La deuda del Estado con CLM por su infrafinanciación supera los 4.400 millones de euros

Aún con este fondo estas regiones seguirían siendo las peor financiadas con ese porcentaje del 97,8% respecto a la media del sector autonómico del 100%, en el resto de las regiones está por encima de ese 100%. La aplicación de ese ajuste dejaría todavía siete Comunidades con una financiación efectiva por habitante ajustado por encima del 100% (Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura, Canarias, Castilla y León y Asturias), mientras que el resto (Madrid, Cataluña, Aragón y Galicia) cederían y pasaría de estar por encima del 100% a moverse en una horquilla entre el 99,1% y el 99,8%).

La infrafinanciación de estas cuatro regiones españolas puesta de relieve por FEDEA incide en 16.848.041 habitantes de los 41.339.799 que viven en las quince Comunidades con un sistema de financiación común (todas menos País Vasco y Navarra), lo que supone el 40,8% de ese total. Dicho de otra manera, el 40,8% de los ciudadanos españoles (sin tener en cuenta a navarros y vascos) están discriminados en la financiación de sus servicios públicos

En la actualidad Castilla-La Mancha recibe una financiación por habitante ajustado del 95%, que traducido a dinero es de 2.814 euros, mientras que la media autonómica es de 2.963. La modificación propuesta por FEDEA llevaría a Castilla-La Mancha a moverse en los 2.963, aunque seguiría por debajo de la media del sector que pasaría a ser de 3.029 euros

FEDEA propone una reforma del sistema de financiación en varias fases tras diez años con el modelo prorrogado y la complejidad demostrada para llevar a cabo su actualización y la complejidad de la misma.

La primera fase y con carácter inmediato es en la que nuestra región mejoraría parcialmente su financiación actual, con 315 millones de euros. El segundo periodo supondría la traslación inmediata a los presupuestos autonómicos de las decisiones que cada Comunidad adopte sobre los impuestos que gestionan parcialmente, como el IRPF, es decir que las subidas, bajadas, bonificaciones, deducciones y demás medidas se trasladaran de inmediato al presupuesto y los ciudadanos de cada región pudieran percibir esa política fiscal de sus gobiernos. Eso supondría la modificación del actual sistema de entregas a cuenta y liquidación