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La Junta depende cada vez más de los préstamos del Estado para pagar a sus acreedores
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La Junta depende cada vez más de los préstamos del Estado para pagar a sus acreedores

lunes 09 de octubre de 2017, 21:35h

Castilla-La Mancha depende cada vez más del Fondo de Liquidez Autonómica del Estado (FLA) para poder financiarse. En la actual legislatura, Castilla-La Mancha ha ido incrementado sus necesidades de financiación a través de préstamos del Estado, de tal forma que si en 2015, los mecanismos extraordinarios de liquidez que precisó la Comunidad para poder atender los pagos de sus acreedores comerciales y financieros fueron de 1.329,10 millones de euros, en 2016 se incrementaron un 41,3 por ciento y ascendieron a 1.878,10 millones. Para 2017 la cantidad aprobada es de 1.800,9 millones de euros.

Esta evolución choca con el contexto del estado autonómico. El conjunto de Comunidades españolas ha rebajado su dependencia de estos mecanismos extraordinarios, que en 2015 totalizaron 37.780,9 millones de euros, en 2016 sumaron 31.373 millones y en 2017 están aprobados 27.297,3 millones de euros.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señalaba en un reciente informe (Observatorio de deuda del mes de octubre) la dificultad especial de varias Comunidades para acudir a financiarse los mercados de deuda. En ese grupo destacaba a cuatro Gobiernos Autonómicos en el que está Castilla-La Mancha, junto a Cataluña, Valencia y Madrid.

Esa “dificultad de volver al mercado de deuda -señala la AIReF- parece contribuir a que en Cantabria, Illes Balears, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Islas Canarias y Extremadura la proporción de mecanismos públicos aumente en términos intertrimestrales por encima del promedio del subsector CCAA. La dependencia del FLA en el caso de no tener acceso al mercado puede verse acentuada por el nivel y perfil de vencimientos de la deuda. Esto se hace evidente en el caso particular de Comunitat Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha, cuya relación de necesidades de financiación a ingresos corrientes supera con creces a la media del subsector CCAA (mayor al 40% en los últimos dos casos). No obstante los riesgos anteriores, cabe destacar que los mecanismos públicos siguen suponiendo un factor atenuante en los costes de financiación efectiva para las CCAA, así como un suelo de facto en términos de calificación crediticia”.

En 2015, Castilla-La Mancha necesitó el 3,52 por ciento de los Fondos de Liquidez Autonómica. En 2016 esa necesidad llegó al 5,99 por ciento y en 2017 se mueve ya en el 6,6 por ciento.

Gobiernos como el del también socialista Lambán en Aragón han reducido esa dependencia desde los 1.483,4 millones en 2015 hasta los 872,9. El de Castilla y León la ha rebajado desde 2.053,2 hasta los 612,2 millones de euros. Asturias que en 2015 acudió al FLA a recaudar 560,8 millones de euros, en 2017 necesitará tan sólo 350,3 millones.

Tal y como dio cuenta clm21.es, los expertos estiman que el Fondo de Liquidez Autonómica, del que Castilla-La Mancha se ha hecho cada vez más dependiente, debería tender a desparecer con el nuevo modelo de financiación de las administraciones regionales, máxime en unas circunstancias en el que se ha corregido el grave impacto que la crisis económica tuvo en todas las finanzas regionales, un mejor clima económico y una caída de los tipos de interés lo que permitiría a los propios gobiernos autonómicos a acudir en solitario a captar dinero en los mercados financieros para poder cubrir sus necesidades presupuestarias, tal y como ocurría antes de que se produjera la crisis.

Según los datos de la AIReF, a finales del primer semestre del año, el 71 por ciento de la deuda castellano-manchega estaba en manos del Estado. Nuestra Comunidad es la que mayor esfuerzo fiscal debería hacer para poder alcanzar el objetivo de que la deuda represente el 13% del PIB en 2030. Los expertos de la AIReF sitúan en 2047 el año en el que la Junta pueda cumplir con el objetivo.

Según los indicadores de la Autoridad Independiente, Castilla-La Mancha es la segunda región de España en la que sus habitantes tendrían que trabajar más días al año para pagar la deuda de su gobierno autonómico. Los 134 días señalados por la AIReF sólo son superados por los 152 que tendrían que trabajar los valencianos. El promedio del conjunto autonómico es de 89 días.

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