La Junta de Personal de Toledo entiende que "lo ocurrido en el matadero de Incarlopsa durante los últimos años y que ha sido constatado en los hechos probados que expone la sentencia, es la prueba irrefutable de que el gobierno de García Page ha actuado al dictado de una empresa, incluso coaccionando a funcionarios públicos hasta el punto de apartarlos de su puesto de trabajo, usurpándoles la autoridad que deberían tener como personal inspector de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha".
La Junta de Personal Funcionario de la provincia de Toledo destaca, en un comunicado que ha difundido esta misma tarde, que "el caso de Incarlopsa no es un caso puntual, si no que se produce sistemáticamente en los distintos cuerpos funcionariales encargados de la labor de inspección pública: veterinarios de matadero, agentes medioambientales, sanitarios locales, inspectores consumo etc Un modelo en el que cuando la normativa entra en conflicto con los intereses económicos de determinada empresa, la administración mira para otro lado y no protege la labor de sus funcionarios".
En el texto reconocen "la labor incansable que todo el personal público realiza para garantizar la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la protección del medio ambiente, etc, en definitiva los derechos de la ciudadanía para su seguridad y bienestar, a veces, como en esta ocasión, contra la propia administración. Lo lógico es que con una sentencia de este calibre el presidente de Castilla La Mancha cesara a los responsables, que asumiera responsabilidades o que asumiera algún error. Pero no, Page nos volvió a sorprender con una retórica muy mal intencionada, hablando de “rumores” cuando hay una sentencia firme, y poniendo al mismo nivel a la empresa y a los funcionarios públicos de la Escala Superior de Sanitarios Locales, indicando que “hay empresas que pueden cometer errores” y que “hay funcionarios que pueden cometer errores", aludiendo así a las declaraciones del presidente en respuesta a las preguntas de Clm21.es durante una rueda de prensa.
En este punto denuncian que el presidente García Page "pone al mismo nivel a la empresa, con un evidente interés en el asunto, que a los funcionarios públicos que cumplen con su deber, cuestión esta del todo inaceptable. Habrá que preguntarse si esta complacencia con Incarlopsa y este tono duro con los funcionarios tiene que ver con las generosas aportaciones que Incarlopsa ha realizado a la Fundación Impulsa o no".
"La sentencia es muy dura, carga continuamente contra varios cargos de la Junta de Comunidades, en concreto y en varias ocasiones contra quienes ejecutaron el expediente y las medidas cautelares, la directora y el secretario provincial. Pero también es preciso destacar, que los máximos responsables de la consejería son el propio Consejero y el Director General y tienen que asumir sus responsabilidades, ya que son los máximos responsables y quienes han dado las órdenes desde el principio. Es por ello, que reunida la Junta de Personal de Toledo el día 21 de marzo, se acordó pedir la dimisión del Consejero de Sanidad, el Director General de Salud Pública, la directora provincial y el Secretario Provincial de Cuenca".
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