
El juzgado solicitó refuerzos por el volumen y la complejidad de la causa. Para ello instó la activación del Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción.
Si (
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