Ese deterioro de la deuda no financiera del gobierno del presidente García-Page se ha producido en un escenario en el que el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas ha logrado reducir el 29% la deuda con proveedores en términos anuales hasta dejarla en 5.661,02 millones de euros.
En el mes de noviembre, el gobierno regional incrementó su deuda no financiera un 33,95%. A tan sólo un mes para que terminara 2017, el gobierno regional tenía pendiente de pago una deuda con sus proveedores y beneficiarios de conciertos o subvenciones de 374,28 millones de euros, lo que equivale al 0,93% del PIB regional. De esos 374,20 millones la Junta debía a sus proveedores 236,32 millones (el 0,59% del PIB). Los proveedores más afectados eran los sanitarios a los que el gobierno regional adeudaba 154,85 millones de euros.
A final de noviembre, las Comunidades Autónomas adeudaban a sus proveedores y beneficiarios de conciertos o subvenciones 10.015,45 millones de euros (0,91% del PIB), de los que 5.661,02 (el 0,49% del PIB) era en facturas de sus proveedores. Las administraciones autonómicas pagaban en esa fecha a 49,73 días naturales (2,25 días antes que en octubre).
El conjunto autonómica presentaba una deuda no financiera 2.125 millones menor que un año antes, cuando alcanzaba los 12.141 millones. Los gobiernos regionales lograron reducir su deuda con proveedores en términos interanuales en un 29%
El gobierno regional del presidente García-Page ha evitado informar de este deterioro de las finanzas públicas y sólo ha dado cuenta del plazo de pago a proveedores. En un comunicado oficial, el gobierno mantiene que “en los últimos seis meses, Castilla-La Mancha ha pagado las facturas a sus proveedores en ocho días, de media, mientras que las comunidades autónomas lo han hecho en 23 días, es decir, casi tres veces más.” Y que “Castilla-La Mancha encadena un semestre pagando en 10 días o menos a sus proveedores”.
Sin embargo estos datos no son de todo ciertos, porque en realidad, el periodo medio de pago del gobierno regional fue en noviembre de 40,21 días naturales, lo que sitúa a nuestra Comunidad en el incumplimiento de la ley de morosidad que limita el plazo legal máximo a 30 días. Sólo las Comunidades de Navarra y El País Vasco están dentro del límite legal, al pagar la primera en 27,5 días y la segunda en 23,5. La media del sector autonómico es de 49,73 días. En noviembre, 10 regiones disminuyeron los plazos para pagar a sus proveedores y Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha dilataron más sus pagos respecto al mes de octubre. Castilla-La Mancha ocupa el octavo puesto en cuanto a diligencia en el abono de sus facturas.
Nuestra Comunidad no ha pagado ni un sólo mes dentro del plazo legal. El gobierno regional hace referencia a los cálculos económicos del Periodo Medio de Pagos (PMP), que empiezan a contabilizar los plazos 30 días después de que se presenten las facturas. Así, según esa metodología, el Periodo Medio de Pago de la Junta hubiese sido de 10,21 días (a los que habría que sumar ese plazo de 30 días, lo que daría un plazo real de 40,21 días). Realmente, con esta metodología para que las comunidades cumplieran con el plazo legal, deberían presentar un PMP negativo o igual a cero.
Esta metodología de cálculo mediante una serie de fórmulas matemáticas no anula el plazo legal ni las obligaciones determinadas en la ley de morosidad. Las quejas de algunas asociaciones ante la Unión Europea por la aplicación del método económico y burocrático por parte de las administraciones españolas han ocasionado que a partir de este año 2018, los periodos de pago se computen en días naturales, despareciendo esos treinta días de gracia que se habían concedido las administraciones públicas españolas. La legislación antimorosidad establece que los proveedores pueden reclamar que las administraciones les abonen los intereses pasados treinta días naturales sin haber hecho efectivos los pagos.
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