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En el primer semestre el gobierno hizo más de 25.000 derivaciones a clínicas privadas
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En el primer semestre el gobierno hizo más de 25.000 derivaciones a clínicas privadas

miércoles 25 de octubre de 2017, 12:44h

El gobierno ha realizado más de 25.000 derivaciones de pacientes a la sanidad privada durante el primer semestre del año, según ha quedado de manifiesto durante la comparecencia del director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, en la comisión de sanidad de las Cortes. Esa privatización de la asistencia se ha mantenido en los meses siguientes lo que ha provocado que a finales de septiembre el ejecutivo hubiera agotado los fondos aprobados por las Cortes para derivaciones a clínicas privadas.

Según los datos oficiales, durante los primeros seis meses del año, se derivaron a 2.385 personas para intervenciones quirúrgicas y 22.905 para pruebas diagnósticas y no se produjo ningún caso para atención por especialistas.

Esos fondos para la sanidad privada, según manifestó el consejero de Sanidad en su día estaba previsto para posibles contingencias, pero que no se preveía usar por la mejora que se estaba aplicando a los servicios públicos. En esa misma línea ha incidido el director general de Asistencia Sanitaria, que ha manifestado que en el caso de intervenciones quirúrgicas, las derivaciones sólo se han producido en la mitad de las 14 áreas de salud de la región, y ello es debido a la falta de algunos especialistas como anestesistas o traumatólogos o situaciones dramáticas en listas de espera.

Los datos del SESCAM revelan que el gobierno se había gastado a finales de septiembre 5,42 millones para derivaciones de procedimientos quirúrgicos de carácter general, un millón más de lo aprobado por las Cortes. En el caso de cirugía cardiaca, el ejecutivo se había gastado casi 600.000 euros más del dinero que tenía para ese fin.

José Antonio Ballesteros ha reconocido que el año pasado el SESCAM también derivó por encima de lo previsto a la sanidad privada a pacientes para pruebas diagnósticas por parada para renovación tecnológica “En lo que va de año –ha dicho- hemos derivado muy por debajo del año pasado”. En los nueve primeros meses de 2017, el gobierno se ha gastado en pruebas diagnósticas en clínicas privadas el 85 por ciento del presupuesto para todo el año.

La ejecución económica revela el alto uso de la sanidad privada que está haciendo el sistema público de salud, Según la portavoz socialista, las derivaciones se contemplan “cuando no se puede atender con recursos propios la demanda existente”.

El gobierno mantiene en ejecución un plan de renovación tecnológica y de infraestructuras y una derivación entre hospitales públicos que, a su juicio, está ayudando a mejorar la asistencia pública y acabar con las derivaciones privadas y reducir las listas de espera, conforme han defendido tanto el representante del SESCAM como la portavoz del grupo socialista en la sesión de la comisión, Isabel Abengózar.

El director general de Asistencia Sanitaria ha manifestado durante su intervención en las Cortes afirmando que la conjunción de tres factores --apuesta firme por el aumento de la resolutividad de la Atención Primaria, aumento de actividad de los centros hospitalarios, y el trabajo en red—han permitido al ejecutivo castellano-manchego reducir las listas de espera en 39.980 personas, casi un 29 por ciento

Según los últimos datos de las listas de espera oficiales del propio SESCAM, en lo que llevamos de legislatura el número de pacientes que aguardan una intervención en el sistema regional de salud se ha incrementado de 32.902 a 37.982. Y si la lista presenta un deterioro en cuanto al total de pacientes, también lo hace en cuanto a tiempos máximos de espera. El número de ciudadanos que deben esperar más de seis meses a ser operados han pasado de poco más de 3.500 a casi 15.000.

La portavoz socialista durante su intervención ha obviado estos datos y se ha referido al conjunto de listas de esperar del sistema público, compuesto por la quirúrgica, la de pruebas diagnósticas y la de consultas externas por un especialista y ha señalado que en su conjunto se han reducido y ha aludido a la ley de garantías sanitarias a la que el presidente del ejecutivo, García-Page se comprometió durante el debate del estado de la región a presentar el año que viene. Esta ley debe establecer unos plazos máximos razonables para ser atendidos y así garantizar la calidad de los servicios.

El gobierno no ha dotado la repercusión económica de esta ley en los presupuestos, como aclaró ayer el consejero de Hacienda durante la presentación presupuestaria. Ruiz Molina, a preguntas de clm21.es, dijo que cuando se presente la ley tendrá su memoria económica “y si es necesario dotarla se modificarán las partidas”. Fuentes consultadas por clm21.es dan por sentado que la ley se aprobará a finales de la legislatura y quedará pendiente su desarrollo reglamentario, por lo que ese desarrollo y el cumplimiento de la norma no afectarán al actual gobierno, sino al que salga de las urnas en 2019.

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